La defensa de Roca pide la nulidad de las escuchas telefónicas
También ha solicitado la suspensión del juicio antes de su comienzo

La defensa de Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, y presunto cerebro del caso Malaya, ha solicitado esta mañana la nulidad de las escuchas policiales durante la primera jornada de juicio que ha dado comienzo esta mañana en la Audiencia Provincial de Málaga.
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La letrada, además, también ha pedido que se invaliden las entradas y registros que conciernen a su cliente.
En la jornada de hoy se están dirimiendo las cuestiones previas, un proceso que está previsto que se prolongue durante varias semanas y en las que las distintas defensas harán sus salvedades a la instrucción del caso.
La ex alcaldesa del municipio, Marisol Yagüe, ha sido la última en llegar a la sede judicial mientras que su predecesor , Julián Muñoz, ha sido el acusado que más atención mediática ha concentrado.
La jornada está transcurriendo con gran normalidad y una rapidez destacable para tratarse de un caso tan voluminoso y complejo.
En los exteriores de la Audiencia malagueña se han concentrado numerosos curiosos y medios de comunicación.
Alega la ausencia de expedientes
En la fase de cuestiones previas, la abogada que representa a Roca, Rocío Amigo, ha impugnado todas las intervenciones telefónicas desarrolladas durante los cuatro años y medio de instrucción por falta de motivación y falta de proporcionalidad, entre otros argumentos, y ha demandado que se resuelvan con carácter previo al inicio del juicio oral. La ausencia de algunos expedientes urbanísticos, y que la posible causa ya esté juzgada en otro procedimiento, son dos de los motivos esgrimidos por la letrada para justificar la suspensión de la vista antes de exponer las cuestiones previas, petición que ha sido denegada por el tribunal.
Durante su exposición, Amigo ha denunciado que la Policía "ha mentido" en reiteradas ocasiones y que el primer juez instructor, Miguel Ángel Torres -ahora destinado en Granada- "no quiso comprobar si lo que decían (los policías) era cierto". Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.
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