La ley trans y la del aborto se aprueban definitivamente en plena disputa de la coalición por el 'solo sí es sí'

Idéntica ruptura de la disciplina de voto del Grupo Socialista que a Calvo ya le ha costado la correspondiente sanción y que pone de manifiesto el profundo conflicto interno que para el PSOE supone la norma que Montero ha logrado imponer, sobre todo en el polémico concepto de la autodeterminación de género a partir de los 14 años de edad que introduce el nuevo texto legal. Un punto por el que sigue sin transigir buena parte del movimiento feminista considerado más tradicional, como el que representan algunas antiguas dirigentes socialistas, caso de la ex número dos del partido, Elena Valenciano.

Del Senado la ley trans sale con una modificación menor o de matiz (en caso contrario, hubiera quedado definitivamente aprobada, sin necesidad de volver a la Cámara Baja) que afecta al término «violencia intragénero», con la que se pretende definir la violencia que tiene lugar entre personas del mismo género. En un apartado de la normativa en el que se consideran los casos en que un funcionario puede acogerse a una excedencia, se elimina esa expresión para sustituirla simplemente por «violencia de género».

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La segunda ley, la del aborto, llega justo después de que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) validase el pasado jueves la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tumbando así el recurso presentado hace trece años por el Partido Popular (PP).

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la ocasión, además, para dar un giro histórico a la posición de su partido, defendiendo como «razonable» esa norma de un Ejecutivo socialista, que puso fin a la ley de supuestos de tiempos de Felipe González para dar paso a otra basada en plazos. Todo lo contrario que el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien no dudó en atribuir el fallo del TC a la reciente y polémica renovación del mismo y, de paso, en arremeter contra la posición adoptada ahora por el PP que, a su juicio, «es el PSOE con diez años de retraso».

La norma impulsada en esta legislatura por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos elimina tanto el sobre con información que hasta ahora se entregaba a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo, así como el periodo de tres días de reflexión a los que se las obligaba. Además, se prohíben las concentraciones frente a las clínicas que organizan los grupos antiabortistas y se establece un registro de los médicos objetores de conciencia, con el objetivo de poder garantizar la interrupción del embarazo en cualquier centro público.

Pero el PSOE ha aprovechado ese paso por la segunda cámara legislativa para introducir una enmienda referida a la polémica de hace semanas por la intención del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, de crear un protocolo especial para las mujeres que decidiesen abortar en esa comunidad autónoma. Aunque el presidente castellano y leonés, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ya desautorizó esa intención, como también hizo el propio Feijóo, el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a enviar un requerimiento al Ejecutivo autonómico advirtiéndole sobre la ilegalidad de un protocolo cuya existencia siempre negó Mañueco.

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Ahora, y tal y como ha explicado su portavoz en el Senado, Eva Granados, los socialistas están «preocupados» y por eso, explica Granados, «no queremos que vuelva a suceder lo de Castilla y León». Por ello, la enmienda de marras introduce este texto en la nueva ley del aborto: «Las administraciones públicas competentes garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente. Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica».

En principio, con el fin del recorrido parlamentario de estas dos leyes el Gobierno pondría fin a su agenda reformista en materia de derechos de las mujeres y del colectivo Lgbti. Pero precisamente la piedra en el camino de la ley del 'solo sí es sí', y de los centenares de rebajas de penas y excarcelaciones que ya ha provocado para condenados por abuso sexual, impiden poner ese colofón como esperarían sobre todo en la parte socialista de la coalición, que no en vano ya ha impulsado su propia proposición de ley, al margen de su socio, para modificar la norma estrella del Ministerio de Igualdad.