La ley lanzada por Pedro Sánchez ampara a Begoña Gómez y a Carles Puigdemont

Un viernes de enero, mes inhábil, un día que no había actividad parlamentaria, el PSOE convocó una rueda de prensa con apenas cuarenta minutos de antelación. La protagonizaba Patxi López, el portavoz del grupo parlamentario, en el set de televisión de la Cámara Baja; un espacio reducido, con escaso aforo y que prácticamente estaba en desuso desde la pandemia del Covid-19.

De nuevo, el Gobierno se escuda en los diputados socialistas para que lideren ellos la iniciativa, ahorrándose así los informes preceptivos en los que deberían haberse pronunciado sobre la reforma legal los afectados por la misma. Una maniobra que el Ejecutivo ya utilizó para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice nombramientos cuando está en funciones y para renovar los vocales que le correspondían del Tribunal Constitucional y sortear su bloqueo.

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Isabel Vega

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La proposición de ley, que el exlendakari López defendió como una vía para poner fin «al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» –puro discurso del 'lawfare', la supuesta guerra judicial con objetivos políticos–, reconfigura la acusación popular y limita tanto quién puede ejercerla como qué papel tiene esta. Por un lado, adscribe su actividad a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella y elimina su participación en la instrucción. López, otrora rival de Sánchez en las primarias del PSOE y ahora su portavoz parlamentario, lo defendió por la necesidad de terminar, dijo, con «las filtraciones interesadas por parte de acusaciones con objetivos políticos».

Por otra parte, se exige que para personarse como acusación popular exista «un vínculo concreto, relevante y suficiente» con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente y se prohíbe que ejerzan esta figura los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos y las administraciones públicas. Esto último, de hecho, choca con un protocolo aprobado en noviembre por el Ministerio de Igualdad que impone la personación de la Delegación del Gobierno en los casos de violencia machista con víctimas mortales cuando la comunidad autónoma de turno no lo haga, informa Isabel Vega. También impediría la personación del PSOE en casos como la Gürtel, que propició la moción de censura a Mariano Rajoy.

Contradicciones aparte, los límites impuestos en esta proposición de ley socialista a la acusación popular, en el caso de salir adelante la iniciativa, pueden provocar un sobreseimiento de las causas contra Begoña Gómez y contra Carles Puigdemont. Ambas se encuentran en fase de instrucción y se impediría la presencia de las acusaciones populares, por lo que, al no haber acusación particular y no estar la Fiscalía a favor de los procedimientos, se archivarían.

En el caso de Puigdemont, cabe recordar que el también imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apartó a los fiscales del 'procés', que sí eran partidarios de mantener la persecución por malversación al 'expresident', y que Vox, como partido político, no podría continuar ejerciendo la acusación popular si prospera la reforma. Sí se mantendrían, por contra, el caso Koldo y el del hermano del presidente, David Sánchez, porque la Fiscalía no se opone a que se investiguen y seguiría habiendo una acusación en la fase de instrucción. También el del fiscal general del Estado, donde ejerce la acusación particular como perjudicado Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ley no termina ahí y quiere también que sea obligatorio inadmitir a trámite las querellas basadas únicamente en «recortes de prensa». Esa expresión ha sido repetida hasta la saciedad en el argumentario de Ferraz –también de la Moncloa– desde que se abrió la investigación sobre Begoña Gómez por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias que se fundamentaba en noticias en medios.

Asimismo, para garantizar la «neutralidad» judicial, remarca el PSOE, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir una nueva causa de abstención o recusación contra un juez o magistrado. Cuando este haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso judicial del que esas personas u organizaciones formen parte.

«Hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente para poder iniciar procesos donde partan con ventaja», justificó este viernes López en su precipitada comparecencia, con unas palabras que recordaron inevitablemente a las pronunciadas por Sánchez en la copa de Navidad celebrada en diciembre en el Palacio de la Moncloa, donde, en una conversación informal con periodistas, acusó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, de «jugar con las cartas marcadas» en los tribunales.

De paso, el PSOE aprovecha también esta norma para dar cauce a su voluntad de suprimir del Código Penal el delito de ofensas a sentimientos religiosos, que saltó otra vez al debate público esta Nochevieja cuando la actriz Lalachus, en las campanadas de Televisión Española, puso la cara de una vaquilla del Grand Prix encima del rostro de Jesucristo en una estampa religiosa. «La última víctima es Lalachus. Los ultras vulneran nuestros derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión», sentenció el diputado socialista.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, anunció este viernes que su partido interpondrá una enmienda a la totalidad porque considera insuficiente la norma, mientras fuentes de Podemos hablaban también de «falta de ambición». Vienen chubascos.