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El juez del caso Begoña Gómez cita a declarar a Pedro Sánchez como testigo el 30 de julio

El instructor Peinado llama al presidente del Gobierno tres días después de la declaración de su mujer y tras citar como imputado al empresario Juan Carlos Barrabés

Begoña Gómez calla ante el juez mientras la causa sigue creciendo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez AFP
Adriana Cabezas

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El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio como testigo en la investigación abierta contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias. Según ha notificado en una providencia dictada este lunes, en virtud del artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será el magistrado quien se desplace al palacio de la Moncloa.

El instructor justifica su decisión en la necesidad de investigar el elemento de «influencia» que requiere ese tipo penal, así como «la posible relación de la persona investigada con una autoridad». Alude en este punto a la interpretación jurisprudencial del «tráfico de influencias en cadena». Acepta así la solicitud de las acusaciones populares, que, después de que el empresario Barrabés desvelara que el presidente del Gobierno estuvo presente en al menos dos de los encuentros que mantuvo con Begoña Gómez en la Moncloa, consideraron necesario aclarar este extremo.

En esa misma providencia, Peinado ordena requerir a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para que, acompañados de agentes de la Unidad Adscrita de Policía Judicial de estos juzgados, se personen el 29 de julio, un día antes de la declaración, en las dependencias del Palacio de la Moncloa, para «proceder a la instalación de los dispositivos necesarios para que la citada prueba documental sea recogida en el correspondiente soporte de grabación". Además insta a este mismo servicio informático a que designe dos técnicos que acompañen a la comisión judicial que realice el desplazamiento para resolver cualquier incidencia que pudiera tener lugar durante la toma de declaración.

Peinado da así un trato diferenciado a Sánchez respecto a otros miembros del gobierno que en el pasado pudieron testificar por escrito porque, justifica, será preguntado por cuestiones de las que no ha tenido conocimiento por razón del cargo que ocupa. En estos casos, la ley establece que si el testigo se resiste a recibir en su domicilio o residencia oficial al juez para que le tome declaración “se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que procedan”. No obstante, cabe recordar que la ley exime a un testigo de la obligación de declarar en contra de su cónyuge.

En una segunda resolución, Peinado modifica la situación procesal del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y lo convierte en investigado. A él le cita a declarar el próximo 29 de julio. La imputación de Goyache se produce cuatro días después de que Juan Carlos Doadrio, el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense que tuvo que poner en marcha la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez, declarara el viernes que fue Goyache quien se lo encargó directamente.

Como publicó ABC, Doadrio relató que Goyache lo llamó «en septiembre de 2020» y le dijo que había que crear «una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno». «Me preguntó si tenía algún inconveniente, entiendo que porque soy destacado militante del PP y he tenido cargos», declaró ante el magistrado, según fuentes conocedoras de la declaración. Doadrio dijo al rector -continuando con su relato- que no tenía problemas «mientras los papeles estuvieran bien».

También el 29 de julio tendrá que volver a declarar, en esta ocasión en calidad de investigado, el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los mismos ilícitos por los que se investiga a Begoña Gómez. El juez Peinado, en su caso, ha fijado la comparecencia para las 10 de la mañana, si bien será por videoconferencia por sus problemas de salud.

Su imputación llegaba después de que en su declaración como testigo del pasado día 15 asegurara ante el juez (a puerta cerrada) que habría mantenido al menos dos encuentros con Pedro Sánchez. Las acusaciones populares, presentes en el interrogatorio, entonces trasladaron que el empresario reveló un par de reuniones en el Palacio de la Moncloa en algún momento posterior a la pandemia y que las dos habrían versado sobre "innovación".

Asimismo informaron de media docena de encuentros que Barrabés habría mantenido con la mujer del presidente del Gobierno con el objetivo inicial de abordar asuntos relacionados con el máster de Transformación Social Competitiva asociado a la cátedra extraordinaria del mismo campo que Begoña Gómez dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)desde septiembre de 2020. Barrabés fue profesor asociado del posgrado.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Begoña Gómez, también presente en la declaración, matizó que Barrabés habría hablado de un único encuentro con Pedro Sánchez en el marco de una ronda del sector de la innovación con otros empresarios a la que habría asistido el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, pero no Begoña Gómez. Y que la segunda vez que habría coincidido con el presidente del Gobierno, esta vez sí acompañado de su mujer, fue también con otras personas de su sector y sólo se saludaron porque le llamaron por teléfono y se fue.

El pasado viernes, 19 de julio, Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar como investigada en su segunda citación ante el juez Peinado. La primera vez alegó no tener conocimiento de los hechos por los que estaba siendo investigada dado que no le habían notificado una de las querellas de las acusaciones populares, HazteOír. La segunda, según explicó su abogado a los medios, el exministro socialista Antonio Camacho, mantuvo silencio «no porque tenga nada que esconder» sino porque él mismo le recomendó no contestar ninguna de las preguntas de las partes personadas.

«Nuestra posición es que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento», sostuvo. «Entre otros motivos -alegó- porque los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) concluyen que no hay irregularidades». «Un juez no puede investigar cualquier cosa, sino que debe delimitar la causa. Se trata de una investigación expansiva donde las garantías de mi defendida no son las que debe haber en un Estado de derecho», denunció Camacho a las puertas de los juzgados.

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