La jueza que investiga al hermano de Sánchez: «Los datos reafirman los indicios de delito»

Después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interviniera este miércoles los correos electrónicos de todos ellos durante siete años (2016-2022) -hasta el mismo día del registro en el caso del hermano del presidente-, los agentes solicitaron de inmediato a la jueza instructora que les permitiera desgranar toda esa información. Y así lo hizo ésta al día siguiente, a través de un auto en el que señala que todos los datos que se han ido incorporando a la causa en este mes y medio «no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de la comisión de los delitos investigados», entre otros contra la Administración Pública y por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz concluía el pasado jueves que «en esta fase inicial del procedimiento» es «necesario» llevar acabo más diligencias de investigación sobre dichos indicios, por lo que faculta a los agentes de la UCO a que investiguen todos esos correos electrónicos que habían incautado el día anterior en la Diputación de Badajoz. Lo que sospechan los investigadores es que dichos correos podrían demostrar contactos o maniobras entre los responsables políticos y técnicos de la diputación para crear y adjudicar ese puesto al hermano de Sánchez.

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Adriana Cabezas

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La Fiscalía Provincial no se opuso a que la UCO incautara esos correos, como respondió al propio juzgado el mismo día que los autorizó. Toda la información que se derive de ellos debe ceñirse a lo que se investiga en esta causa y descartar cualquier contenido personal o ajeno a la misma.

En el mismo auto del pasado jueves, al que ha tenido acceso ABC, la jueza también se muestra sorprendida por otro hecho que le «llama la atención». Y es que la institución provincial sólo haya habilitado un despacho a David Sánchez coincidiendo con la denuncia de Manos Limpias en la que se le acusa, entre otras cosas, de no tener un espacio fijo porque apenas acudía a su puesto de trabajo.

Por eso la instructora de la causa judicial se muestra extrañada de que «personal de alta dirección [David Sánchez es jefe de la Oficina de Artes Escénicas] carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo en el mismo mes [el pasado mayo] en que se interpone la denuncia».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con autorización de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, entró el pasado miércoles en la Diputación de Badajoz para volcar el contenido de su correo corporativo, el del presidente de la institución pública, Miguel Ángel Gallardo, y siete responsables más, ante la sospecha de que pudieron participar en «actos preparatorios» para la «creación y adjudicación» de su puesto de trabajo como coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de este organismo.

Así consta en un informe del Instituto Armado, adelantado este viernes por ABC, que los agentes entregaron al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al frente de las pesquisas, dos días antes de que la Guardia Civil se presentara en la diputación para incautar las comunicaciones de las personas que intervinieron en el proceso de selección de David Sánchez -conocido por su nombre artístico, David Azagra- en mayo de 2017.

La Guardia Civil solicitaba permiso a la instructora para llevar a cabo la diligencia al concluir que la documentación aportada a la causa por la institución pública no era suficiente ni concreta. «Es parecer de esta instrucción policial, a través de la experiencia en causas similares y la propia lógica de la consecución de los hechos que, por parte de los responsables de la diputación provincial, habrían tenido lugar una serie de actos preparatorios en una esfera previa (...) que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del juzgado, donde existirían diferentes comunicaciones entre ellos para la consecución del fin perseguido, que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo, en un primer momento, y el cambio de denominación del mismo posteriormente», expone la UCO, también en relación al cambio de nomenclatura que sufrió el cargo de David Sánchez en octubre de 2022, cuando pasó a ostentar la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.

Según fuentes del caso consultadas por este diario, los investigadores analizan ya el contenido de los correos (que estuvieron descargando durante casi cuatro horas), intercambiados entre los años 2016 y 2022 por ocho responsables de la diputación. Entre ellos, destaca su presidente, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que firmó el contrato de alta dirección con el hermano del ahora presidente del Gobierno, que por entonces ya era secretario general del PSOE. También los correos del jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González; el del jefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija; el de la directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Emilia Parejo; y dos diputados delegados. Se trata de Francisco Martos, del área de Cultura y Deportes, que firmó el cambio de denominación del puesto que ocupa ahora David Sánchez, y de Antonio Garrote, que rubricó las bases de la convocatoria para concursar la plaza y también firmó el contrato con el hermano del presidente del Gobierno.

Además, los agentes pidieron la intervención de las comunicaciones de la diputada delegada de Cultura en el momento de los hechos, Cristina Núñez, que formó parte de la Comisión Asesora para la selección del personal candidato, y de la entonces directora de Cultura y Acción Ciudadana, Elisa Moriano. Al no trabajar en la actualidad para la diputación, la UCO informa en su acta de entrada e incautación que las cuentas de ambas habían sido eliminadas. Los técnicos informáticos procedieron en su caso a la carga y restauración de las copias de seguridad almacenadas en el servidor.

En lo que respecta al correo corporativo de David Sánchez, los agentes consideraron que el volcado de su contenido debía extenderse «desde su creación hasta la actualidad». Y así lo hicieron. La autorización de la jueza incluía también el acceso a las carpetas con elementos borrados, así como a los mensajes que se encontraran en la de carpeta de 'no leídos'. Ahora ha pedido a los investigadores que, una vez analizado el contenido, plasmen sus conclusiones en un informe.

La primera vez que la jueza Beatriz Biedma se dirigió a la Diputación de Badajoz para recabar información fue el pasado 30 de mayo, sólo un día después de que llegara a su mesa por reparto la denuncia presentada por Manos Limpias, la asociación que también ha propiciado la imputación de la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Biedma, al apreciar en la misma indicios de delito, incoó diligencias por malversación, prevaricación, tráfico de influencias e ilícitos contra la Administración y la Hacienda Pública. Y libró un oficio para que el organismo hiciera entrega de toda la documentación relativa a la contratación laboral de David Sánchez, «incluida la referente a su proceso de selección» y detallara sus funciones, su horario, salario y si tenía permiso para teletrabajar. En un segundo escrito, pedía que informara sobre la comisión de investigación de la propia diputación que tuvo lugar en junio para analizar sus actividades.

Tras recibir un primer paquete de documentación la magistrada volvió a dirigirse a la institución provincial el 18 de junio. En esta ocasión, preguntó si disponía de un «sistema de control horario de entrada y salida» y, en caso afirmativo, pidió que le facilitaran los registros desde la fecha de la contratación de David Sánchez, así como localización física de su despacho.

Para la UCO, con lo aportado por la diputación «no era posible llegar a un conocimiento exacto» de las funciones desarrolladas específicamente por el hermano de Pedro Sánchez pues -asegura- la documentación «refleja actividades y eventos de forma genérica, aportando trípticos de los mismos, pero sin llegar al detalle de la tarea concreta llevada a cabo por los trabajadores implicados en general ni por el puesto objeto de la presente causa en particular».

De esta manera, la investigación coge impulso en lo relativo a las circunstancias en las que David Sánchez accedió a su plaza. Manos Limpias le acusaba además de percibir un sueldo público sin ir a trabajar y de residir en la cercana Elvas (Portugal) para evitar pagar impuestos en España. También tachaba de «desproporcionado» su patrimonio, que estima en 2 millones de euros.