Luis Ibáñez: «El nombramiento de Dolores Delgado adolece de ciertas irregularidades»

—¿Por qué cree que el nombramiento de Delgado no es válido?

—Porque el procedimiento en virtud del cual se dicta ese decreto de nombramiento adolece de ciertas irregularidades. Este decreto trae causa concreta de una propuesta del fiscal general del Estado que se hace en virtud de la convocatoria de un Consejo Fiscal en el que los vocales hicieron determinadas peticiones que no se atendieron (solicitaron la suspensión de ese punto del orden del día para estudiar la posible incompatibilidad de Delgado por su relación con Baltasar Garzón). Es cierto que en los nombramientos discrecionales el informe del Consejo Fiscal no es vinculante, pero sí es preceptivo; los vocales tienen que informar, de hecho tienen que votar a los candidatos. Y en ese Consejo Fiscal no se cumplió ese procedimiento.

—¿Había prisa por nombrar a Dolores Delgado?

—El concurso se publicó antes de la convocatoria de elecciones y el Consejo Fiscal se había convocado para el 19 de junio. Sin embargo, inmediatamente después del adelanto electoral, esa misma mañana se convoca para el día 8. De estos hechos objetivos parece deducirse que sí, que algo de prisa había.

—¿Era previsible que le dieran la plaza a ella?

—No causó sorpresa ni a mí ni a nadie en la carrera. De hecho se lo dije con toda sinceridad y aprecio al fiscal general en la entrevista-casting que me hizo: «Mira, aquí me presento, aunque creo que mis posibilidades de ser elegido son escasas».

—¿Y qué dijo él?

—No dijo nada (se ríe).

—¿Qué le ha sentado peor, el dedazo de García Ortiz con su exjefa o que se ignorase al Consejo Fiscal?

—Mi recurso se va a basar en esta segunda opción, en las formas antiprocedimentales. Hay unas normas establecidas y creo que se deben cumplir.

—Ha habido cierta discusión sobre si esto había sucedido alguna vez: que con unas elecciones ya convocadas se hicieran nombramientos de forma tan apresurada...

—Es que además se ha dicho, no una, sino varias veces, que se va a derogar la ley de Memoria Democrática. Esta plaza deviene directamente de esa ley, y hay que tener en cuenta este aspecto. Con la convocatoria de elecciones se podría haber dicho: bueno, voy a esperar y, en su caso, cuando me renueven, con un plazo ya de cuatro años por delante, hago los nombramientos que tenga por convenientes, pero no ha sido así... Ahora bien, aquí habría que diferenciar entre lo legal y lo legítimo, y la realidad es que legalmente el fiscal general del Estado cesa cuando lo hace el Gobierno que lo nombró, y el Gobierno cesa después de las elecciones generales; es decir que el Gobierno todavía no está en funciones, está con plena vigencia, y el fiscal general también.

—Usted tuvo la oportunidad de recusar al fiscal general por su estrecha relación con Delgado. ¿Por qué no lo hizo?

—Lo estuve pensando y valorando y, no se si erróneamente o con acierto, pero no lo vi adecuado.

—Hay un malestar notable en la Fiscalía por la forma en la que se ha llevado a cabo este nombramiento. ¿Entiende que actuaciones como esta mermen la confianza del ciudadano en la institución?

—Sí lo entiendo. En España somos 2.600 fiscales y después de 35 años de ejercicio ininterrumpido puedo decir que he visto la misma imparcialidad y objetividad en los fiscales que en los jueces. Ahora bien, la percepción es innegable, este tipo de incidencias, que llevan tiempo produciéndose, van minando el acervo ciudadano. Esa es una realidad.

—¿Dónde esta el límite entre la discrecionalidad y la arbitrariedad?

—En la discrecionalidad, aunque la elección es valorable, el procedimiento sí se ajusta a las normas. La arbitrariedad es un acto voluntarista y lo arbitrario es injusto, es hago lo que me da la gana y por encima de cualquier elemento de justicia que haya.

—El Supremo hablo de esa arbitrariedad en el nombramiento de Delgado con el fiscal de Menores...

—Sí, el Tribunal dio la razón al compañero Luis Rueda y a la Asociación de Fiscales.

—¿Por qué quiere un fiscal Antidroga ir a Memoria Democrática?

—La ley de Memoria Democrática podría servir para una investigación de algo realmente cercano, que son los crímenes de ETA sin resolver. Ya sé que la viabilidad procesal es nula, por la prescripción, por la ley de amnistía... Pero ahí tenemos un informe del Parlamento europeo de hace poco más de un año que dice que los crímenes de ETA sean considerados crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad. Eso, además de todas las demás funciones que puede asimilar ese fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Pero los crímenes de ETA tienen preferencia para mí sobre otros posibles crímenes, aunque solo sea por proximidad temporal o cercania: yo he visto detener a etarras en el portal de mi casa, iban contra mi padre no contra mí (Miguel Ibáñez asumió la jefatura de la Audiencia Nacional en los 80).

—¿Tiene el Estado una deuda con las víctimas del terrorismo?

—Deuda tenemos toda la sociedad, hay que compensarlas moralmente y lo que bajo ningún concepto se puede hacer es olvidarlas.

—¿Y qué hay de las fosas?

—Fosas también, claro, pero fosas de todo tipo, las que hagan falta. Hay que dar una asepsia a la interpretación de la ley que pueda descargarla de contenido ideológico. Leyes profundamente ideológicas no deben incardinarse en un puesto de fiscal. Un fiscal debe ser enfermizamente imparcial y objetivo.