Madrid y Barcelona incrementan un tercio los puntos de videovigilancia
En los últimos cinco años, la capital española colocó 111 cámaras nuevas en puntos calientes y la catalana, 30
La instalación de los dispositivos seguirá en aumento en los próximos meses, según los dos ayuntamientos
Las imágenes se destruyen al cabo de un mes salvo si hay delito
Las dos ciudades más pobladas de España, Madrid y Barcelona, han aumentado en los últimos cinco años entre un 25% y un 35% los puntos de videovigilancia ciudadana, las cámaras instaladas en las calles. El número continuará en aumento en las dos capitales, según trasladan fuentes de ambos consistorios.
La medida, que entra en colisión con el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los ciudadanos, se ha experimentado como efectiva y una herramienta de ayuda para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que la legislación permite la instalación de los dispositivos de videovigilancia señalizados, previa aprobación de una comisión dependiente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, siempre que se considere proporcional.
La ciudad de Madrid, con 3,2 millones de habitantes, cuenta con 332 cámaras en sus calles, la mayoría en el barrio de Lavapiés -situado en el sur de la capital y próximo a la estación de Atocha- y en la zona centro, la más turística. Sólo entre la Gran Vía, Zona Centro (Plaza de Sol y alrededores), la Plaza Mayor y el barrio de Chueca se acumulan 47 dispositivos. El punto empresarial de Azca también es uno de las más videovigilados, con 18 cámaras, seguido del Polígono Industrial de Marconi (Villaverde), punto conflictivo porque es un lugar donde se ejerce la prostitución (10 cámaras) y el barrio de Vallecas (9).
En el primer mandato de José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular) como alcalde, entre junio de 2019 y mayo de 2023, la videovigilancia fue una de sus apuestas en materia de seguridad, instalándose en la ciudad 111 cámaras, un tercio del total operadas por la Policía Municipal (332).
Según informaron fuentes del consistorio, dichas cámaras se instalaron en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), San Diego (Puente de Vallecas), Lavapiés, Chueca y en la calle Montera (Centro, junto a Gran Vía), así como se renovaron los sistemas que ya existían en Lavapiés y la calle Ballesta (también en el centro) y en el polígono de Marconi.
La inversión para instalar todos estos dispositivos ascendió a 2,7 millones de euros y los presupuestos del consistorio madrileño de 2024 ya cuentan con otro millón y medio para la instalación de 16 cámaras en la céntrica plaza del Dos de Mayo y 15 en Plaza Elíptica, al sur de la ciudad. Además, están en fase de análisis nuevas ubicaciones en Villaverde, Usera, La Latina y Ciudad Lineal, según explican desde el Ayuntamiento. El aumento de los puntos de videovigilancia en la capital española en estos cinco años ha sido de un 33,4%.
Se reforzará el Raval
En Barcelona, el porcentaje se aproxima. Entre 2019 y 2024 la instalación de cámaras ha aumentado un 25,6%. La capital catalana cuenta con 117 cámaras, 30 de ellas instaladas en los últimos años.
Ciutat Vella, el primer distrito de la ciudad, el más antiguo y que engloba el centro histórico, con los barrios Gótico, La Barceloneta, Sant Pere y El Raval, es el más videovigilado, con 77 cámaras. Precisamente la previsión es instalar otras ocho en la zona del Raval. Le sigue El Eixample, con 25 dispositivos, 17 de ellos instalados el año pasado, Sants-Montjuic, con 13 y Sant Andreu, con dos.
Según explicaron fuentes del consistorio barcelonés, al frente del que se encuentra Jaume Collboni (PSC) y hasta hace un año estuvo Ada Colau (Barcelona en Comú), para la ciudad las cámaras de videovigilancia son una «herramienta esencial para la actividad policial por su función preventiva (disuasoria), reactiva y de investigación».
Las citadas fuentes especifican que dichas cámaras con las que se busca disminuir la delincuencia «no tienen reconocimiento facial». La primera cámara de seguridad ciudadana se instaló en Barcelona en el año 2001, en El Raval, y desde entonces, como en Madrid, es una apuesta en alza.
Un proyecto de la Comisión Europea dotó a Barcelona de casi tres millones de euros, con lo que se sufragó la videovigilancia
En el caso de la capital catalana, el impulso fue externo, de Europa. El proyecto SecurCities, que tenía el objetivo de garantizar la seguridad en espacios que acogen grandes acontecimientos ante amenazas terroristas financió, hasta finales de 2022, la instalación de las cámaras a través del fondo Internal Security Found Police, creado por la Comisión Europea.
El presupuesto total era de casi tres millones de euros, financiados en un 90% por fondos comunitarios.
Dichos fondos permitieron instalar ocho cámaras en la Avenida de la Reina María Cristina (Sants-Montjuic) ocho en la Montaña de Montjuic y 17 en el Paseo de Gracia, además de modernizar dispositivos ya instalados y realizar un estudio de las zonas sensibles o calientes por la delincuencia callejera.
Distintas a las de tráfico
El principal objetivo de las ciudades al instalar cámaras de videovigilancia es la seguridad y no la persecución de infracciones de tráfico.
La ley Orgánica 4/1997 por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos precisamente recoge en su preámbulo que lo que se busca es la «prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la conservación y custodia de bienes que se encuentren en situación de peligro, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público».
Como estos dispositivos conviven con las cámaras de seguridad vial, entre los vecinos suele generarse la confusión entre unas y otras. La principal diferencia, explican las fuentes consultadas, está en su ubicación: mientras las cámaras de seguridad vial suelen instalarse a gran altura (entre ocho y 25 metros) precisamente para captar las infracciones de tráfico, las de videovigilancia de seguridad ciudadana se colocan a menor altura, a pocos metros del suelo.
Además de las fijas, la ley prevé cámaras móviles «con la necesaria autorización del órgano designado al efecto, salvo en situaciones de urgencia o en las que sea imposible obtener a tiempo la autorización, en las cuales se procederá a comunicar su uso a la autoridad policial y a la Comisión», en referencia al equipo de autorización que existe al efecto en el Tribunal Superior de Justicia.
La norma deja muy claro que «en todos los casos la Comisión será informada periódicamente del uso que se haga de las videocámaras móviles y tendrá derecho a recabar la correspondiente grabación».
A pesar de que la norma es antigua, de 1997, ya hacía referencia a que los cuerpos investigadores aprovecharán todas las novedades tecnológicas que haya para mejorar los sistemas de videovigilancia. En este sentido, el desarrollo de la inteligencia artificial cobrará importancia. La tendencia será, según informan desde los consistorios, que las cámaras fijas la contengan, lo que facilitará las búsquedas de información alrededor de la comisión de delitos en la vía pública.
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