El juez imputa a Begoña Gómez apropiación indebida e intrusismo profesional y la cita por el software

Lo hizo después de que la iniciativa le llegase rebotada del Juzgado número 48, que recibió la querella en primer lugar, y una vez la Audiencia Provincial de Madrid resolvió que Peinado era competente para investigarlo. Con estos mimbres, el instructor de la causa imputa a la mujer del presidente del Gobierno dos nuevos delitos, apropiación indebida e intrusismo profesional. La ha convocado en su juzgado el 18 de noviembre a las 11.30 horas para notificarle la imputación y citarla a declarar, lo que en la práctica supone que tendrá que acudir dos veces.

A Begoña Gómez la resolución le ha pillado acompañando a su marido en la India, donde el presidente se encuentra de viaje oficial. Preguntado por este asunto y tras criticar que la querella la interponen «las mismas organizaciones ultraderechistas», Sánchez ha defendido que «de donde no hay nada, nada se puede sacar» y que «el tiempo pondrá a cada uno en su lugar», informa Inés Ruiz-Jiménez.

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Isabel Vega

De momento, su mujer ya estaba investigada por tráfico de influencias y corrupción entre particulares y, desde este martes, por apropiación indebida e intrusismo profesional. El instructor no ha admitido la querella en su totalidad, ya que, a diferencia de lo que señalaba la acusación popular, no encuentra hechos incardinables en delitos de malversación de fondos públicos o administración desleal, que quedan descartados por ahora.

Sobre la apropiación indebida, razona que del relato de Hazte Oír «se podría inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, a la UCM, habría inscrito a su favor como titular de la entidad mercantil Transforma TSC S.L. la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente del software de la Cátedra Transformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense». Ve así «evidente» que la conducta se compadece con el tipo penal. Y no es la primera vez que se pone sobre la mesa esta posibilidad.

Ya el pasado mes de junio, la propia Complutense se dirigió al juzgado para avisar de que sus investigaciones internas habían llevado a la conclusión de que Begoña Gómez había constituido una sociedad inscrita en el Registro Mercantil, «sin conocimiento ni participación» de la universidad, denominada Transforma TSC, lo que «pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación» de la cátedra homónima.

Detallaban que en ese proceso de indagaciones se le había pedido información a la propia mujer de Sánchez, sin que ella hubiera contestado y al final exponían ante el juez que, «dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión», la UCM no iba a poder esclarecer lo sucedido. Solicitaba que, en caso de acreditarse que mediaba un perjuicio patrimonial para la Complutense, se le dejara personarse como acusación, abriendo así la puerta a la sospecha de algún tipo de ilicitud en la gestión del software.

Cabe recordar además que, mientras en la Audiencia Provincial de Madrid se dirimía qué juzgado debía encargarse de este asunto, Hazte Oír denunció que la web que alojaba el software había sido borrada, lo que la defensa de Begoña Gómez atribuyó a que la Complutense no quería hacerse cargo de las cuotas del dominio y ella no estaba dispuesta a asumirlo. El juez, en el auto de admisión de la querella, acuerda requerir a la empresa que lo sostenía el histórico de pagos y facturas, así como la identificación de la persona en concreto que ordenó la creación de esa web, asociada a la mercantil que está registrada a nombre de la esposa del presidente del Gobierno.

Pero hay más diligencias. El software empezó como un proyecto acometido de forma altruista entre Google, Telefónica e Indra para la universidad madrileña, pero después se sacó a concurso y se adjudicó a Deloitte. Peinado ha pedido a las tres primeras multinacionales que informen «de las cantidades invertidas en la ideación, diseño y puesta en funcionamiento o mantenimiento del software, programa o aplicación realizado para el máster de Transformación Social Competitiva de la Complutense» y las deducciones fiscales que hubieran obtenido por ello.

Respecto del delito de intrusismo profesional, la querella lo incardinaba en que fue Begoña Gómez quien se encargó de la redacción de esos pliegos de prescripciones técnicas para la contrato que finalmente se adjudicó la consultora. El instructor razona que llevó a cabo esa gestión sin que hubiera «acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente las necesidades exigidas a los licitadores».

Además señala que «entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo en principio de la condición de autoridad o funcionario para la elaboración» del mismo. Esto, a priori, podría ser constitutivo de un delito de intrusismo profesional, a ojos del instructor, que admite en esto también la querella. Y tampoco es un asunto nuevo en la causa que se sigue en el juzgado de instrucción, donde ya consta un escrito de la Junta de Gobierno del Colegio de Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía que ya en mayo denunciaba esa situación, sin que hasta ahora se hayan tenido en cuenta por no ser el software objeto de las pesquisas.

Aquel escrito sostenía que Begoña Gómez había «suscrito un pliego de prescripciones técnicas en el marco de un proyecto de ingeniería informática careciendo por completo de la titulación oficial habilitante». «Dado que se trata de un acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de intrusismo», alegaba.

Adjuntaba los pliegos del concurso que, efectivamente, firma Begoña Gómez. La licitación fue por 60.000 euros sin IVA. Además, una de las entidades que firmó adendas de colaboración económica con la cátedra extraordinaria que dirigía Gómez, Human Age Institute, comprometió 10.000 euros de patrocinio. El acuerdo con esta división de Manpower Group, como la identifica la querella, pasaba por su participación en un «comité de testeo» para crear una «plataforma de medición de impacto recurrente». El juez ha pedido a esta entidad que aporte información.

Ese software debía permitir a las empresas medir su nivel de compromiso con la sociedad. En la web transformatsc.org se ofrecía como herramienta donde, a golpe de rellenar una serie de campos, el usuario recibía una suerte de informe que acreditaba su impacto en la transformación social.

Eso, pese a que la emisión del documento era automática, lo que descarta verificación previa de que la información facilitada por el usuario fuese certera. De hecho, en el listado de empresas que han pasado por esos formularios -pymes de diversas áreas, según fuentes conocedoras- constan nombres ficticios y respuestas aleatorias.

La pregunta que subyace es para qué servirían esos informes y si se buscaba una suerte de certificación que las empresas pudieran esgrimir en la contratación pública, sospecha que impulsó a la acusación popular a presentar la querella que ha dado lugar ahora a las nuevas imputaciones sobre Begoña Gómez.