El Gobierno de Ayuso recurre la decisión de apartar al juez Macías de las deliberaciones del Constitucional sobre la Ley de Amnistía
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y Justicia, lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea
El bloque conservador denuncia que la decisión de apartar a Macías de todos los recursos contra la amnistía carece de «sustento legal»
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que la Comunidad de Madrid ha recurrido el auto por el que el Tribunal Constitucional ha decidido apartar al magistrado José María Macías de todos los recursos contra la Ley de Amnistía.
Así lo ha trasladado el consejero en el Pleno de la Cámara regional de este jueves, donde ha explicado que se pide «la nulidad de esta actuación» al considerar que es «una decisión irregular y arbitraria, que no respeta procedimiento alguno y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, apartándose del criterio previo de este mismo Tribunal Constitucional».
En resumen, ha subrayado, se trata de «expulsar a los vocales discrepantes por el mero hecho de no aceptar un trágala». «Una nueva arbitrariedad del ministro 24 del Gobierno de Sánchez: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido», ha denunciado García Martín.
Durante su intervención, el consejero ha criticado que es una decisión «realizada al margen de los cauces de la legalidad y que evidencia que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un mero instrumento al servicio del Gobierno, porque la decisión ya está tomada».
Choque entre Ayuso y el Constitucional
El Ejecutivo autonómico presentó el septiembre del año pasado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso a la Ley de Amnistía en su totalidad. Lo hizo, tal y como explicó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, «en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes».
Díaz Ayuso también avanzó la recusación de tres magistrados del tribunal --Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez-- por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE», partido que presentó el texto, «lo que le inhabilita para enjuiciar» su constitucionalidad.
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