El futuro de Pujol: dilaciones e interés político

Hay otra casuística. La del acusado que, por los retrasos, se ve recompensado. Un ejemplo reciente es la sentencia sobre la facción mallorquina de los Ángeles del Infierno, la banda motera. Llegaron 45 personas al banquillo diez años después de la operación policial. Ya no es que la Sala de lo Penal les haya absuelto a todos, incluido el alemán al que tenían por jefe porque no ve probado que fuesen una organización criminal. La cosa es que a los que ha podido condenar por delitos como la prostitución, la detención ilegal, la tenencia ilícita de armas o el tráfico de drogas, les ha dejado las penas en mínimos, entre otras razones, por las dilaciones en la tramitación de la investigación. Y eso que las ha visto simples, podría haber aplicado las más cualificadas. Aún así, condenados por delitos graves se ahorran tiempo a la sombra. Si además en la puerta del juicio les dio por confesar habiendo estado callados durante una década –lo tardío, si es para reconocer hechos, se premia–, tendrán doble rebaja. Igual ni entran en prisión.

El clan de los Charlines también ha esperado a sentarse en el banquillo por blanqueo de capitales del narcotráfico. Los hechos son de principios de los 2000 y ahora acaban de empezar las sesiones. Entre otros vericuetos de la causa, consta que China tardó cinco años en contestar a una pregunta de la Audiencia Nacional imprescindible para seguir el rastro del dinero. Ya empezando por ahí...

La situación se agrava cuando el descrédito por las dilaciones no se lee en clave de funcionamiento del sistema, sino bajo sospecha de que las disfunciones tienen motivación política. Y en este capítulo el buque insignia es el caso Pujol, del que periódicamente se afirma que la dilación lo es para evitar que quien fue presidente de la Generalitat de Cataluña se siente en el banquillo, por una mera cuestión de esperanza de vida. La lectura se hace en beneficio de unos o de otros, según el momento político y según a quién convenga. En el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción y el elenco de abogados pasa algo similar: se culpan los unos a los otros. De fondo, suena que faltan medios.

Esta causa arrancó en 2012, no fue ayer. Por resumir los hitos que hacen que a día de hoy siga sin fecha de juicio, unas pinceladas: en 2020 el juez José de La Mata acuerda el fin de la instrucción y el procesamiento de la familia, cuyas defensas recurren. En mayo de 2021, esclarecidos de sobra los recursos, la fiscal de Anticorrupción Belén Suárez presenta su escrito de acusación. Piden entonces las defensas que se haga limpieza de los discos duros que les fueron incautando en entradas y registros sucesivos en los años de investigación, un expurgo. Se trata de que a juicio no lleguen las fotos personales o los correos electrónicos que nada tienen que ver con la causa y que estaban en esos dispositivos. Y ahí, de nuevo, todo se atasca. El juzgado, que llega a pedir auxilio tecnológico al Ministerio de Justicia para encontrar la manera de que los Pujol puedan revisar –como es su derecho– hasta 200 gigabites de información, no acaba de resolver el problema.

Y al cierre de esta edición, tres años después de finalizadas las pesquisas, dos años y cuatro meses después de presentadas las acusaciones, la causa sigue en el juzgado que dirige Santiago Pedraz sin viajar a la Sala de lo Penal para que designe tribunal y ponga fecha. Y eso que a principios de mes los Pujol tiraron la toalla con el expurgo y pidieron al juez que eleve el caso igualmente para librar la batalla en el juicio, cuando sea. Prever cita en 2024 es una quimera y 2025, optimismo. Y todavía faltará la sentencia.