Los límites de Moncloa a la amnistía: ni beneficiar a los CDR ni asumir el coste del 9-N y el 1-0

Transcurridos casi tres meses del 23J, el Gobierno ya cree firmemente que existen resquicios para encajar la amnistía en la Carta Magna, a pesar de la opinión abrumadoramente en contra del ámbito jurídico. Ayer mismo trece importantes catedráticos se sumaron al manifiesto surgido desde el mundo jurídico para rechazar el encaje legal de una eventual amnistía. Resuelto por tanto para La Moncloa este debate e impulsada la negociación con Junts, la cuestión está en el alcance de la misma y en su concreción en un texto legal que pueda ser sometido al Parlamento. Dicho de otro modo: ¿a cuánta gente debe beneficiar esa amnistía?

Hasta el momento, sólo Ómnium Cultural se ha atrevido a cifrar el número total de afectados: 1.500 personas. Desde Sumar no se ha puesto cifra, pero sí se ha pedido que la amnistía englobe a todas las personas que han participado de una u otra manera en el 'procés' desde 2013, lo que englobaría no solo a los líderes independentistas, sino también a los cargos intermedios del Govern cuando se declaró la independencia, a los directores de colegio que facilitaron el 1-O y los policías que participaron en el operativo para hacer cumplir la orden judicial que exigía que ese referéndum ilegal no se celebrase. Incluso, los grupúsculos violentos que actuaron en aquel momento, los Comités de Defensa de la República (CDR).

Según ha podido saber ABC, uno de los límites por los que no están dispuestos a pasar en Moncloa tiene que ver con las personas que en este momento están siendo investigadas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. En particular se trata de doce miembros del denominado Equipo de Respuesta Táctica, una presunta cédula violenta de los CDR, cuya investigación está ya lista para ser enviada a juicio por un delito de pertenencia a organización terrorista. A ocho de ellos, además, se les acusa de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos, informa Isabel Vega. La causa ya estaba finalizada en 2021, pero la Sala de lo Penal la ha reabierto en dos ocasiones. Primero, para que las defensas tuvieran acceso a una serie de informes policiales que formaban parte de otro asunto y después, para que prestasen declaración los autores de los mismos. El pasado junio se volvió a dar por concluida, con la perspectiva de enviarla a juicio.

Otro punto que supone un límite infranqueable para Moncloa tiene que ver con la responsabilidad civil, de manera que el Estado se tenga que hacer cargo de los excesos cometidos en aquellos años. Así, el Tribunal de Cuentas se ha encargado de reclamar a los cabecillas políticos del 9-N (2014), por un lado, y del 1-O (2017), por otro, el coste que ha supuesto a la administración autonómica la celebración de dos consultas ilegales. En total, unos 10 millones de euros, informa Daniel Tercero.

El primero de los casos está resuelto. El Tribunal de Cuentas condenó en 2018 a Mas, los consejeros de la Generalitat y los miembros de su Govern (una decena, en total) implicados en la consulta independentista que devolvieran a la administración autonómica unos 4,9 millones de euros. Se elevó a casi 6 con los intereses. Actuó, entonces, la llamada 'caja de solidaridad', un método opaco por el que a través de donaciones y Òmnium y la ANC, los responsables prácticamente no tuvieron que pagar nada. Los embargos que pesaban sobre los bienes de los implicados se levantaron el año pasado.

El caso del 1-O en esta vía está todavía abierta. Está previsto que se conozca la decisión del Tribunal de Cuentas el mes que viene. Afecta a una treinta de personas, entre los líderes y el segundo nivel de miembros del Govern de Carles Puigdemont. Están en juego unos 5 millones de euros más, que es lo que pide Societat Civil Catalana (SCC), o hasta 3,1 como solicita la Fiscalía. Para este caso, la Generalitat creó un instrumento a través del Instituto Catalán de Finanzas por el que este ente asumía las fianzas de los acusados. De manera que la propia administración, que es la parte perjudicada, actúa de avalista para los condenados por lo penal (los líderes) y los que están pendientes de la decisión del Tribunal de Cuentas.

Desde que el Gobierno mostró su disposición a negociar con los independentistas, el Partido Popular ha mostrado su total oposición y han hecho bandera de la igualdad entre españoles como el principal argumento para rechazarla.

Desde Moncloa se admite que, en caso de aprobarse una amnistía, se estaría vulnerando el principio de igualdad, pero también se explica que ese principio «no es ilimitado». Y ese es uno de los resquicios jurídicos que se están buscando para armar un texto legal que pudiera sortear el filtro del Tribunal Constitucional.

En las dos primeras intervenciones públicas como candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez hizo referencia al órgano de garantías, asumiendo las dudas sobre la constitucionalidad de una eventual amnistía y admitiendo de alguna manera que desde el principio Moncloa está trabajando para tratar de minimizar los riesgos de encaje en la Carta Magna.