Fiscales históricos abandonan la asociación progresista por el «nepotismo» con Delgado

Tal es el descontento con la decisión -calificada por fuentes fiscales consultadas por ABC como «atropello» o «nepotismo»- que históricos de la asociación progresista a la que pertenecen tanto Delgado como García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han decidido darse de baja. Entre ellos, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, quien dio el primer paso para la persecución judicial del dictador chileno Augusto Pinochet o el fiscal del procés Javier Zaragoza, también de larga trayectoria y renombre.

Hace casi un año que Delgado renunció a continuar al frente de la Fiscalía General del Estado pero sigue siendo la protagonista de las polémicas de la institución. Este jueves, después de adelantar casi dos semanas el Pleno en el que se asignaría la plaza de la creada Fiscalía de Derechos Humanos, que muchos daban por hecho tenía el nombre de Delgado desde que fue convocada, el fiscal general rechazó permitir que se estudiara la idoneidad de la candidata, según solicitaron la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

La primera presentó un informe en el que destacó que Delgado es la pareja del abogado y exjuez Baltasar Garzón, quien tiene una fundación (FIBGAR) en defensa de los Derechos Humanos, ámbitos en el que está especializado. De ahí que AF vea razones de incompatibilidad para que Delgado pueda ejercer el cargo de fiscal de Derechos Humanos según recoge el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que limita el ámbito de desempeño «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».

Tanto en la asociación conservadora y mayoritaria AF como en la minoritaria e independiente APIF resulta inadmisible que García Ortiz ni siquiera permitiera al Consejo Fiscal abordar las posibles razones de incompatibilidad de la candidata. Un asunto que enerva mucho más que la propuesta de nombramiento con siete de los 12 votos del órgano asesor en contra puesto que, como máximo responsable de la institución jerárquica, el nombramiento está únicamente en su mano y no sujeta a la opinión de la mayoría. La asociación conservadora -cuyos seis miembros en el Consejo Fiscal se negaron a participar en el nombramiento- valora impugnarlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aunque aún no ha tomado una decisión. Por su parte, APIF -con un miembro en el Consejo Fiscal también en contra- anunció este viernes que se dirigirá a la Comisión Europea por el «escándalo sin precedentes» que considera supone la elección. La asociación progresista UPF emitió este viernes un comunicado en el que respaldó la decisión de García Ortiz de no entrar a valorar la posible incompatibilidad de Delgado con una fórmula poco rotunda: «Nos hemos opuesto a la iniciativa en atención a la absoluta ajeneidad de tales circunstancias con la prohibición legal; limitación que no puede interpretarse extensivamente, mediante analogías ‘in malam partem’ y que, en todo caso, recaería en el caso concreto, nunca a modo de prohibición en bloque».

Al cargo que ostentará Delgado optaban otros tres candidatos: el fiscal jefe de Vitoria Juan Calparsoro -por quien votó uno de los dos miembros de UPF en el Consejo Fiscal, Santiago Mena-; el fiscal Antidroga Luis Ibáñez y Carlos Castresana. Este último es uno de los miembros de la UPF que ha abandonado la asociación tras la designación de la exministra, aunque en conversación con este diario prefirió no especificar las razones que le llevaron a tomar la decisión en periodo preelectoral. No descarta hacerlas públicas antes de que se celebre el congreso de la asociación en octubre.

Otros fiscales que salieron de UPF en las últimas horas fueron la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña o la fiscal de protección de personas con discapacidad, Lorena Álvarez Taboada. Se suman a las recientes de Manuel Dolz, que fue secretario de Estado precisamente con Delgado al frente del Ministerio de Justicia o el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, contra el que la Fiscalía General abrió un expediente disciplinario después de que no viera prescrita la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal asesinado por ETA.