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El juez notificó a Begoña Gómez al abrir la causa que le otorgaba condición de investigada

Su defensa se personó en las actuaciones tras la constancia de que se le atribuía esa «condición»

La Fiscalía fue notificada un día antes de que la prensa revelase la existencia de la causa

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Begoña Gómez en una imagen de archivo ABC
Isabel Vega

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El juez instructor Juan Carlos Peinado dirigió la causa por la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, desde el momento en que abrió diligencias, al acordar en el mismo auto de apertura notificarle las actuaciones para que pudiese designar abogado si lo estimaba conveniente en su condición de «investigada».

«Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera, a los efectos de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, necesario, que se el dé traslado del presente auto», dice la resolución, que obra en el sumario de la causa al que tuvo acceso ABC.

El auto está fechado el 16 de abril y «dirige al investigación, contra al persona de Begoña Gómez como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios, sin perjuicio de que, del resultado de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten partícipes otras personas».

Es la misma resolución que acordó citar a los responsables de los medios de comunicación cuyas noticias sustentaban la denuncia inicial de Manos Limpias, la misma que estaba admitiendo a trámite por entender que el relato que aportaba ofrecía verosimilitud.

Razonaba que «con independencia de la fuente de conocimiento por parte del denunciante, que son medios de comunicación pública, esos hechos, que, merecen ser investigados, y son hechos concretos, de actuaciones en las que ha podido tener participación directa la denunciada». «Esa concreción de hechos -decía la resolución, del 16 de abril-, descartan que al denuncia pretenda que se realice una investigación prospectiva».

El oficio que habría de notificar a Begoña Gómez es de cuatro días más tarde, el 22 de abril, que notificaba «a la investigada» y le daba traslado de la resolución incoando la causa tanto a ella como a la Fiscalía.

La defensa de la mujer del presidente la recibió y cursó personación ante el juzgado el día 24 de abril. «Habiendo recibido la Sra. Gómez Fernández testimonio de la parte dispositiva del auto dictado en las presentes Diligencias Previas, por el cual se acuerda incoar Diligencias Previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de ese Juzgado que interesa al derecho de mi representado instar su personación en la presente causa», decía el letrado, Antonio Camacho.

La Fiscalía lo supo el día antes de publicarse

En cuanto a la Fiscalía, consta que le fue notificado el día 23 de abril, un día antes de que se publicase en prensa la existencia de una causa abierta contra Begoña Gómez. Respondió el día 25 con un recurso de apelación directo que pedía revocar todo lo actuado.

«Carece el auto recurrido de cualquier razonamiento jurídico sobre si los hechos relatados reúnen, al menos indiciariamente, los elementos de los tipos penales, limitándose a considerar que 'merecen ser investigados', de manera que la investigación que se pretende iniciar se sustentaría, si así se abriese, en 'meras hipótesis o en la pura y simple sospecha'», decía el recurso.

Conforme argumentaba el recurso, que está aún pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid, «es un hecho objetivo que al denunciada es esposa del Presidente del Gobierno, y tal circunstancia es de público conocimiento, pero, más allá de ello, no se hace referencia alguna en al denuncia ni el auto recurrido en qué forma se habría 'prevalido' la denunciada de dicha circunstancia» en tanto que las cartas de recomendación firmadas por ella que aportó una empresa al presentarse a dos concursos públicos estaban rubricadas en su condición de codirectora de un máster.

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