La Justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha retirado este miércoles definitivamente la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y los también eurodiputados y exconsejeros de la Generalitat Toni Comín y Clara Ponsatí. Una decisión del TGUE, la de rechazar sendas peticiones contra la resolución del Parlamento Europeo, que ahora da vía libre al instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para volver a emitir una orden de detención europea reclamando su entrega a España.

Pese al varapalo, la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí ha asegurado que aún queda mucho camino por recorrer en el proceso judicial. El propio expresidente de la Generalitat, al mismo tiempo que se conocía el fallo, ha avanzado que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tienen dos meses de plazo para hacerlo y el tribunal tiene otros seis para pronunciarse, pese a que la retirada de la inmunidad ya es efectiva. «Defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales», ha manifestado el 'expresident' en un apunte de Twitter.

La intención del abogado Gonzalo Boye es pedir como medida cautelar que se mantenga la inmunidad de sus representados, mientras no se resuelva el caso de manera definitiva. Dicha solicitud pretende evitar una eventual euroorden de Llarena, en el caso de que así lo pidiera la Justicia española, que podría hacerlo desde hoy. En cualquier caso, hasta que se den los siguientes pasos, si Llarena emite una euroorden Puigdemont y Comín (el caso de Ponsatí es diferente) podrían ser detenidos en cualquier país de la Unión Europea.

El caso resuelto hoy por el TGUE se remonta a 2020. Llarena pidió en un suplicatorio al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad de los tres eurodiputados, después de que se les reconociera tal condición tras presentarse a las elecciones en 2019. Un año después, tras el proceso parlamentario por el que se les retiró la inmunidad, Puigdemont, Comín y Ponsatí presentaron un recurso contra el Parlamento Europeo por retirarles la protección.

En dicho recurso reclamaron la anulación el suplicatorio de Llarena bajo el pretexto de que el Supremo no tenía competencias para solicitarlo y defendían que su causa debía ser enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, esgrimieron que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que estudió la petición, el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos, no era independiente ya que pertenecía a una formación «hostil» con el independentismo.

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Hasta este miércoles, cuando el TGUE ha desestimado sendos recursos, los tres eurodiputados gozaban de inmunidad porque el TJUE se la devolvió de manera provisional en 2022 al entender que corrían el riesgo de ser detenidos, como ya le ocurrió a Puigdemont en dos ocasiones, durante sus estancias en Cerdeña (Italia) y en Alemania. En el caso de Italia, la inmunidad parlamentaria le benefició para evitar la extradición a España. Este caso está pendiente de resolver definitivamente.

Ahora, el fallo del tribunal de Luxemburgo que se la ha retirado desestima todas sus alegaciones, en particular, las que sostienen que «el Parlamento [Europeo] incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados», y tumba así lo que esgrimió la defensa de Puigdemont, que denunció una «persecución política». 

Para aceptar el suplicatorio, los jueces corroboran que el Parlamento Europeo se basó en que «los hechos imputados se habían cometido en 2017 [el referéndum ilegal del 1-O], mientras que los diputados adquirieron dicha condición «en junio de 2019». También que su procesamiento -por parte del Supremo- data de marzo de 2018, es decir, «en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética».

Apunta también la sentencia del TGUE que «al examinar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, no corresponde al Parlamento [Europeo] analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales».

Los tres eurodiputados alegaron igualmente que la Eurocámara había violado el principio de imparcialidad, porque Vázquez presidió la comisión que estudió la petición. El tribunal señala que «la rotación en igualdad de condiciones de la función de ponente no impide que se designe un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad conexos cuando, como en el presente caso, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad se refieren a diputados objeto de un mismo proceso penal».

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El dictamen va más allá y defiende además que «la función de ponente se encomienda a un diputado, que, por definición, no es políticamente neutro». Así, señala el tribunal «ese diputado, que forma parte de un grupo político determinado, actúa en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento [Europeo]». El TGUE apunta que la pertenencia del ponente encargado del examen de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad al grupo de los conservadores es «en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad».

«Es cierto que también forman parte de dicho grupo político los diputados de Vox, que promovió el proceso penal contra los tres diputados», concede la sentencia, «sin embargo», precisa, «esa situación particular concierne a los diputados que son miembros de dicho partido, pero no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo político por el único motivo de que compartan afinidades políticas».

Tras conocer el fallo, las reacciones políticas no se han hecho esperar, sobre todo en Cataluña. Entre los que se han manifestado está el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que en un tuit ha mostrado su apoyo total a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Y ha reiterado que existe «represión» contra el independentismo por querer «organizar» un referéndum de secesión que, en su opinión, «no es delito».

También se ha referido a la decisión el TGUE el eurodiputado y secretario general de Cs, que ha celebrado la decisión de la Justicia al considerar que «respalda el buen nombre y el trabajo del Parlamento Europeo y el proceso de inmunidades«.

Pasado el mediodía, en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo, los tres eurodiputados han reconocido que la decisión del TGUE no es la sentencia que deseaban. «No era lo que estábamos esperando, pero no se puede decir que no estuviéramos preparados para este escenario», ha señalado Puigdemont, que ha confirmado que presentarán un recurso ante el TJUE y, por lo tanto, «tocará remontar una situación adversa». El expresidente de la Generalitat se ha mostrado confiado en que el recurso de casación será «favorable» a sus intereses.

Comín ha apuntado que la sentencia «cambia relativamente poco» a corto plazo, pues «haber perdido no supone ser extraditados a una prisión española de manera inmediata». El exconsejero autonómico ha indicado que, a pesar del fallo, los tres eurodiputados tienen «la máxima determinación» para seguir peleando la inmunidad y evitar, así, que sean extraditados. Y Ponsatí ha reconocido que «es un día difícil», sobre todo para sus compañeros, y ha pedido a los partidos independentistas que se dejen de estrategias de pactos con el Gobierno de España y pongan en marcha la independencia.

Finalmente, el expresidente autonómico ha criticado la sentencia y a los jueces del TGUE por no 'comprar' ninguno de sus argumentos, que sí alegarán ante el TJUE (como la imparcialidad del presidente de la comisión del Europarlamento y el ponente). Puigdemont ha asegurado que la semana que viene acudirá al pleno del Parlamento Europeo convocado en Estrasburgo (Francia), a pesar de que ya no tiene la inmunidad. Según el abogado de los eurodiputados, los tres mantienen la inmunidad para acudir a los plenos de la Eurocámara.