El juez deja a un paso del banquillo al jubilado de Burgos que envió sobres explosivos a Moncloa
Había comprado en Amazon todo lo necesario para fabricar las cartas como la que hirió a un vigilante en la Embajada de Ucrania
Se le imputan delitos de terrorismo y fabricación y empleo de explosivos con agravantes
Detenido un jubilado prorruso como presunto autor del envío de sobres bomba a Moncloa y Defensa
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha procesado por delitos de terrorismo a Pompeyo González, el jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) que envió seis cartas con material explosivo en noviembre del año pasado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En un auto notificado este martes, el instructor razona que si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en el que se producen y tanto los destinatarios como la viabilidad de que los sobres hiciesen explosión «evidencian» que fines terroristas.
«En el ánimo del procesado estaba presente tanto el objetivo de alterar la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa», dice el juez.
Pompeyo González: el jubilado aprendiz de hacker que envió los sobres bomba
El exfuncionario prorruso contó que quería ser piloto, pero era caro. A sus 74 años usaba correos electrónicos Protonmail cifrados y la red social VK
Conforme relata, en las entradas y registros en su vivienda se encontraron varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos explosivos caseros; diferentes tornillos junto con muelles similares al «percutor» que se utilizó en los artefactos incendiarios; y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración.
Además, en los sobres se encontraron vestigios de ADN que coinciden con su perfil genético, tal y como pudo acreditar la Comisaría General de Policía Científica después de que en una de las vigilancias a las que fue sometido antes de su detención, se recogiera una bolsa de basura que acababa de tirar en un contenedor. De ahí nacieron las muestras que sirvieron para el cotejo con las cartas, como revela el auto judicial.
Pero los investigadores también acabaron descubriendo desde donde habían sido enviadas las cartas. Los sobres de cartón dirigidos al Ministerio de Presidencia, a la Embajada de EE.UU, y a Torrejón, que no explosionaron, se encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid y las cámaras de seguridad evidenciaron que el resto de paquetes también habían sido procesados allí.
El camino inverso analizando las rutas de los camiones de reparto llevó a diferentes buzones exteriores de la localidad de Burgos. Además, el análisis de los sellos estampados ha determinado que las dos únicas expendedurías donde se pudieron comprar eran dos estancos sitos en las calles San Pablo y Sombrerería de dicha ciudad.
Nitrato potásico por internet
Otro de los indicios tiene que ver con la categoría de los sobres, comprados en una web concreta y que tiene a Pompeyo González en su lista de clientes. El 5 de noviembre había comprado 25 sobres de las mismas características que le fueron enviados a su domicilio en Miranda de Ebro.
No fueron las únicas compras. Durante la investigación se repasaron los productos que había adquirido en Amazon. Las pesquisas revelaron que se hizo entre junio y julio con un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y bombillas incandescentes.
Mientras, entre los meses de octubre y noviembre, también compró pegatinas adhesivas de 100 x 50 mm, bisagras de 25 x 23 mm, toda clase de tornillería, brocas de precisión, plantillas para dibujar los números y el abecedario, así como plantillas para dibujar números y letras del abecedario, etc.
El juez reseña que la comparación y análisis científico de estos productos adquiridos y los utilizados en la confección de los sobres y cajas que contenían las sustancias explosivas permite constatar que las etiquetas autoadhesivas de color blanco adquiridas son del mismo tipo que las que se coloraron en el dorso de los sobres donde se anotó el destinatario y su dirección, así como que las plantillas para dibujar números y letras del abecedario adquiridas, con una alta probabilidad, fueron utilizadas para escribir los destinatarios y direcciones de envío, entre otras similitudes.
Concluye así que hay indicios para imputarle la fabricación de los explosivos habida cuenta de que adquirió, entre otras sustancias, clorato potásico, azufre, y pólvora, elaborando con estas sustancias los artefactos que posteriormente remitió por correo postal a los emplazamientos referidos, «con finalidad de alterar gravemente la paz pública». Además, dentro de estos sobres introdujo postas de plomo a modo de metralla para aumentar la potencialidad lesiva.
Conducta agravada
Para el juez Calama los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo (con la circunstancia de que uno de los trabajadores de la Embajada de Ucrania resultó herido al explosionar el paquete) y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Ambos delitos se atribuyen al procesado en su modalidad agravada al tener en cuenta que los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa con su nombre y primer apellido, es decir, se dirigía contra miembros del Ejecutivo.
En cuanto al delito de terrorismo, Calama recoge la doctrina del TC y del TS en la que se señala que es posible considerar una acción como terrorista aunque no aparezca vinculada a la existencia de una banda organizada cuando, «por su naturaleza, tienda y tenga la entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública», es decir, las capacidad de crear en la población la situación de alarma o inseguridad configurará la acción como terrorista
Unas finalidades, añade, que se ven reafirmadas por la persistencia en la ejecución de las acciones y corroboradas de forma indiciaria por el contenido de las páginas web consultadas por el procesado, entre las que se encontraban el portal de noticas ruso russiatoday.com; el autodenominado «periódico digital mundial sobre armas en español» www.armas.es; así como las páginas www.quimica.es y sputniknews.com.
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