«Ayuso no es una figura política nacional por enfrentarse a Sánchez, sino por sus aciertos»

Desde el punto de vista de la infraestructura, va a ser una referencia en toda Europa. Un Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses supera lo que era un instituto anatómico-patológico a la antigua usanza. Se van a poder realizar allí la inmensa mayoría de las autopsias y de los análisis y pruebas de laboratorio que hoy necesita la Justicia; dejamos de depender del Instituto Nacional de Toxicología. Además, responde y se pone a la altura de la calidad de los forenses que tenemos en Madrid.

Y de paso resucita el proyecto de Ciudad de la Justicia.

Si, este es el primer edificio en funcionamiento de lo que va a ser la Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid. En el último consejo de Gobierno hemos licitado un contrato de servicios para que una consultora nos ayude a realizar un estudio para poder convocar un contrato de concesión de obra de construcción, explotación y mantenimiento de la futura Ciudad de la Justicia. Queremos, en el plazo de nueve meses, sacar a licitación el proyecto, para que a lo largo de esta legislatura, pueda estar iniciado en su construcción.

No será un proyecto faraónico como los anteriores, que acabaron ante la Justicia.

No. Precisamente, los dos proyectos anteriores, por diferentes razones, para lo que nos sirven es para aprender de ciertos errores, y también utilizar los aspectos muy positivos que tenían ambos proyectos: un cúmulo de recursos, como el Instituto de Medicina Legal o las obras de canalización interna ya construidas, y que nos sirven para un futuro inminente. Lo que está claro es que 28 sedes dispersas en la ciudad de Madrid no es una situación favorable ni positiva. Por eso vamos a la concentración en la zona donde se inició el proyecto, que va a tener una pujanza urbanística muy importante y va a contar con infraestructuras de transportes ya determinadas.

El Instituto de Medicina Legal fue morgue durante la primera ola del coronavirus. ¿Qué recuerda de aquella época?

Fueron días muy duros, donde se producían más de 500 0 600 fallecimientos diarios. El sistema funerario ordinario colapsó; tuvimos que utilizar a los bomberos y al personal de la UME para realizar actividades funerarias, de traslado de cadáveres. Se pudo atender, gracias a ese esfuerzo, a más de 1.700 cadáveres con un nivel muy alto de éxito en la trazabilidad, y en términos de dignidad y de respeto muy elevados. Te generan un sentimiento de mucha tristeza pero también de trabajo bien hecho; mi equipo prestó un servicio muy importante.

La pandemia ha sido la prueba de fuego de las Emergencias. ¿Qué ha mejorado con el Platercam?

Lo declaramos en nivel 2 el 13 de marzo, y más adelante al nivel 3, pasando a depender de la autoridad del Estado. Nos puso en cuestión cuáles eran nuestras capacidades de gestión ante crisis totalmente desconocidas y de dimensiones absolutamente imprevisibles, como la pandemia. Se dieron grados de coordinación muy elevados: bomberos, policías locales, personal voluntario de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, personal sanitario... tuvimos que reinventarnos en las emergencias, con las morgues provisionales, con el plan de choque en las residencias de mayores, y haciendo centros de distribución de material de protección; prestamos también un alto grado de apoyo al Hospital de Ifema en el reparto de material; aprendimos a hacer cosas nuevas, como ahora que estamos al frente de las pruebas de cribados masivos con test de antígenos a la población; vamos a realizar las pruebas de antígenos para jóvenes universitarios y no universitarios a la vuelta de las vacaciones... Esto ha puesto de manifiesto que los equipos de emergencias y de seguridad están muy preparados para afrontar este tipo de situaciones totalmente inéditas.

La colaboración entre funcionarios parece que funcionó, pero ¿la política también? La impresión es de enfrentamiento continuo entre Gobierno Central y regional.

Por un lado, si que nosotros establecimos un grado de coordinación y colaboración muy grande con la Delegación del Gobierno, tanto en la primera parte en que estábamos a sus órdenes, como en la segunda parte donde el responsable era yo. La sensación de enfrentamiento que se ha dado entre el Gobierno de la nación y el de Madrid ha venido porque el coronavirus acrecentó una tensión larvada que existía en Moncloa, y fundamentalmente en el PSOE más los partidos de la izquierda que hacen oposición en la Comunidad de Madrid, que no aceptaron, desde que se constituyó el Gobierno de Madrid, que no iban a gobernar. Este Gobierno de centro derecha que nace de la coalición de PP y Cs con el apoyo de Vox, no lo han superado. Con el coronavirus, esto se acrecentó: en Madrid, con Ayuso a la cabeza, se empezaron a tomar decisiones en principio no compartidas por el Gobierno de la nación, que al final han terminado siendo asumidas por él. La Comunidad alertó de la gravedad del coronavirus, cerrando los colegios y los centros de mayores, mientras que el Gobierno central estaba autorizando manifestaciones masivas en pleno riesgo de pandemia. Empezamos a pedir material de protección; el Gobierno centralizó las compras, nos impidió acceder a los mercados, tuvimos que acudir a los internacionales, y se generó tensión por el éxito de la Comunidad de Madrid en traer materiales desde China. La Comunidad de Madrid pidió que se recomendara el uso de mascarillas; el Gobierno Central titubeó, no se atrevió porque no había mascarillas suficientes, y se acabó imponiendo su uso. Lleva Madrid desde el principio pidiendo que se hagan PCR en origen a las personas que llegan al aeropuerto; se negaron desde el Gobierno central y al final aceptaron. El Gobierno de la Comunidad de Madrid comenzó a restringir movilidad en zonas de alta incidencia del coronavirus, algo que fue rechazado por el Gobierno central y al final ha sido una medida aceptada como muy eficaz por colegios profesionales y organismos internacionales; el Gobierno de Madrid comenzó a realizar test de antígenos, los primeros de España y de Europa, y se ponía en cuestión su viabilidad y su acierto, y ahora están aceptados como un instrumento de detección precoz del coronavirus. Llevamos dos meses pidiendo que esos test se puedan hacer en farmacias; al final se ha conseguido que se introduzcan dentro de los recursos para la fase de detección precoz del coronavirus. Es un relato de hechos que contados así, tienen un guión: el Gobierno de la Comunidad de Madrid se adelanta, el Gobierno central se opone y al final acaba aceptando. Si a esto en medio lo trufamos con la situación que provocó la orden comunicada del ministro Illa obligando al cierre de Madrid en el puente de octubre, que los jueces declararon ilegal, y la respuesta fue un estado de alarma sólo para la Comunidad de Madrid, con cifras de incidencia que otras comunidades superaban. Todo esto lo que pone de manifiesto es que quien ha generado enfrentamiento es un gobierno central obsesionado con la presidenta Díaz Ayuso y el Gobierno de Madrid.

