Los límites a los jueces ministros y el mandato al CGPJ, escollos de una negociación incompleta

El 10 de octubre, en el encuentro a cuatro en La Moncloa en el que también participaron Félix Bolaños y Esteban González Pons, esta cuestión no era ajena a los interlocutores. El presidente del PP, ya advirtió ese día: «Avanzamos lo que queráis, pero mi posición es esta y será esta el último día». El encuentro que quedaba pendiente entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no era para darse un apretón de manos. Antes había que cerrar ese asunto.

Así, la reforma del delito de sedición fue el detonante. Pero cuando el pasado jueves todo saltó por los aires el acuerdo no estaba cerrado. El pacto se venía retrasando días respecto a las expectativas inicialmente creadas porque estaba pendiente de cerrar la fórmula que se le iba a ofrecer al nuevo CGPJ para que propusiera un modelo de Poder Judicial compatible con el Informe de Estado de Derecho de la Unión Europea. El PP quería que se indujese un mandato para que esa propuesta se ajustase a un modelo en el que los jueces fueran elegidos por los jueces. El Gobierno quería que esa posibilidad apareciese como una opción, pero no limitante. Y en el texto con el que ambas partes trabajaban esta disposición aparecía marcada en amarillo en el texto. La que había sido línea roja infranqueable para las partes lo seguía siendo. El PP seguía firme en su idea de incorporar en esa disposición la aproximación a una fórmula «en la que se reconozca la elección de jueces y magistrados por jueces y magistrados».

Noticia Relacionada

Estupor y hartazgo en el Poder Judicial tras la ruptura de las negociaciones

Nati Villanueva

Asociaciones de jueces y CGPJ apelan a la responsabilidad de los partidos y a que dejen de actuar en clave electoral

La sedición hizo estallar un acuerdo que no estaba hecho, pero que sí había logrado avances muy importantes. Según ha podido saber ABC, el Gobierno y el PP habían pactado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal.

En lo que respecta a la Fiscalía General del Estado se había acordado que no podría ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, bien hubiese sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, alcalde o hubiese tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Con el precedente de Dolores Delgado, esto era una importante victoria para el PP. Respecto al Tribunal Supremo se elevaba de 15 a 20 años la antigüedad necesaria para acceder, a la vez que se exigía haber estado en tribunales que conozcan de la materia a la que aspiraba el candidato en el Tribunal Supremo.

El acuerdo regulaba tanto el salto de la carrera judicial a la política, como el salto de la política al poder judicial. Así, si un juez se incorporaba a la política, durante el tiempo que desarrollara esta actividad rompía con el poder de procedencia, pasando a la situación de excedencia voluntaria. Perdían la plaza y dejaban de computar a efectos de antigüedad como hasta ahora. Una vez cesasen en los cargos políticos, si solicitaban el reingreso, se preveían dos años de congelación hasta la vuelta efectiva al ejercicio jurisdiccional.

Estas limitaciones afectaban a los tres jueces con cargo en el Consejo de Ministros: Margarita Robles, Pilar Llop y Fernando Grande-Marlaska. El pasado lunes estaba abierto qué ocurría con los jueces que dejan la política. Dentro del Gobierno hubo presiones al respecto. Porque se había avanzado un texto que obligaba a los tres a estar dos años en excedencia.

Los socialistas piden que no se aplique a los actuales ministros. Pero en la primera reunión el PP ya había manifestado su pretensión de que no hubiera excepciones. Finalmente, se acordó que no se les iba a tocar el régimen laboral por una cuestión de seguridad jurídica. Al abandonar sus puestos los ministros iban a seguir en situación de servicios especiales. Pero su retorno se debía producir durante dos años a puestos en los que no tuvieran la capacidad de dictar sentencias. Se mantenía además la necesidad de concursar para optar a una plaza en el futuro. Eso sí se mantenía en el acuerdo final. Pero estas resistencias internas y la gira de Sánchez por África evitaron que el cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del PP para tratar el último punto sobre el modelo de elección futuro se produjese antes.

Por otra parte, no iban a poder acceder al CGPJ por el turno de juristas ni jueces ni políticos que durante los cuatro años inmediatamente anteriores hubiesen desempeñado los siguientes cargos: (ministros, secretarios de Estado, consejeros, alcaldes, eurodiputados, diputados, senadores o miembro de parlamentos autonómicos).

