Junts votará «no» a los tres primeros decretos de Sánchez, incluido el que afecta a la ley de amnistía

Junts ha confirmado que votará «no» al real decreto-ley del Gobierno aprobado el 19 de diciembre, poniendo así de relieve la debilidad y, sobre todo, la dependencia de los socialistas en manos de las formaciones independentistas. Fuentes oficiales del partido de Carles Puigdemont han ratificado a ABC, este viernes, la decisión avanzada el 27 de diciembre sobre un texto que, según adelantó este diario, de aprobarse afectaría a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite parlamentario). Además, los siete diputados de Junts votarán «no» también a los otros dos primeros decretos-ley del Ejecutivo socialista.

El «no» de Junts fue comunicado ayer al PSOE en una reunión en Barcelona entre Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, y Jordi Turull, secretario general de Junts. Según fuentes de esta formación política, el encuentro entre ambos, que mantienen una relación directa y regular, se centró en el real decreto-ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la necesidad de contar con el apoyo de Junts para su convalidación, imprescindible si el PP, como señalaron fuentes de los populares a finales de diciembre, votará en contra del texto.

«Sí, votaremos en contra. El contenido del real decreto-ley no es votable y el Gobierno ha aplicado la política de los hechos consumados», han señalado desde el partido que lidera Puigdemont desde Waterloo (Bélgica). El principal motivo de su «no» es que el real decreto-ley (que tiene 211 páginas), y que aborda cuestiones de distintos sectores, abre la puerta a una regulación de la amnistía (ley que está en trámite parlamentario y cuyo texto fue pactado en última instancia entre el PSOE y Junts) por la puerta de atrás.

De convalidarse en el Congreso finalmente el real decreto-ley, aprobado por el Gobierno el 19 de diciembre, se reforzará el efecto suspensivo que tiene sobre un procedimiento concreto la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que toca de lleno a la ley de amnistía, que en su redactado actual trata de impedir esta paralización. La aplicación de la ley de amnistía, que será recurrida por distintos partidos y colectivos, quedaría así suspendida desde el momento en el que un juez plantease dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo y hasta que la justicia europea resuelva.

Según avanzó ABC el 20 de diciembre, en la práctica esta suspensión ya se estaba llevando a cabo en base a la propia doctrina europea, pero es ahora cuando el Ejecutivo la ha plasmado por escrito en un real decreto-ley (de 211 páginas) por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Entre las normas a modificar se encuentra la Ley de Enjuiciamiento Civil, que añade un artículo bis al 43, regulando con precisión las consecuencias de la presentación de una cuestión prejudicial por cualquier juez que tenga dudas sobre el encaje de una ley con el derecho de la Unión Europea.