Las 48 horas decisivas tras la DANA que dividen a las Fuerzas Armadas

La gestión del Gobierno en la crisis provocada por el paso de la DANA por el levante español está envuelta en polémica. Y con ella, las decisiones que han guiado la actuación de las Fuerzas Armadas para auxiliar a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de la riada que acabó con la vida de al menos 222 personas. Las fases en las que se efectuó el despliegue, el número de efectivos o el mando de la misión son algunos de los elementos que siguen puestos en el foco tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas un mes después de la catástrofe.

Especialmente relevantes son las primeras 48 horas, los dos días que siguieron a las inundaciones que asolaron decenas de municipios de la provincia de Valencia y también algunas localidades de Castilla-La Mancha. Se trata de un periodo de tiempo siempre señalado por los expertos como crucial para el rescate de supervivientes y las primeras labores de búsqueda y localización de desaparecidos.

Desde el Gobierno, y también el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el general Javier Marcos, al frente de la operación, se han afanado en detallar las horas concretas a las que se inició la activación de las unidades y también cuándo pudieron empezar a actuar legalmente. Pese a todo, mandos militares cuestionan que los uniformados no desembarcaran en masa en Valencia con mayor rapidez.

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Algunos de los consultados por ABC creen que, ante una emergencia de tal magnitud y una vez puestos en alerta, los mandos militares deben prestar auxilio sin esperar órdenes políticas. Como ejemplo ponen el Regimiento de Caballería Lusitania 8 del Ejército de Tierra, encuadrado en la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas y con base en Valencia. Pese a su proximidad geográfica a la desgracia, sus miembros fueron activados para desplegar en Valencia el viernes 1 de noviembre, tres días después de que se pusiera en marcha el operativo de emergencia.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa, el jefe de la UME ordenó la primera salida de un batallón de reconocimiento a las 15.28 horas del día 29 de octubre, aunque la petición oficial por parte de la Generalitat se efectuó 31 minutos después, a las 15.59 horas, para la zona de Utiel-Requena; y a las 20.36 horas para toda la provincia de Valencia. Esas primeras horas fueron un centenar de efectivos los que lograron acceder a la zona cero de la tragedia y la activación de las unidades fue progresiva hasta la cifra de 8.000 militares que se alcanzó casi una semana después.

Algunos de los mandos consultados hablan incluso de omisión del deber de socorro por parte del general Marcos, aunque otros altos cargos de las Fuerzas Armadas defienden que este término solo podría aplicarse si un militar se niega a acudir a la llamada de una emergencia o no atiende a alguien que esté reclamándole directamente ayuda, supuestos que no se pueden achacar al jefe de la UME. Además, sostienen que la activación de los militares debe ser gradual y apuntan que la responsabilidad debe achacarse al Gobierno y la Generalitat Valenciana, que fueron aumentando paulatinamente las cifras del despliegue.

A ello se suman acusaciones de «maniobras políticas» del jefe de la UME por una actitud que se considera demasiado seguidista del Gobierno y, en concreto, de la ministra de Defensa. El ejemplo más claro que ponen es la rueda de prensa que ofreció el general Marcos en el Palacio de la Moncloa, en la que además reivindicó su respuesta a la catástrofe en lo que se consideró como una confrontación directa con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

«Según el código de actuación militar, un uniformado solo puede hablar en público en zona de acción, es decir, en su cuartel general, en el territorio de actuación (en este caso delante de una zona afectada por la DANA) o en un espacio de representación militar, por ejemplo en un teatro para recibir un premio al Ejército o en unas jornadas universitarias sobre las Fuerzas Armadas», explican algunos de los consultados. «En ningún caso puede hablar un uniformado en un edificio de gobierno salvo declaración del estado de alarma, en cuyo caso sí pueden hacer comunicaciones públicas el Jemad y el DAO de la Policía», añaden.

De esta forma, la notoriedad adquirida por el jefe de la UME en esta catástrofe ha provocado recelos, sobre todo vista la nula implicación del Jemad, jefe de la cúpula militar, que en ningún momento ha tenido responsabilidad alguna en el amplio despliegue de las Fuerzas Armadas sobre el terreno. Esto deriva de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, que en su momento ya generó controversia en el seno de los Ejércitos y la Armada. Esta norma otorga a la UME todas las competencias en caso de catástrofe, incluso en el supuesto de que el Ejecutivo hubiera elevado el nivel de alerta a emergencia de interés nacional, actuando bajo la dirección del Ministerio del Interior.