Junts se desmarca del PSOE y exige una amnistía todavía mayor

La formación de Puigdemont busca no solo borrar todas las causas judiciales alrededor del 'procés', sino resarcir a las supuestas víctimas —también económicamente— de ese presunto ensañamiento de jueces y policías —esto también es novedad— contra los autores de las leyes inconstitucionales de desconexión, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, entre otras conductas.

Fuentes del PSOE consultadas por ABC garantizan que solo respaldarán las enmiendas pactadas con Sumar, ERC, Bildu y el BNG, aunque esta postura maximalista de Junts puede pasarle factura en la estabilidad de la legislatura. Los republicanos, el otro principal interesado en la amnistía, también han firmado cuatro modificaciones en solitario —con Junts coinciden en el borrado del terrorismo de la ley—, aunque sí se han avenido a salvaguardar el paquete socialista de correcciones 'técnicas'.

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Nadie compareció para detallar el contenido de las enmiendas ni para explicar el alcance de las mismas, a pesar de que las negociaciones se han desarrollado durante semanas bajo una absoluta opacidad. La palabra discreción se pronuncia casi de manera supersticiosa, como si el mínimo atisbo de transparencia amenazase con romper la frágil cohesión de un bloque que debe su existencia, precisamente, a la amnistía. Esa norma que Sánchez veía «inconstitucional» antes de las elecciones generales, pero que después aceptó promover a cambio de los votos para seguir siendo el presidente del Gobierno.

Tan al límite han sido las conversaciones, de hecho, que las enmiendas transaccionadas entre el PSOE, Sumar y los separatistas de izquierdas han entrado en el registro con el plazo ya vencido. Según el sello de la Cámara Baja, se recibieron a las 18:00:01. El PP, según fuentes parlamentarias, dará la batalla para que no se admitan a trámite, informa Víctor Ruiz de Almirón. Pero desde la Mesa del Congreso ya decían este martes que se habían recibido sin problema, pese a esa centésima de segundo que es fiel reflejo de todo lo agónico de la legislatura. Los populares han pedido en la Mesa de la Comisión de Justicia que no se admitiesen, pero en balde. Ahora acudirán al órgano que preside Francina Armengol, aunque desde su entorno ya deslizan que se ha pedido un informe técnico para saber si ha habido un fallo informático en el registro telemático.

Junts, decidido a convertir estos cuatro años en un calvario para el Gobierno, va a por una propuesta de máximos que pretende extender dos meses el marco temporal de aplicación de la ley, cubriendo también los delitos cometidos en noviembre y diciembre de 2011, y ampliar la cantidad de potenciales beneficiarios. El principal cambio en este sentido es la supresión de los delitos de terrorismo con sentencia firme que la redacción original deja fuera de la amnistía y que los de Puigdemont eliminan porque, dicen, «existen dos procedimientos en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes por hechos que no serían tipificables como tales pero que lo están siendo». Se trata de la causa sobre doce miembros de los CDR acusados de terrorismo y la de Tsunami Democràtic, donde está imputado por estos delitos el propio Puigdemont.

Pero además, pretende eliminar uno de los pocos corsés que pone la norma para beneficiarse de ella: que los actos realizados estuviesen vinculados «directa o indirectamente al denominado proceso independentista», realizados «de forma manifiesta y constatada» en relación a este.

Junts no solo suprime esta limitación sino que añade una coletilla para que se incluyan las conductas «atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito». Es decir, los casos nacidos de la denominada operación Cataluña. La clave en todo caso sería qué se entiende por operación artificiosa y cómo se acredita, porque en función de esa lectura serían tan amnistiables los Pujol como Laura Borràs —condenada por falsedad y prevaricación— o el abogado Gonzalo Boye —acusado de blanqueo del narcotráfico—.

Mientras buscan ampliar el marco, intentan garantizar su aplicación. Por un lado, -y en esto coinciden con la propuesta pactada por el PSOE, ERC, Sumar, BNG y Bildu-, en matizar que la ley la aplicará el juez que llevase el asunto amnistiable y no otro. Donde van un paso más allá es en una disposición adicional nueva para garantizar que la suspensión de una causa por una pregunta de los magistrados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no implique que se para la ley entera en todos los órganos que deben aplicarla. En la misma línea, quieren garantizar que en ese caso de cuestión prejudicial, las medidas cautelares se levanten igualmente, lo que beneficia específicamente a Puigdemont porque las órdenes de detención que le impiden volver impune a España decaerían aunque el Supremo acudiese a Europa. Lo que no podrán evitar es que se paralice la ley de amnistía si es el propio TJUE quien lo acuerda al admitir una cuestión prejudicial.

En este contexto de blindar la aplicación, no descuidan las enmiendas la cuestión económica. De hecho, fuentes consultadas por ABC plantean que puede explicarse ahí la voluntad de extender a noviembre de 2011 la cobertura de la ley, por el relato de hechos sobre la financiación del 9-N en el Tribunal de Cuentas. Su pretensión es que todos los asuntos civiles y contables decaigan con la entrada en vigor y, de paso, borran el veto a que se recuperen las cantidades abonadas en concepto de multa que recogía la ley original. Las enmiendas de ERC en solitario respetan esa restricción pero introducen una salvedad en las multas por Ley de Seguridad Ciudadana, dejando a criterio de la Administración si concurren requisitos para devolverla. Sí coinciden, no obstante, con los de Puigdemont en que los delitos de terrorismo no deben constar como excepción a la aplicación de la ley de amnistía.

En cuanto a las enmiendas pactadas por el PSOE, algunas coinciden con Junts, como la de ampliar la cobertura de la amnistía a los actos en redes sociales, la cultura y la educación. Con la firma de ERC, Sumar, el BNG y Bildu, los socialistas prevén otras modificaciones menores (en comparación), como que se borren los registros policiales que se generasen por hechos amnistiados o que la ley pueda esgrimirse en cualquier momento del juicio oral.

También registró ayer su paquete de enmiendas el Partido Popular: artículo por artículo piden la supresión de la ley de amnistía, «completamente inconstitucional». Vox prefirió no hacerlo.