Después de pactar esos criterios se acordó que éstos se aplicasen ya para la renovación del CGPJ aunque todavía no tuvieran fuerza de ley. Porque sí, Bolaños y Pons habían hablado ya de nombres. Con esos criterios pactados se quedó fuera José Ricardo de Prada. La primera batalla. La segunda fue más larga y dura. Félix Bolaños defendió «a muerte» la incorporación de Victoria Rosell. Su rango actual en el Gobierno es directora general. Pasaba el corte. Pero para el PP era un nombre muy politizado que rompía el espíritu del pacto. Al final se quedó fuera. El pactado iba a ser un Consejo «muy poco político», defienden en los márgenes de la negociación.

El tercer nombre polémico era el de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. El PP no se vio con fuerza para vetar su nombre. Pero no quería avalarlo como presidente y que eso constase por escrito. Si era presidente, lo sería por elección entre los doce mimebros del nuevo pleno.

Cuando Pedro Sánchez dijo desde Sudáfrica que el acuerdo estaba «listo» para ser firmado el PP tardó poco tiempo en desmentirlo. Esa comparecencia del presidente es el momento determinante de la ruptura. No solo porque diese por hecho el acuerdo, sino porque defendió con convicción la reforma del delito de sedición.

El PP estaba desconcertado. Horas antes en Santander Feijóo había evitado vincular la sedición con el CGPJ. Pese a que la afirmación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que el Gobierno llevaría la reforma al Congreso había hecho saltar las alarmas. Por mediación de Bolaños, Montero trató de matizar sus palabras. Y al PP le sirvió para no romper nada. Para entonces estaba prevista una conversación entre los dos líderes. Feijóo optó por esperar.

El papel de Bolaños todas estas semanas fue el de intentar tranquilizar al PP. El ministro de Presidencia decía en privado, tanto a la prensa como al PP, que no había nada. La sedición era agenda mediática, no política. Su misión fue en todo momento enfriar las posibilidades de reforma del Código Penal respecto de la sedición: «No hay nada. Ninguna novedad», aseguraba el ministro. En el PP se aferraban a eso para mantener viva la posibilidad de acuerdo. Durante la semana Esteban González Pons y Félix Bolaños cruzaron mensajes al respecto. Había preocupación en el PP, pero también la intuición de que el Gobierno necesitaba mantener ese relato vivo por sus necesidades aritméticas en el Congreso.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, había hecho unas declaraciones el martes desvinculando la sedición del CGPJ. Algo que a día de hoy solo se explica por un motivo: Bolaños era muy tajante negándoles la reforma. Otros miembros del gabinete del presidente, por cierto, también defendían en privado esa tesis. Y es el mensaje con el que la portavoz Isabel Rodríguez compareció el martes en el Consejo de Ministros. Pero había informaciones en prensa que apuntaban a que en el Gobierno mantenían sus planes de reforma. ABC publicó el jueves que en el Ejecutivo y en la dirección del PSOE se pensaba que una vez resueltos los Presupuestos lo más conveniente era abordar «cuanto antes» la rebaja de la sedición. Así que la incógnita prevalecía en el PP. Y Sánchez se la despejó a Feijóo con claridad en su conversación. El presidente no le dijo a Feijóo lo que quería oír y habría mantenido el pacto vivo por dos motivos: primero porque eso no garantizaba que el pacto se cerrase porque faltaba un tema nuclear y en el que ambas partes no cedían. Y segundo porque no podían arriesgarse a que el PP exhibiese como trofeo una renuncia del presidente. Para La Moncloa que el PP plantease la disyuntiva en esos términos se interpretó en términos de chantaje. Pero el Gobierno asegura que tras esa conversación Sánchez no quedó con la impresión de que todo estaba ya perdido. Aunque sí percibieron que el PP se cerraba. Y tanto.

La nota que redacta el PSOE en respuesta al comunicado del PP en el que las negociaciones quedan en suspenso tardó casi una hora en llegar. Pese a ser muy escueto. Se escribió sin contacto con el presidente, que sobrevolaba el continente africano. En el Gobierno no esperaban la ruptura.