La inmigración irregular: una escalada sin freno a la espera de Europa

Sólo en los cuatro primeros meses de este ejercicio, habitualmente menos intensos en el flujo migratorio, los datos del Ministerio del Interior registran un aumento del 190% respecto al mismo periodo de 2023, año en el que el número de llegadas al margen de la ley (64.298 personas) marcó un máximo superado únicamente en 2018. Entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2024, un total de 19.887 persona entraron de forma irregular en España por vía marítima y terrestre, en comparación con las 6.858 de 2023. El foco principal, Canarias, y la vía, el mar, donde los desembarcos han aumentado un 369,9%, pasando de 77 botes recibidos a 242.

Ante estas cifras, y dejando de lado la inmigración irregular por vía aérea desde América Latina, que el propio informe de Seguridad Nacional de 2023 reconoce que no es posible contabilizar, desde Interior afirman que «no existen fórmulas mágicas» y defienden la política seguida hasta el momento para tratar de contener los trayectos desde el Sahel: cooperación bilateral con los países de origen y tránsito. Esto es, sobre todo, Mauritania y Senegal, a donde el ministro Fernando Grande-Marlaska ha viajado en diversas ocasiones en los últimos meses. El último ejemplo de esta línea de acción, la reunión del MED5 –foro de la UE que reúne a los países con frontera mediterránea– en Canarias hace dos semanas, donde hicieron un llamamiento a la Comisión para ampliar la asociación con terceros países.

Un «rompecabezas de acuerdos» con otros países que, curiosamente, es el que trataría de superar el Pacto Migratorio y de Asilo alcanzado por la UE, de acuerdo con López Aguilar. «Viajar y ofrecer dinero a otros países para que frenen el flujo tiene que acabarse. No nos podíamos permitir seguir como hasta ahora. La situación era insostenible«, comenta el eurodiputado, que plantea como alternativa una «diplomacia europea unida» en la cooperación con los paises clave para la inmigración. «Responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria. Eso hemos conseguido», resume en referencia al acuerdo sellado a principios del mes pasado.

El eslógan se concreta dentro del Pacto en una serie de reglamentos, que generan obligaciones y derechos para los Estados miembros y los migrantes, a ser invocados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Estos, a diferencia de las directivas, que obligan a un objetivo concreto y deben trasponerse en la legislación nacional, son de alcance general y de aplicación directa. Sin embargo, las fuentes comunitarias consultadas explican que podrían tardar hasta dos años en ser plenamente operativos. «En la próxima legislatura», que empezará tras las eleccciones del próximo 9 de junio, «se debe exigir el cumplimiento uniforme de los acuerdos». Tras el sí del Parlamento Europeo quedan puntos por definir en el plan de implementación. Es lo que se conoce como «gap analisis» o los ámbitos donde esta modificación de la legislación comunitaria en materia migratoria todavía genera disparidad. En el caso de España, los expertos consultados por este periódico cuestionan cómo se aplicarán los nuevos procedimientos de frontera en zonas como las islas Canarias o cómo se repartirá la construcción de los centros previstos para llevar a cabo estas gestiones (hasta 30.000) entre las distintas regiones de la UE más afectadas por la inmigración.

De hecho, dos de estos reglamentos no están exentos de crítica por parte de las organizaciones humanitarias e incluso de partidos socios del Ejecutivo como Sumar o ERC. El primero es la modificación del Reglamento de Procedimiento de Asilo que ahora añade al paso tradicional que debían seguir los solicitantes, de más larga duración, un procedimiento fronterizo acelerado que durará un máximo de 12 semanas. Esto, según defienden organizaciones humanitarias, podría negar a los solicitantes de asilo una evaluación justa y completa, aumentando las probabilidades de deportación. El segundo hace referencia al Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración que ofrecerá a los Estados miembros tres opciones para gestionar los flujos migratorios: reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo, pagar 20.000 euros por cada demandante que se nieguen a reubicar o financiar el apoyo operativo.

«Estas reformas significarán menos protección y un mayor riesgo de enfrentarse a violaciones de derechos humanos en toda Europa, incluidas las expulsiones ilegales y violentas», denunciaba en un comunicado Amnistía Internacional al conocerse la firma de los acuerdos. Un guante recogido por Aguilar, que defiende que a lo largo de los últimos años, la Comisión que preside ha tenido en cuenta las reclamaciones de las ONG: «Sus exigencias son las mías. Sucede, sin embargo, que en el Parlamento Europeo hay ocho grupos y para conformar mayorías hay que negociar a varias bandas».

Algo similar a lo que le ocurre al actual Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. Allí, a diferencia del consenso en torno a la inmigración que trata de construir Europa, la debilidad de la mayoría construida por Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas e independentistas la ha convertido en una moneda de cambio.

El pasado mes de febrero, como pago al apoyo de Junts per Cataluña a dos de los tres primeros decretos tramitados en la Cámara Baja esta legislatura, el PSOE traspasaba, comunicándolo en un escueto comunicado y sin más detalles, la competencia de inmigración a Cataluña. Nada se ha concretado desde entonces sobre esta cuestión, y nada concretan los socialistas consultados por ABC a este respecto.

«El Estado autonómico se ha escrito así durante años, con decretos de transferencias competenciales. Toda la situación de la que venimos deriva de que no había una arquitectura europea», afirma López Aguilar, separado conceptual y geográficamente de la contienda en la política nacional. Por su parte, desde el Ministerio del Interior se remiten a la postura oficial del Gobierno, emitida entonces por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que hizo referencia a la futura aprobación de una ley orgánica. En su contenido, todavía por determinar y negociar, será donde se aclararía el alcance de la transferencia de competencias.