La Guardia Civil registra el despacho del fiscal general y le incauta el móvil tras su imputación por revelación de secretos

De la trascendencia de esta decisión da fe el hecho de que el juez la haya tomado con anterioridad a llamar a declarar al fiscal general, a quien ya a primera hora de la mañana de este miércoles instó en otra resolución a que designara a un abogado para poder defenderse. Pero también la urgencia y garantías con las que el magistrado ordena el volcado de la información «para evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación». Y es que la parte documental del caso jugará un papel clave en la causa. De momento, las actuaciones han sido declaradas secretas durante un mes, de forma que las partes no tendrán acceso a ellas.

Especialmente complicada en este procedimiento será la posición del representante del Ministerio Fiscal, pues cualquiera que intervenga será siempre subordinado del propio imputado, algo que las asociaciones de la carrera llevan poniendo de manifiesto desde la incoación de diligencias.

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La entrada y registro en dependencias de la Fiscalía General del Estado pilló a García Ortiz a las puertas de un acto en el que se había convocado a los medios para presentarles una revista monográfica sobre «la investigación de las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario». El acto, que iba a ser presidido por García Ortiz y en el que iba a intervenir, entre otros, la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado -para homenajear a las «víctimas del franquismo y de la dictadura»-, fue desconvocado sólo diez minutos antes de su inicio. A esa hora continuaba el registro de la Guardia Civil en presencia del imputado y su ausencia del acto iba a levantar, sin duda, suspicacias. Apenas tres cuartos de hora después, trascendía la noticia del registro.

En las disposiciones dirigidas a la UCO -a las que tuvo acceso ABC y que son idénticas en los casos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez-, el juez autoriza la intervención y/o copia de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático «que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas de los hechos objeto de la investigación». También la incautación del teléfono del propio fiscal general en presencia del letrado de la Administración de Justicia (LAJ), así como de otros dispositivos informáticos y telemáticos que García Ortiz pudiera tener en su poder.

Respecto al material informático o telemático -incluida la telefonía móvil-, el juez ordenaba realizar una copia protegida por huella digital u otro procedimiento que «impida la ulterior modificación del contenido». En caso de que esa copia no pudiera hacerse, Hurtado instaba a los agentes de la UCO a que el dispositivo en cuestión quedara bajo la custodia del LAJ.

Preveía el juez también la posibilidad de que en la entrada y registro la Guardia Civil se encontrara el equipo informático del fiscal general encendido, en cuyo caso, «al objeto de preservar la información volátil que almacena y que puede ser crucial para la posterior elaboración de informes técnico-policiales, se autoriza la realización, si resultara viable técnicamente, del Análisis Técnico Policial del sistema informático localizado durante el registro», que se tendría que practicar también en presencia del LAJ.

En cuanto a los servicios de correo electrónico -en el periodo comprendido desde el pasado 8 de marzo hasta la práctica de esta diligencia, programada para este miércoles a las 10 de la mañana-, el juez autorizaba el volcado de las cuentas, perfiles en redes «u otros repositorios de información en internet administrados por el interesado», así como de la información contenida en servidores, dando incluso luz verde al cambio de contraseñas de acceso a esos servicios para «evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación».

Dado el papel relevante que las conversaciones entre el fiscal general y sus subordinados tuvo en relación con la presunta comisión de la revelación de secretos, el instructor autoriza también el volcado de la información de conversaciones de Whatsapp que se encuentran en los terminales telefónicos investigados. Por último, la resolución recuerda el «deber de colaboración a los prestadores de servicios o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro», así como la obligación de facilitar la asistencia necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser «objeto de examen y visualización». Nueve horas después de arrancar el registro, los agentes seguían en la Fiscalía General clonando datos.

Las diligencias acordadas por el juez parten de la petición de la defensa del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, que quería acceder a los correos electrónicos de los dos investigados, si bien proponía que se hiciese requiriendo los archivos a las entidades proveedoras de las cuentas de email. En concreto, había solicitado que se recabaran los mensajes de la cuenta personal del fiscal general que tuvieran que ver con la filtración de unos correos electrónicos en los que su abogado reconocía dos delitos contra la Hacienda Pública al fiscal que le había denunciado por ello, en busca de un pacto de conformidad. Así, pedía requerir a Google «todos los correos electrónicos recibidos y enviados» que contuvieran mención al empresario tanto en los buzones del fiscal general como en los de Rodríguez, y que el ente público Madrid Digital, que gestiona los dominios «madrid.org», hiciese lo propio con las cuentas asociadas a la Fiscalía Provincial, aportando copia de cuantos mensajes fueran recibidos o enviados a la cuenta personal de García Ortiz desde las direcciones genérica y personal que maneja Pilar Rodríguez en las mismas fechas y con iguales indagaciones sobre posibles borrados.

En esas conversaciones es precisamente donde el Supremo puso el foco al admitir la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado día 9: en concreto a cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos cuando los mismos estaban en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial. El del caso se los había enviado sobre las diez de la noche del 13 de marzo después de la insistencia de García Ortiz en el asunto. La propia coimputada declaró ante el TSJM que esa noche, a las 21.30 horas, recibió llamada de la Fiscalía General pidiéndole los correos y ella se los envió a García Ortiz. Apenas una hora después, estaban en la prensa.