El juez da por terminado el caso Mascarillas y se prepara para procesar a Luceño y Medina
Rechaza prorrogar la investigación, que vence en abril: «Existen indicios más que suficientes»
La Policía concluye que Luceño escribió las declaraciones a San Chin Choon
El juez del caso Mascarillas, Adolfo Carretero, ha puesto fin a la investigación que gira en torno a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina en un auto por el que que rechaza prorrogar el plazo de instrucción, que vence a principios de abril, como pedían algunas acusaciones populares.
La resolución, a la que tuvo acceso ABC, expone que «el procedimiento ya se ha prolongado bastante y existen indicios más que suficientes como para concretar las imputaciones en el Auto de Procedimiento Abreviado», que será el que prepare la causa para después, enviarla a juicio.
La causa se sigue entre otros, por un delito de estafa agravada del que habría sido víctima el Ayuntamiento de Madrid en la primera ola de la pandemia, cuando adquirió mascarillas, guantes de látex y test de covid a los dos comisionistas por once millones de euros sin saber, de acuerdo al sumario, que el precio estaba inflado hasta en un 48%.
Luceño guardaba hasta 78 versiones de una carta del alcalde de Madrid sobre las mascarillas
Los registros en su casa y oficinas hallan indicios de manipulación en documentos oficiales y dudas sobre la firma del supuesto San Chin Choon
De hecho, ambos se llevaron del negocio seis millones de euros, más de la mitad del dinero que salió de las arcas públicas. Cinco fueron a parar a Luceño y el sexto, a las cuentas de Medina, en calidad de comisión y, según la documentación de la causa, sin que el Consistorio tuviese conocimiento de ello.
A lo largo de las pesquisas afloraron otros indicios delictivos, como que la documentación que presentaron los comisionistas en el banco para justificar el dinero que recibieron directamente desde Malasia presentaba alteraciones en las firmas del proveedor del material, el ciudadano asiático San Chin Choon, CEO de la empresa Leno. Otro de los certificados que aportó Luceño, expedido por la Cámara de Comercio Internacional, resultó ser falso, según indicó el propio organismo.
Un ingrediente más: cuando entraron en casa de este comisionista, los investigadores encontraron hasta 78 versiones de una supuesta carta del alcalde de Madrid a las autoridades chinas solicitando información en relación a la pandemia. Se llevaron, asimismo, una placa y una tarjeta falsas del Centro Nacional de Inteligencia.
Por último, el volcado de su móvil reveló que los supuestos intentos infructuosos de San Chin Choon para colaborar con la Justicia española en la investigación podría haberlos diseñado él. A golpe de hilos de conversación por escrito, la Policía reconstruyó cómo Luceño escribió para el asiático hasta las respuestas que debía dar al interrogatorio que el fiscal Luis Rodríguez Sol había enviado para él a las autoridades de Malasia.
Sin escalada política
En paralelo, se fueron despejando las dudas sobre el papel de la funcionaria que gestionó la compra, Elena Collado, a quien la acusación que ejerce Podemos quiso imputar recibiendo la misma negativa hasta en tres ocasiones. Dos de parte del juez y otra, de la Audiencia Provincial de Madrid. No hay indicios de que cometiese ilícito alguno.
Por lo mismo, se fueron cerrando las vías de escalada a responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Madrid. La sospecha nació del modo en que los comisionistas llegaron al Consistorio para ofrecer su producto: fue gracias a la agenda de Luis Medina, que llamó al primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Este le derivó a la mano derecha del regidor, quien, a su vez, le indicó el mail de contacto de Collado, que estaba centralizando las compras. Todos declararon como testigos y tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Carretero descartaron conductas ilícitas, aunque para la acusación popular que ejerce el PSOE todavía queda campo por investigar.
A falta de un informe y documentación
«La presente causa está prácticamente instruida pues la Policía encargada de analizar los efectos intervenidos en los registros del investigado Sr. Luceño ya ha presentado dos informes al respecto y los posteriores se pueden incorporar a las diligencias, vencido el plazo, porque ya estaba acordada la diligencia con anterioridad», dice ahora el instructor.
El auto señala que «lo mismo que sucede con los requerimientos hechos al Ayuntamiento de Madrid y Funeraria Municipal para aportar la documentación relacionada con el transporte de la mercancía», una diligencia que habían pedido las acusaciones populares a fin de contrastar los costes que, más allá de la compra del producto, asumió el Consistorio.
No hay así, de acuerdo al razonamiento del instructor, «necesidad de prorrogar la investigación sin motivo justificado, máxime cuando la Policía ya está investigando lo hallado en el registro del Sr. Luceño, so pena de convertir esta investigación en una causa general sin limitación de tiempo por si aparecen futuros e ignorados investigados lo que sería una investigación prospectiva no autoriza la Jurisprudencia del Tribunal Supremo».
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