El juez del caso Koldo requisa los emails de los cargos de Baleares y Canarias que negociaron las mascarillas

La petición nace de la Fiscalía Anticorrupción y persigue recabar «el contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020» del exdirector de Compras que certificó que las mascarillas estaban bien aunque luego devinieron inservibles, Antonio Mascaró; y el exdirector general del Servicio de Salud de Baleares, Julio Miguel Fuster, altos cargos ambos de la administración de Armengol con un rol clave en todo aquel proceso de contratación.

Se les requiere asimismo «toda la documentación que obra en su poder sobre el contrato» de 3,7 millones de euros en mascarillas a Soluciones de Gestión, material por el que sólo se reclamó a la empresa proveedora cuando el PSOE Balear se preparaba para abandonar el Gobierno de las Islas. El juez reclama también los emails que intercambiasen los intervinientes en esa reclamación posterior que tuvo su eco en las escuchas del sumario, porque el exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría intentado frenarla.

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Cabe recordar que la acusación que ejerce Veritas Justicia había pedido citar como testigo a la propia Armengol, entre otros cargos de su administración en Baleares. El juez, en línea con la Fiscalía, contesta que «no procede en este momento procesal en tanto no se disponga de la información requerida al Servicio de Salud de las Islas Baleares y la Unidad Policial actuante elabore el correspondiente informe».

En el caso de Canarias, se reclaman igualmente «todos los buzones/carpetas» del correo electrónico corporativo de la que era directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, y toda la documentación sobre la compra. En este caso fueron cuatro expedientes que sumaron más de 12 millones de euros en mascarillas. Deberán entregarse, si no lo hicieron ya a requerimiento de Anticorrupción, a los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Se trata del primer impulso de la investigación sobre las mascarillas que adquirieron los dos gobiernos regionales y que estaba en manos de la Fiscalía Europea porque se financiaron en parte con fondos comunitarios. Tras un conflicto de competencias, el Tribunal Supremo dio la potestad a la Audiencia Nacional para asumir toda la investigación, que hasta ahora se centraba en el material que compraron el Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif y el de Interior mediante la Secretaría de Estado de Seguridad.

Para el juez, la superación de los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de una medida como esta, que lesiona derechos fundamentales, «no puede ser más incontestable, siendo esta la única vía que permitiría conocer e identificar a los miembros de la organización investigada».

«En el presente caso, no nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública», señala.

Por otra parte, el juez atiende a una petición de la acusación popular que ejerce la Asociación Liberum y cita a una batería de testigos para intentar aclarar a dónde fueron a parar las mascarillas de las que, según la auditoría de los contratos realizada por el actual ministro Óscar Puente, no figura acta de entrega. Suman más de siete millones de euros las unidades compradas con fondos públicos de las que se desconoce, sobre el papel, el destino final.

Cita para el 21 de octubre al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, empresa que se encargó del reparto de las mascarillas una vez llegaron de China porque la conocía el entonces presidente de Puertos del Estado y la recomendó. También a quienes debieron recibir el material: el jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana; y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García.

Asimismo, convoca al director General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, más conocido en los círculos policiales como 'Lenin' y persona de confianza del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Tendrá que comparecer el 14 de octubre.

En este caso, la citación obedece a que Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación de la Secretaría de Estado de Seguridad, dijo como testigo en la Audiencia Nacional que fue él quien le indicó el nombre de Soluciones de Gestión como proveedor de mascarillas para este departamento.

Hay más testigos, a petición estos también de Liberum y por las referencias que hicieron en sus declaraciones otros comparecientes. Las dos inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes que participaron en la auditoría de Puente.

Por último, Moreno acuerda a instancias de Anticorrupción requerir a la AEAT para que designe funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL y el investigado Víctor de Aldama en el ejercicio 2020. Esto abriría las puertas a la personación de la Abogacía del Estado como acusación, pues aún no ha entrado en el procedimiento pese a sobrevolar desde el inicio la concurrencia de delitos fiscales.