«La nueva norma para pisos turísticos es una bomba de relojería, un coladero para ilegales»

Las principales modificaciones serán la limitación del uso turístico de viviendas a las plantas baja y primera . Y no habrá el tope de 90 días al año para este tipo de negocio por casa, algo que incluyó el plan de la anterior Corporación, de Manuela Carmena (Ahora Madrid) pero que finalmente se eliminó. Desde el Área de Urbanismo, que dirige Mariano Fuentes (Cs), defienden que ese máximo temporal «nunca llegó a entrar en vigor, porque no se puede controlar» . «Lo que se ha aprobado en la Junta de Gobierno es el avance de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, para hacerlas más claras y adaptarlas a la sociedad actual, ya que muchas habían quedado obsoletas», afirman fuentes municipales. Manifiestan que el quid de la cuestión está en «la adaptación del Plan Especial de Hospedaje (que se aprobó en el pasado mandato) a la normativa, tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo avalaba y que venía a decir que esas viviendas son de uso de hospedaje». Por tanto, las VUT «se tienen que adaptar a la regulación para ese uso que dice que, por motivos de evacuación y de seguridad, en edificios residenciales sólo pueden ocupar plantas bajas o primeras».

Saturnino Vera es el representante de los vecinos de las Cavas y La Latina. El pasado martes, las asociaciones del centro se reunieron para ver qué estrategia seguir, pero se encuentran expectantes sobre el contenido de la modificación: «No han contado con nosotros en su redacción», se queja. E ironiza: «Al menos, el Ayuntamiento reconoce que los pisos turísticos son ilegales». Recuerda que el Plan General vigente, de 1997 (mandato de José María Álvarez del Manzano), ya recogía la obligatoriedad de contar con una entrada propia en el edificio para las viviendas turísticas. En aquella época era por las molestias que generaban las pensiones y hostales que compartían finca con residentes propietarios o alquilados. «Ya eran un problema y lo que el Plan de aquella época quería era convertir Madrid en una ciudad moderna con hoteles en condiciones, algo que impulsó luego Gallardón, también de cara a las candidaturas olímpicas».

No les convence la limitación del uso turístico a las dos plantas inferiores: «Sigue siendo un problema. Es un despropósito, también para el gremio de los hoteleros. Es una forma de parchear y contentar a los sueños de las VUT, porque hay grupos de inversores de gran poder económico, que pueden tener 30 o 40 pisos cada uno».

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Madrid había registradas 15.203 VUT a fecha de junio pasado, un 1% del total del parque de viviendas de la ciudad. Las que ni siquiera se encuentran declaradas pueden ser miles más. La mitad de ellas están en el centro. Y se calcula que el 98% carece de entrada independiente al edificio. Es decir, que el sector está en un limbo jurídico y Vera se queja de que «lo que no ha hecho la Comunidad de Madrid es exigir la licencia urbanística» .

«Los únicos que no tenemos derechos somos los vecinos, que cuando compramos una casa no pensamos que el Ayuntamiento va a dar licencias para que el bloque se convierta en una especie de hotel, en el que no sabes quién entra y sale, los horarios son incompatibles con los de un trabajo, hay fiestas, ruidos… La gente de La Latina ya no se va solo por los bares y terrazas, sino por los pisos turísticos, y se mudan. Esto es de juzgado de guardia, solo lo sabe quien lo sufre, es insoportable, no se puede vivir . Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados», sentencia.

En Chueca la problemática es muy similar. Leticia García, de la asociación de vecinos de ese barrio, suscribe lo anterior, pero añade otro elemento más: «Un piso donde hay una pensión o un hostal vale muchísimo menos. Pensamos que la gente que tenga bajos y primeros van a convertirlos en VUT, y crecerá su valor; pero las viviendas del resto de vecinos perderán alrededor de un 25% de su valor . ¿Quién va a querer ir a vivir a un edificio así? Por eso, nos vamos a plantear exigir una reclamación patrimonial al Ayuntamiento».

Afirma que tienen «una guerra mundial» por el ruido y molestias que ocasionan. «Presentamos denuncias en el Consistorio y la Comunidad, y no hay ninguna inspección. Dan la callada por respuesta». Fuentes municipales aseguran que, entre enero y julio, 22 funcionarios han inspeccionado 5.253 viviendas y han abierto 425 expedientes . El problema es que constantemente recurren y es complicada una sanción.

Sobre el levantamiento del tope de 90 días para uso turístico al año, Leticia García es contundente: «Si es así, es un coladero». Y se queja de que, a todo esto, hay que sumar «que la Policía no pueda entrar en cuando se está produciendo una fiesta» : «Nos están metiendo una bomba de relojería incontrolable. Nos están vendiendo. ¿Qué hacemos los vecinos? Estamos indefensos, que nos expliquen cuál es el medio para acabar con ello”» añade, para luego asegurar que «la Policía Municipal del centro solo tiene un sonómetro y encima hay que concertar una cita para que acudan a medir el ruido». Urbanismo recuerda que la modificación actual es sobre los puntos ya explicados. Para los problemas de convivencia, ruidos y similares se trabaja en una nueva ordenanza entre distintas áreas municipales y que para ello se cuenta con los vecinos.

«La gente tiene miedo y está amenazada» , afirma: «Hay mucha presión a dueños de viviendas por parte de las empresas para que vendan o se vayan. Recuerdo que Almeida, cuando era portavoz del PP en el Ayuntamiento, me recibió en Génova. Me explicó que ya existía una legislación, el Plan General del 97. Es decir, que reconocía que prohibe la vivienda turística».

En otro punto del centro están también muy enfadados. Jordi Gordon, de Acibu-SOS Malasaña , cree que «pasamos de la ilegalidad a legalizar una parte». «Estamos viendo las consecuencias de los VUT en la pandemia. Unos vecinos llevan sufriendo fiestas desde el año pasado todos los fines de semana. ¿Cómo se vive ahí? Y eso hay que multiplicarlo por muchísimos lugares». Como la representante de Chueca, considera que la normativa será «un coladero, al eliminar el tope de los 90 días»: «El Ayuntamiento no defiende los derechos de los vecinos. Busca triquiñuelas y nos fastidian la vida. Pisotea nuestros derechos».