Los jueces no descartan la huelga antes del 28-M si Llop no les sube el sueldo como a los letrados judiciales
Los funcionarios de Justicia inician sus movilizaciones con un seguimiento de un 85 por ciento, según los sindicatos
Los funcionarios de Justicia siguen los pasos de los letrados judiciales y exigen subidas salariales
Concentración de letrados judiciales a las puertas del Ministerio
En plenas movilizaciones de los funcionarios de Justicia para pedir una subida salarial, y cuando los tribunales empiezan a recuperarse de los estragos que ha causado la huelga de los letrados judiciales, los jueces no descartan sumarse a esas reivindicaciones salariales y paralizar también ... la actividad en los juzgados. El 3 de mayo es la fecha clave que se han dado las asociaciones de jueces para decidir si van o no a la huelga. Ese día es clave porque se reúne la Mesa de Retribuciones del Ministerio de Justicia (prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la propia ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal), y en función de lo que allí suceda los togados decidirán si inician o no las movilizaciones.
El panorama no es muy halagüeño para el devenir de los tribunales, pues las asociaciones judiciales ya han consultado a sus asociados y en términos generales la predisposición a la huelga es mayoritaria. En la consulta que Foro Judicial Independiente realizó los pasados 14 y 15 de abril, un 75 por ciento se mostró a favor de que la Gestora consensúe con el resto de las asociaciones un calendario de huelga. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria también están por la labor, como reveló el resultado del proceso de consulta de la primera a sus bases el pasado 3 de abril o la encomienda que la asamblea de la segunda hizo al Comité Nacional para «explorar vías de reivindicación profesional sin descartar la huelga». De igual forma, Jueces para la Democracia no descarta tampoco medidas de presión si el resultado de la Mesa de Retribuciones no es satisfactorio.
Ya en la reunión de las cuatro asociaciones judiciales en Albacete en febrero de 2022 se alcanzaron una serie de acuerdos sobre aspectos profesionales de la carrera que aludían, junto con la salud o la jubilación, a los sueldos. De ahí que el pasado octubre, tras la presión de jueces y fiscales (que están en una situación similar), Justicia convocara la Mesa de Retribuciones, aunque la desconvocó inmediatamente después al reconocer que Hacienda tenía algo que decir. Sin duda lo ha demostrado la huelga de los letrados judiciales, en la que la intervención del departamento de María José Montero ha resultado fundamental para desencallar la huelga de dos meses con un aumento salarial de entre 430 y 450 euros a todos los trabajadores del cuerpo.
No sería la primera vez que los jueces van a la huelga. Lo han hecho en cuatro ocasiones (con paros muy concretos) desde 2008 a 2018. La diferencia sustancial entre aquellas movilizaciones y las que se avecinan ahora es que entonces los jueces decidieron centrarse en la falta de medios y la necesaria despolitización de la justicia y dejar a un lado las reivindicaciones salariales y ahora es en el dinero donde se pondrá el foco. En foros judiciales se reconoce que «tristemente» la huelga de los LAJ ha demostrado que el órdago del cuerpo centrándose en los sueldos ha funcionado y que el Ejecutivo sólo ha reaccionado cuando el asunto se ha convertido en un «problema político», más a las puertas de unas elecciones. Los jueces han tomado nota y están dispuestos a llegar hasta el final.
«Un éxito rotundo»
Los que ya se han subido al carro de los LAJ son los funcionarios de Justicia, que este lunes han iniciado su calendario de movilizaciones con paros de diez de la mañana a la una de la tarde. Los convocantes, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, creen que esta primera jornada de huelga ha supuesto un «éxito rotundo», con un seguimiento que cifran en el 85 por ciento por parte de los 45.000 funcionarios llamados a la huelga.
Según informaron los sindicatos, se han paralizado en total unas 700.000 actuaciones judiciales, lo que ha afectado a decenas de miles de juicios. «De continuar con esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga» en la que se han visto resentidos juzgados de guardia, juzgados de lo Social, juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, registros civiles, audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia, así como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
«Lamentamos las molestias que estos paros han causado a los ciudadanos en un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero el ministerio que dirige Pilar Llop es el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados«, señalan los convocantes en un comunicado. El próximo miércoles estas movilizaciones continuarán con una jornada de huelga general.