La presidenta se ha convertido en el personaje político con más peso nacional en el PP, por sus enfrentamientos con Pedro Sanchez. ¿Esto debe preocupar a Pablo Casado?

No, en absoluto. Díaz Ayuso no se ha convertido en una figura política de relevancia nacional por sus enfrentamientos con Pedro Sánchez sino por sus aciertos, y los del gobierno que preside. Y esto, lejos de ser un problema para el PP a nivel nacional, es todo lo contrario. Es muy positivo que un gobierno del PP haya marcado el referente de una política de aciertos frente al coronavirus. Es muy positivo que nuestros presidentes autonómicos, en comunidades muy importantes gobernadas por el PP en coalición con Cs o en solitario, estén contribuyendo a luchar eficazmente contra el coronavirus, se han convertido en el ancla de enganche del Estado frente a un gobierno que cada vez más se separa del Estado, denosta el Estado y hace políticas contra el Estado, abrazando a aquellos que quieren destruirlo, y yendo como socio con un partido cuya tarjeta de presentación es el comunismo más reaccionario del siglo XX, que está en contra de la Constitución, del orden constitucional y de prácticamente todo. Estamos ante un gobierno que se ha convertido más que en un poder ejecutivo, en un gobierno contra el resto de poderes y contra el poder autonómico.

¿Va a haber acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de acabar el año?

La voluntad del PP de alcanzar ese acuerdo sigue siendo la misma, porque estamos comprometidos con la constitución y el cumplimiento de la ley. Estamos a la espera de que por parte del presidente Sánchez se nos comunica que se aceptan las condiciones que hemos impuesto para poder iniciar las fases previas de ese acuerdo, y que pasan porque Unidas Podemos no esté en esa negociación de la renovación de órganos tan importantes como son los de gobierno del poder judicial o el Tribunal Constitucional; que se retiren esas reformas del CGPJ que han supuesto que nos hayan sacado una tarjeta amarilla desde la Unión Europea al Gobierno español, y trabajar por la despolitización. Estamos a la espera de que el presidente Sánchez nos comunique que acepte esas condiciones. Que no son partidistas: tienen como objetivo reforzar la independencia del poder judicial. Y es que no nos fiamos, hasta que no se produzca la situación en que se acepte esto. Estamos ante un presidente que su primer acto relacionado con el poder judicial ha sido nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, compañera de su consejo de ministros, ministra nombrada por él, diputada del PSOE, que pasa sin solución de continuidad a ser Fiscal General del Estado. Es poco creíble una persona que hace esto. Por eso, porque no nos fiamos, queremos que nos den esas garantías.

¿Cree que puede haber una rebelión de jueces?

Los jueces están muy preocupados por su independencia. En España los jueces son muy independientes; no estamos luchando por ella, que ya la tienen. Y menos mal, porque en este momento los jueces son la única garantía frente a este Gobierno que está contra el resto de los poderes. Lo que queremos es que el CGPJ sea un elemento activo que garantice la independencia de los jueces frente al resto de los poderes. Estamos ante un Gobierno que se está comportando de una manera muy perjudicial y muy antijudicial. Es un gobierno perjudicial y antijudicial.

¿No va a haber acuerdo antes de las elecciones catalanas?

El acuerdo está en manos de Pedro Sánchez. Cuando él cumpla con las condiciones, el acuerdo será efectivo con toda seguridad.

Bruselas les ha echado una mano: vincula la llegada de los fondos Covid a la independencia judicial.

Efectivamente, es algo que es esencial. La gran diferencia que se produce ahora con el año 85, cuando se produjo el primer asalto del PSOE al poder judicial, con la ley que cambió la forma de elección del consejo, es que en aquel momento no estábamos en Europa. Es una ley muy parecida a las leyes polaca y húngara que han puesto en tela de juicio el respeto a la independencia judicial en estos países. Estamos en 2020, en la Unión Europea, y la UE existe porque es una base común de aplicación de un ordenamiento jurídico. Y este exige que los poderes judiciales de los paises de la UE sean independientes. Y por eso, en el reglamento de ejecución de los fondos que se aprobó el jueves en el Parlamento Europeo, se establecen medidas contra los países que afecten los principios democráticos, y concretamente la independencia del poder judicial. Y una de las medidas es la no entrega de fondos.