La jueza archiva la causa por la piñata de Sánchez en Ferraz: «La falta de educación no es delito»
La instructora descarta un ilícito de odio porque se desconoce la ideología de los manifestantes ni si es compartida entre ellos
Concentración ultra en Ferraz contra Sánchez en Nochevieja
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha archivado la investigación sobre la protesta celebrada la pasada Nochevieja en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz durante la que un grupo de exaltados golpeó una piñata que en teoría representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque entiende que prima la liberta de expresión y la crítica política y, sobre todo, que «la falta de educación no es delito».
En un auto al que tuvo acceso ABC, la instructora descarta así la comisión de un delito de odio, como el que había denunciado el PSOE en un escrito dirigido a la Fiscalía porque, conforme razona, «se desconoce la ideología de los asistentes y si esta es común a los mismos». «No se les vincula con ningún grupo. Por ello, difícilmente puede considerarse que con la conducta analizada expresen odio hacia otro grupo», señala.
En este sentido, señala que «considerar estos hechos como un delito de odio sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática» como la española y que blinda su Constitución. «Es lógico -dice la instructora- que, dentro de un sistema de pluralismo político, aquellos que discrepan con un partido político puedan expresar su descontento de diversas formas, como agruparse frente a la sede del partido y utilizar expresiones despectivas».
Resalta sobre este asunto que «perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como lo es el poder ejecutivo» y «quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente, podrían ser censurables desde esta perspectiva» pero aunque pueda ser «desagradable para el aludido o sus partidarios», no es delito.
Señala en todo caso que «el acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata o muñeco de cartón, que representa a una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga» y apostilla que «en ningún caso su apariencia reproduce la imagen del presidente del Gobierno».
También descarta responsabilidades en los autores de la difusión de los hechos en directo pues señala, siguiendo el atestado policial, que «los vídeos publicados hacen referencia a 'uvas 24 ferraz', 'Especial uvas en ferraz', 'Nochevieja patriótica 2023/2024 en ferraz'», así como «'patriotas fostian una piñata Sánchez en la Nochevieja de calle ferraz'», pero «ninguna de estas expresiones puede relacionar a los que emiten los vídeos con una ideología en concreto».
De la denuncia a las diligencias
El PSOE presentó una denuncia por estos hechos a principios de enero en la que apuntaba a delitos de odio, de amenazas, de injurias y de calumnias perpetrados contra las altas instituciones del Estado. Consideraba que el linchamiento de la piñata inducía al magnicidio y señalaba tanto a los participantes en la protesta en sí como a las organizaciones que entendía podían estar detrás y de las que predicaba vinculaciones con el partido político Vox.
Tras analizar los hechos, la Fiscalía General del Estado remitió la denuncia a la Audiencia Nacional, donde el Ministerio Público había abierto diligencias para dirimir si concurrían o no indicios delictivos y si este órgano era el competente para investigar los hechos por la connotación de ser el presidente del Gobierno el principal señalado por los manifestantes.
Sin embargo, esas diligencias decayeron cuando se hizo constar que una juez de Madrid había ya judicializado el asunto a partir del atestado que la Policía Nacional levantó sobre lo sucedido aquella noche junto a la sede del PSOE. Esa es la causa que ahora se archiva, al llegar la instructora a la conclusión de que los hechos no son delictivos porque prima la libertad de expresión. Los socialistas, en todo caso, han anunciado que recurrirán la decisión, según informó Ep.
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