Órdago de Puigdemont a Sánchez: amnistía total o Gobierno en minoría

«Sí, claro, si no hay ley de amnistía no habrá apoyo al Gobierno». Jordi Turull, secretario general de Junts, ha advertido este miércoles a los socialistas de que si no se aprueba la norma que borra todos los delitos cometidos por los independentistas durante el 'procés', incluyendo las enmiendas relativas al terrorismo de la formación que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica, peligra la legislatura en el Congreso porque se habrá roto el pacto firmado en Bruselas entre los dos partidos para la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a Rac1, el número dos de Junts, preguntado por si los siete diputados de su formación podrían tumbar el Ejecutivo, ha señalado que, sin negar tal afirmación, «si no hay una ley de amnistía, porque es una ley que puede hacer aguas por todos los lados, una ley que al día siguiente de aprobarse hay más detenciones, exiliados, etc., habremos ido a por lana y salido trasquilados». Y ha acusado al PSOE de incumplir el pacto de investidura pues la norma (una ley orgánica) que ayer no pasó el corte del Congreso no es una iniciativa cualquiera.

«¿Es una amenaza? -se ha preguntado Turull- No. Lo que decimos es que hemos de concentrarnos en encontrar la solución (para aprobar la ley). Busquemos un redactado que sea compatible con lo que proponemos, defendemos y acordamos, que sea una ley integral y de aplicación inmediata, y que (en el PSOE) tengáis -escenificando lo que le ha transmitido a los socialistas- la certeza de que tiene fundamentación jurídica, que para nosotros ya la tiene», ha insistido. «Nuestra intención, sabiendo que esto no sería sencillo, es que pueda funcionar (el pacto con el PSOE) pero no estamos ante una ley cualquiera, estamos ante un tema nuclear», ha recordado.

Así, Turull, que ha reconocido que en las últimas horas ha hablado «mucho» con Santos Cerdán, número tres del PSOE y su interlocutor habitual, ha tirado del acuerdo de Bruselas: «El acuerdo al que llegamos con el PSOE era para la resolución de un conflicto político, la base para resolver el conflicto político, para sentarse y que pueda haber un debate sereno, era la ley de amnistía, que no hubiera gente pendiente de si te encarcelarán por aquí o por allí, etc. Si esta base falla, vamos con pies de barro; si nos resignamos a decir 'bueno, hemos hecho lo que hemos podido, etc.,', lo otro (resolver el 'conflicto político') no hace falta ni que lo hablemos».

«El PSOE sabrá si se mueve de aquí (sin incluir todo lo vinculado al terrorismo en la ley de amnistía). Si no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley, blindada, que sea integral y de aplicación inmediata, no está cumpliendo lo que nosotros acordamos», ha insistido en varias ocasiones durante la entrevista para la radio autonómica. Un mensaje a los socialistas que ha incluido una referencia al concepto terrorismo: «No pedimos que se amnistíe el terrorismo, porque no hubo terrorismo, pero que (los jueces) no lo tengan fácil. El PSOE lo ha dicho, en el 'procés' no ha habido terrorismo, y el PSOE ha dicho que hay jueces que están haciendo activismo político».

En relación al redactado concreto del texto, que ayer no consiguió la mayoría cualificada del Congreso para seguir su trámite en el Senado y que ahora vuelve a la comisión de la Cámara Baja para elaborar un nuevo dictamen, desde Junts han dejado claro que tal y como está redactado no podrá contar con su «sí». «La ley que está redactada ahora no podemos votarla a favor, porque de entrada ya sabemos que deja a mucha gente fuera y la ley de amnistía no era un indulto de gama alta, solo para unos cuantos». Y ha reconocido que, en su opinión, la ley con el redactado actual dejaría fuera a Puigdemont y Marta Rovira, secretaria general de ERC y fugada de la Justicia en Suiza.

Siguiendo esta línea argumental, Turull ha defendido, como señalara Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ayer, desde la tribuna de oradores, que la propuesta de Junts es que la norma que se apruebe sea «integral» y de efecto inmediato, evitando que los jueces puedan «suspender» su aplicación. «Con todo lo que hemos visto en estos dos meses, dos meses y medio, desde que se presentó la ley, tal y como se han desbocado ciertas instancias judiciales y todo lo que están llegando a hacer, consideramos que han abierto a golpes de martillo una serie de vías de agua que nosotros hemos de blindar y tapar», ha dicho.

Y ha cargado contra los jueces que tratarán de «boicotear» el cumplimiento de la ley y contra España como país democrático: «Tal y como está el texto ahora, ya lo decíamos muy bien ayer, con unos tribunales normales, en un Estado democrático normal, la ley sería buena, efectivamente. Pero lo que hemos visto durante estos dos meses y medio, incluso haciendo encuentros de magistrados con un manual para boicotear la amnistía, con un relato diciendo que como la ley de amnistía dice esto la instrucción la derivamos hacia otro lado, hombre, ahora que tenemos la oportunidad, blindemos (la norma) mucho más».

El Gobierno, por su parte, trata de ser optimista sobre el futuro de la ley de amnistía, o lo que es lo mismo, sobre el devenir de una legislatura que ya ha sufrido un primer revés de importancia. La duración de la misma no es cosa de los socios, sino de Sánchez, expresaron en distintas entrevistas tanto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como el biministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Una suerte de 'wishful thinking' o declaración retórica de resistencia que palidece ante la comprobación de hasta qué punto Puigdemont se ha convertido en el hombre que marca los tiempos del nuevo mandato del Gobierno de izquierdas.

Sánchez digiere el revolcón parlamentario propinado por Junts en Bruselas, donde este jueves asiste a la reunión del Consejo Europeo. Fuentes del Gobierno transmiten que «habrá salida» al embrollo de la ley de amnistía, que vuelve ahora a discutirse en la comisión parlamentaria, aunque no saben precisar cuál sería el punto de acuerdo con Junts. Los de Puigdemont ya han dejado claro que las cesiones conseguidas hasta ahora les saben a poco, y el Ejecutivo empezó a fijar el mismo martes que se perdió la votación la idea de que ir más allá rebasaría los límites que el Tribunal Constitucional permitiría para avalar la norma.