Junts pone precio a la aprobación de la senda del déficit para 2025: 1.800 millones de euros más

Ayer, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, recordó que su partido, controlado desde Bélgica por Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española, no tiene firmado un acuerdo de legislatura con el PSOE y que, por lo tanto, cobrarán cada voto que los socialistas quieran de ellos en la Cámara Baja, en donde los independentistas son determinantes. «No hemos dado ni daremos ningún apoyo a cambio de nada. Parece que después de casi un año se empieza a entender», dijo Nogueras poco después de que el Ejecutivo retirara la votación de la senda del déficit prevista para mañana.

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Después de las cesiones al secesionismo que el Ejecutivo de Sánchez acumula, como son los indultos, la amnistía, el reconocimiento de que el Estado no actuó acorde con la legalidad en 2017, el principio de acuerdo para traspasar la gestión de la inmigración, la eliminación de la sedición del Código Penal, la comisión de investigación de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, la cesión integral de Cercanías (Renfe) y, entre otras cosas, el concierto económico para la Generalitat, en Junts quieren también reducir el déficit de la Administración General del Estado a beneficio de las administraciones autonómicas.

Nogueras, que el martes no concretó si las negociaciones entre los de Puigdemont y el PSOE avanzaban o estaban estancadas, recordó que las condiciones que Junts está exigiendo se remontan a una moción aprobada en el Parlamento de Cataluña, con el voto a favor también del PSC y el espacio ideológico que ahora ocupan los comunes y Sumar, en el año 2014. El texto -presentado y defendido entonces por el diputado raso Pere Aragonès (ERC)- critica, entre otras cosas y peticiones, las medidas acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y en él se insta al Govern, en manos de Artur Mas (CiU), a reclamar que el objetivo de déficit de 2014 otorgue «a las comunidades autónomas un tercio, como mínimo, del objetivo total».

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A esta moción de hace diez años aprobada en la Cámara regional catalana se agarró la portavoz de Junts: «Hay una propuesta aprobada en 2014 en el Parlamento de Cataluña, votada también por el PSC, en la que se dice que la división se hace en tres». Y dejó la pelota en el tejado del Ejecutivo del PSOE: «Tienen una buena base con la que empezar».

Así, trasladando «la división en tres» de los 40.000 millones de euros (2,5% del PIB) que el Gobierno ha plantado en su senda de déficit para 2025, las comunidades autónomas podrían repartirse algo más de 13.000 millones (0,8% del PIB), frente a los poco más de 1.500 millones (0,1% del PIB) que les permite la senda que el Gobierno ha presentado y que Junts rechaza. Es decir, podrían tener un déficit extra de unos 11.500 millones. Y de estos, la Generalitat se quedaría con unos 2.000 millones (0,8% del PIB catalán), frente a los 250 millones (0,1% del PIB catalán) que le permite la senda actual. El déficit extra sería de casi 1.800 millones.

La propuesta del Gobierno prevé un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas para el año 2025 del 2,5% del PIB. El reparto de este déficit sería un 2,2% para el Gobierno y la Administración General del Estado, un 0,2% para la Seguridad Social, un 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las entidades locales. Frente a este reparto, Junts pretende que las autonomías se les permita incurrir en unos números rojos de al menos un 0,8% del PIB, es decir un tercio de los 40.000 millones previstos para el conjunto de España.