‘Boom’ de construcciones ilegales en el paraje natural de la Vega del Tajuña

Fue tal la irrupción, que la controversia, enquistada durante décadas bajo la simple ‘licencia’ de hacer la vista gorda , saltó por los aires. El traslado prematuro de los nuevos inquilinos no se hizo por casualidad. Había que salvar el negocio de la droga y la Vega del Tajuña brotó en el horizonte como una suerte de redención. Pero nada más lejos de la realidad. Los problemas con los agricultores no se hicieron esperar: amenazas de muerte, denuncias cruzadas y hasta exhibición de armas blancas y de fuego.

A esta inesperada circunstancia se suma también la llegada de familias de origen sudamericano y de Europa del Este, que, quién sabe si engañadas, compran supuestos suelos urbanizables a precios muy asequibles. Ello ha provocado una especie de ‘boom’ inmobiliario en aisladas urbanizaciones de este vasto enclave. ABC visita una de ellas. Un camino de tierra conecta el inesperado núcleo vecinal con la carretera M-313. El aspecto fantasmagórico del espacio pronto tiene explicación. «No hay nadie, porque están todos trabajando», advierte, precisamente, un empleado que realiza labores de albañilería en una de las viviendas.

El interlocutor, de origen rumano, es consciente de la ilegalidad de algunas edificaciones. «Estas de aquí tienen la carta (en alusión, a la cédula de habitabilidad), pero las que están por ahí detrás, no», confiesa risueño. La mayor parte de las parcelas están equipadas con piscinas, barbacoas, amplios jardines, áreas de estacionamiento y casas de hasta dos plantas. A simple vista, los precios de estas residencias podrían parecer desorbitados, pero estos no suelen superar los 200.000 euros. «Hace un tiempo vino un joven ofreciéndome 150.000», asegura un morador, quien rechazó la oferta, a la espera de que alguien venga y suba la puja 20.000 euros más: «Si me dan eso, nos vamos».

La otra cara de la moneda son las recientes construcciones a cargo de las familias extranjeras recién llegadas, desprovistas de gran poder adquisitivo. En estos casos, las viviendas suelen ser prefabricadas, de solo una altura y sin piscina de obra en el exterior. «El año pasado, un grupo de ecuatorianos compró el terreno de al lado, lo dividieron en seis y cada uno levantó su casa», sostiene otro residente. En líneas generales, el objetivo de la prohibición de levantar casas en suelos protegidos no es otro que la preservación de la naturaleza, por lo que solo se permite construir instalaciones ligadas a la práctica de una actividad permitida; un hecho que se incumple por sistema.

Para frenar esta alarmante situación, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha abierto 41 expedientes en la presente legislatura por infracción y sanción urbanística a los propietarios que están levantando inmuebles en los terrenos rústicos de este paraje. Si en 2020, se impusieron multas por más de 20.000 euros, solo en los primeros ocho meses de 2021 ya se han recaudado 48.783 euros. Más allá del tema económico, en palabras del primer teniente de alcalde, Lorenzo Mora, el consistorio ansía el derribo de las construcciones, un proceso burocrático «largo y tedioso».

Además, en una carta enviada a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, piden la adhesión de Morata al Pacto por la Cañada Real Galiana. Los problemas y necesidades son extensibles al municipio vecino de Chinchón, el más afectado al albergar la superficie de hectáreas más importante de la Vega. En mayo, los alcaldes de ambos pueblos ya mantuvieron una reunión telemática con la propia González para analizar el aumento de la inseguridad.

En relación a los asentamientos y construcciones ilegales, desde la Comunidad de Madrid insisten en que lo primero es comprobar el tipo de calificación del suelo (siempre que esté dentro de un espacio natural protegido, si no, corresponde a la disciplina urbanística de cada Ayuntamiento) y a partir de ahí actuar según el caso.