El juez del caso Villarejo denuncia por falso testimonio a la exasesora de Pablo Iglesias

La decisión, que sobrevuela la causa desde hace meses, se adopta a instancias de la Asociación de Juristas Europeos Prolege, que ejerce la acusación popular. Pidió al instructor que enviase a Bousselham a los juzgados ordinarios porque entendía que en todas sus comparecencias como testigo faltó a la verdad, como cuando atribuyó al clan de Villarejo la difusión en medios de comunicación de una serie de pantallazos de conversaciones en su teléfono.

Esos pantallazos fueron hallados por la Unidad de Asuntos Internos en los archivos del polémico comisario. Estaban en una carpeta supuestamente volcada directamente del móvil de Bousselham que se llamaba «sent», es decir, los había enviado ella. Para cuando reconoció que había compartido determinados contenidos con personas de su círculo el caso llevaba dos años en instrucción. Llama la atención que la información sobre la ubicación de esas imágenes constaba ya en el primer informe policial a partir del cual se desencadenó la investigación.

De igual modo, se ponía de manifiesto en la denuncia de Prolege que Bousselham declaró una cosa y la contraria cuando lo que estaba en juego era dirimir si Pablo Iglesias averió intencionadamente la tarjeta de memoria del teléfono, unos daños informáticos que se le atribuyeron indiciariamente pero no se pudieron nunca acreditar precisamente, por el estado en que se encuentra el dispositivo.

El juez trasladó los argumentos de Prolege a la Fiscalía Anticorrupción y en un escrito del pasado 5 de julio, al que tuvo acceso ABC, los fiscales se mostraron en contra de deducir testimonio contra Bousselham. «Examinadas las respectivas declaraciones de los testigos se evidencian las vaguedades contradicciones de sus versiones sobre los hechos por los que fueron interrogados, puestas de manifiesto por la acusación particular, sin embargo no cabe considerar que con ello se haya alterado de ningún modo el resultado de la instrucción», dicen los fiscales.

Exponen que «con el resultado del informe pericial sobre el origen de los daños de la tarjeta», que no es concluyente, «resulta inviable la atribución a Pablo Iglesias Turrión de un delito de daños informáticos» y de ahí que entiendan que el testimonio de la exasesora no interfirió en el devenir de las pesquisas.

Pero añaden un argumento más: «Una vez concluida la fase de instrucción resulta altamente previsible que ambos testigos tengan que declarar en el juicio oral sobre los mismos hechos, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se estima procedente proceder por un delito de falso testimonio contra los citados testigos». Ese precepto establece que cuando un testigo haya comparecido durante la instrucción, sólo se podrá ir contra él por falso testimonio cuando haya vertido esa falsedad en el juicio.

Tras analizar los argumentos de Prolege, el juez coincide con esta acusación popular en que hay razones para que los juzgados investiguen sin Bousselham mintió en su papel de testigo, que obliga a decir verdad. En la misma situación está su pareja, Ricardo Sa Ferreira. Le dijo al juez y a los fiscales que tras el robo del móvil en un Ikea de Alcorcón no habían recuperado nada, cuando fue él mismo quien envió a un servicio de reparación la tarjeta de memoria de aquel teléfono, la misma que Pablo Iglesias recuperó de manos del presidente del Grupo Zeta y que devolvió finalmente a su legítima propietaria varios meses después.

Pero no sólo pide que se investigue a Bousselham ante los indicios de que mintió en la Audiencia Nacional. En un auto fechado este mismo jueves, el juez también deduce testimonio a los Juzgados de Alcorcón por la presunta comisión de una denuncia falsa o simulación del delito, pues fue en esta localidad madrileña donde la exasesora de Iglesias denunció inicialmente que le habían robado la tarjeta del móvil a finales de 2015. Después amplió la denuncia, al ver que varios pantallazos de conversaciones se publicaron en los medios y pidió sin éxito diligencias de investigación.

García Castellón explica que, tal y como recuerda Prolege, el propio magistrado ya puso de relieve las contradicciones apreciadas en las declaraciones de Bouselham y su pareja en la exposición razonada elevada a la Sala Penal del Tribunal Supremo hace dos años, el 7 de octubre de 2020.

Ahora, con la pieza reabierta por orden de la Sala de lo Penal, que impuso más diligencias, y en ciernes de que se cierre definitivamente la instrucción, el instructor señala a Bousselham para que se investiguen esas presuntas falsedades fuera del caso Villarejo, porque no tendrían nada que ver con aquel.