Hacienda y Podemos fracasan en su intento de sentar a Junts y PNV a negociar un impuesto energético

Preguntados insistentemente, ninguna de las fuerzas ha querido revelar detalle alguno a los medios de comunicación. Ni siquiera ellos mismos tenían claro si eran varias reuniones bilaterales o una conjunta. Finalmente, la cita ha tenido lugar en la Sala Luis Martínez Noval, situada en las dependencias del Grupo Parlamentario Socialista. Se ha prolongado cerca de una hora y a ella han acudido representantes de PSOE (el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón), Sumar (el diputado Manuel Lago y el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro), Podemos (la diputada Noemía Santana y el secretario de Economía del partido, Tito Morano), ERC (la diputada Pilar Vallugera), Bildu (el diputado Oskar Matute) y BNG (su único diputado, Néstor Rego). Está previsto volver a repetirla justo dentro de una semana, el próximo miércoles 18 de diciembre.

PNV declinó el martes a última hora de la tarde la invitación del departamento que dirige la socialista María Jesús Montero. 'Plantón' que no ha dudado en justificar al día siguiente, este miércoles, el portavoz 'jeltzale' en el Congreso, Aitor Esteban, señalando que ellos no van a ser partícipes de lo que ha calificado como un «paripé» que necesita, sobre todo, Podemos. «Así no se discuten las cosas», ha denunciado Esteban, quien ha dejado claro que el Grupo Vasco no va a poner «nunca» en juego el concierto vasco ni la industria vasca. Los del fugado Carles Puigdemont, por su parte, aseguran que ni siquiera les ha llegado «ninguna convocatoria» por parte de Hacuenda para a acudir a la cita: «Deben tener claro nuestro posicionamiento», trasladan irónicamente fuentes de la formación separatista.

A ambas formaciones las definió Belarra como «los cachorros de Repsol». Con especial inquina habló la secretaria general de Podemos de los peneuvistas, a quienes, ha dicho, el presidente de la compañía energética, Jon Josu Imaz, «no deja asistir a la reunión». Sea como fuere, fuentes cercanas a la cúpula del partido observan «sobreactuación» en la estrategia de los vascos para que, entre otras cosas, «Podemos no se apunte un tanto» con el impuesto

Lejos de acordar una norma para convertir en permanente el tributo, fuentes presentes en la mesa de partidos informan de que el Ministerio de Hacienda ha vuelto a prometer una prórroga de un año del gravamen energético a través de un decreto ley a sus socios de izquierda, la cual sigue, por cierto, sin contar con el aval de los dos actores más incómodos de toda esta negociación: el Grupo Vasco y los neoconvergentes. Estas mismas fuentes consultadas explican que se trata prácticamente del mismo decreto ley que el PSOE ya pactó con BNG, ERC y Bildu el pasado 19 de noviembre en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que se prolongó hasta altas horas de la noche.

Y todo ello, con el objetivo de ganar tiempo. Al menos, un mes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez dispone de 30 días desde su publicación en el BOE hasta que el decreto ley llegue al Congreso para convalidarlo o dejarlo morir. «Suponemos que negociarán con ellos», traslada otro de los asistentes a la reunión de este miércoles, refiriéndose a PNV y Junts. No es, desde luego, sencillo. Desde el Ministerio de Hacienda se muestran realistas y reconocen que, pese a haberse comprometido con Podemos, no pueden hacer «milagros» ni convencer a nadie para sacar adelante el decreto ley que prorroga el tributo ni mucho menos para convertirlo en permanente. «Hay que asumir la realidad. Podemos quería una comisión y ahí esta, pero no podemos comprometer los votos de otros grupos. [Junts y PNV] siempre han dicho que votarían en contra», admiten.

Una vez consensuada la prórroga del gravamen este miércoles, los socialistas piden, eso sí, «discreción» para que el diálogo sea «más fáctible» con todos los grupos parlamentarios y estos renuncien así a «posiciones maximalistas». «Hay que evitar generar mayor crispación», trasladan fuentes de Hacienda.

El enfado es visible entre las filas de Podemos, a los que Montero, pero también el ministro Félix Bolaños, prometieron que habían hablado con PNV y Junts de cara a la reunión: «Sería la primera vez que Bolaños cierra un acuerdo con Podemos y no lo cumple», sostienen. Ya avisaron, además, que, de la negociación del tributo energético, dependería la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ahora, acusan al PSOE de «incumplir» su palabra y advierten: «Por supuesto, es obvio que en este contesto no se dan las condiciones siquiera para comenzar la negociación de los PGE».

Apenas unas horas antes, por la mañana, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dejado caer también, en una entrevista en RNE, que tiene la sensación de que el Gobierno no va a poner «encima de la mesa» las cuentas estatales, ya que su partido no ha recibido noticia alguna al respecto. Aun así, Pedro Sánchez confía en poder hacerlo. En conversaciones informales con los periodistas este miércoles en el Palacio de la Moncloa, el presidente ha insistido en que su Gobierno va a presentar «sí o sí» unos presupuestos para el año 2025. Está por ver.

Empezó mal y puede acabar peor. La negociación se torció antes incluso de su comienzo porque ya, a finales de octubre, el PSOE cerró un acuerdo con Sumar y Junts que dejó fuera de la reforma fiscal el impuesto a las energéticas. Apenas veinte días después, el 19 de noviembre, los socialistas salvaron parte del paquete fiscal pactado con Podemos en la Comisión de Hacienda del Congreso tras horas de negociación y a cambio de pactar con ERC, Bidu y BNG la prrórroga de un año del tributo a las grandes energéticas. Un requisito irrenunciable de estas tres formaciones. También de Podemos, que, sin garantías de que los de Carles Puigdemont en la Cámara Baja también apoyarían esta prórroga, calificó de «poco más que papel mojado» el acuerdo alcanzado.

Podemos, aseguró Ione Belarra entonces, «sólo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene». Fue entonces cuando los socialistas evitaron su enésima derrota parlamentaria a cambio de un pacto 'in extremis' con la formación morada, que aseguró haberle arrancado al Ministerio de Hacienda un compromiso de «impulsar un impuesto permanente» a las energéticas y de que los neoconvergentes se sentarían a negociar. Algo que, aun así, no aseguró desde un principio el 'sí de Junts a la norma.

El pacto —sellado por escrito con el PSOE, según dijo Podemos en un comunicado— garantizaba que, «en los próximos días, se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario con el que aprobar este impuesto». En caso de no conseguirse el consenso antes del 31 de diciembre de este año, acordaron ambos partidos según los de Belarra, «el Gobierno aprobará un Real Decreto-ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025». Será finalmente este último el camino que tome el Ejecutivo de Sánchez. Está por ver si logra convalidarlo en el Congreso.