Madrid y Andalucía responden a Montero con más rebajas de impuestos

Ayuso aprovechó el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid para plantar cara al Gobierno de Sánchez y blandir una de las banderas principales del modelo de esta comunidad: la bajada de impuestos. Esa es la «singularidad» de la región de Madrid, según explicó: tener un modelo económico basado en la fórmula de «impuestos no confiscatorios, más empleo y menos trabas». «Es lo que funciona». En un debate en el que advirtió a Sánchez y a sus socios de que «antes se romperá la Cataluña independentista, que las izquierdas rompan España y rompan Madrid», envió un mensaje a los madrileños, pero que tuvo también como destinatario al Gobierno. Sonó a reto: «Vamos a seguir bajando impuestos».

La Comunidad de Madrid empezará esta vez por el de donaciones y sucesiones, «un impuesto injusto y anacrónico que apenas existe en la Unión Europea y que supone pagar doblemente por tu propiedad». Ayuso anunció que en Madrid se ampliará la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos del 25% al 50%, lo que supondrá un ahorro fiscal de 130 millones anuales. Además, se bonificará el 100% de la cuota de las donaciones inferiores a 1.000 euros y se eliminará el requisito de otorgamiento de documento público para aplicar la bonificación del 99%.

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En esa misma línea de rebaja fiscal, en la Comunidad de Madrid se ampliará la edad máxima de los contribuyentes que pueden beneficiarse de la deducción en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un máximo de 1.234 euros: pasará de los menores de 35 años a los de 40. Ayuso quiere hacer «más sencilla» la tramitación de esta bonificación.

La presidenta madrileña denunció que Sánchez quiere acabar con el modelo fiscal de Madrid: «Intentará quitarnos nuestra autonomía y nuestras competencias para subir impuestos». Ante esa situación, Ayuso ya no pide «apenas nada» al Gobierno de Sánchez, solo dos cosas: «Que deje de estorbar y pague lo que corresponde por cada madrileño, infrafinanciado por cabeza si se compara con las regiones cuyos gobernantes viven del cuento». «No pedimos más que nadie porque tampoco lo somos», aseguró.

Mientras, el Gobierno andaluz volvía a fijar posición: consolidará su modelo de rebajas fiscales, criticado por el Ejecutivo central, e incluso trabaja ya en ampliarlo con nuevas medidas orientadas a incrementar las bonificaciones fiscales en el acceso a la vivienda, la captación de inversiones o el apoyo a las familias. Según sus propios cálculos, las actuaciones que están en marcha tienen un impacto anual de 900 millones de euros y un alcance de 4 millones de personas. Cifras en las que basan el Ejecutivo central y la oposición sus críticas por «contradicciones» en la gestión andaluza: «Se amplían las reducciones en impuestos al tiempo que se pide más financiación al Estado por la situación límite de los servicios públicos».

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, dejó claro en el Parlamento que pase lo que pase con la financiación, diga lo que diga el Gobierno central y pese a la situación «límite» de los servicios públicos denunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, no habrá cambio alguno en la política fiscal. Más bien todo lo contrario: «Nuestra acción de gobierno va dirigida a consolidar la bajada de todos los impuestos cedidos asegurando la necesaria estabilidad en la normativa tributaria que proporcione seguridad jurídica y, al mismo tiempo, seguir estudiando medidas fiscales, con un enfoque más selectivo y sin generar desequilibrios presupuestarios».

Hay poco margen fiscal ya para introducir revisiones, por lo que en lo que trabaja ahora el Ejecutivo autonómico es en posibles medidas fiscales que se puedan contemplar en los presupuestos de 2025.