La Guardia Civil reconoce en un informe que usa balizas prohibidas

Se trata del agente que desveló al Juzgado de Instrucción número 8 de la misma ciudad el uso generalizado de balizas ilegales por parte de OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil que luchó contra el narcotráfico en Andalucía desde 2018 y hasta septiembre de 2022, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la desmanteló. Pues bien, ese informe da la razón al agente investigado, ya que en él se recogen los datos de la baliza usada para seguir un vehículo de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y marihuana. Y resulta ser un dispositivo de los prohibidos para estas tareas, ya que carece de homologación y se puede manipular.

El informe concluye «de una manera totalmente objetiva» que el presunto narco que la llevaba en su coche, un Audi RS3, había retirado la baliza al «tener conocimiento» de que la llevaba instalada. La cuestión es que la baliza aparece perfectamente identificada como «dispositivo de geolocalización con ID 9053419437 (TK905B)».

TK905B se refiere a una baliza TKSTAR que, según el testimonio del guardia civil investigado, la unidad antidroga compró por cientos a través de las plataformas Aliexpress y Amazon. Fuentes oficiales de la Guardia Civil dijeron a este periódico no saber nada de estas balizas TKSTAR y aseguraron que todas «las ponemos con orden judicial y no tenemos constancia de que se hayan colocado de forma ilegal». Las mismas fuentes se limitaron a decir que las que usan son las que «llevan certificado de la Fábrica de Moneda y Timbre». Éstas, las TKSTAR, carecen de certificado oficial y cualquiera puede acceder a ellas teniendo el nombre y la clave. Por contra, en las oficiales, que las distribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el agente que la controla tiene que acceder mediante su firma digital.

La Circular 4/2019, de 6 de marzo, de la Fiscalía General del Estado sobre utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización estableció que «en el caso de los dispositivos técnicos de seguimiento y localización se entregarán, generalmente, copias electrónicas de los datos obtenidos (…) la obligación incumbirá a la Policía Judicial, que habrá de entregar los datos recabados directamente del dispositivo que haya utilizado, debiendo aportarse en un formato que garantice su autenticidad, para lo que resultará suficiente cualquier fórmula de sellado homologada que garantice su autenticidad«.

Las balizas chinas compradas en Aliexpress o Amazon por entre 30 y 50 euros, como la que aparece en el informe de la Policía Judicial entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, carecen de esa exigida homologación.

ABC se puso en contacto el lunes con el gabinete del Ministerio del Interior para que confirmaran o desmintieran el uso de estos dispositivos prohibidos por parte de la Guardia Civil, pero las fuentes oficiales se negaron a hacerlo. La respuesta fue ésta: «El ministerio destaca el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, con el que se ha recuperado el principio de autoridad en la zona, se ha retomado la iniciativa frente al narco y que se ha convertido en un referente internacional de lucha contra las organizaciones criminales». Aseveran que la información publicada por ABC «se basa en la declaración de descargo de un miembro de la Guardia Civil imputado por colaborar presuntamente con el narco y revelar informaciones secretas, que no ha producido efecto judicial alguno».

Según las fuentes y documentación consultada por este diario, el Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON) Sur dispuso de 1.600 balizas, asociadas a tarjetas SIM, para seguir mediante geolocalización vehículos sospechosos. Los GPS, a los que denominaban 'balizas B', y las tarjetas telefónicas se compraban mediante tarjetas de crédito personales y después los gastos se liquidaban con cargo a fondos reservados: «Las tarjetas SIM utilizadas en las balizas referidas, según ha tenido conocimiento el señor Espinar, figuran contratadas con la empresa Things Mobile y Olivia Telecom a nombre del comandante jefe de la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de Málaga y jefe OCON-Sur Málaga, siendo abonado su coste presuntamente con cargo a los fondos reservados», sostiene la defensa del cabo Espinar en el escrito entregado a la jueza.

El agente investigado era responsable de Medios Técnicos, es decir, se dedicaba precisamente a instalar las balizas: «Al señor Espinar, cabo de la Guardia Civil, miembro de la Policía Judicial y encargado de Medios Técnicos, le consta que las balizas utilizadas en la operación Torcal Logistique y de la que trae causa estos autos son balizas prohibidas por la Dirección General de la Guardia Civil y no cumplen con los requisitos exigidos por la Circular 4/2019 de 6 de marzo de la Fiscalía General del Estado«, exponía a la instructora de la causa.

Concretaba que «se trata de balizas modelo TKSTAR compradas en Aliexpress con almacenamiento en servidor www.mytkstar.com ubicado en China, el cual permite inyectar recorridos en tiempo real, pero carecen de legalidad al no contar con el correspondiente certificado de la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre, pudiendo por ello falsearse, modificarse y alterarse recorridos«. »En cambio -remataba ese escrito-, las balizas oficiales modelo PR400 entregadas por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) sí tienen el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, por tanto, no pueden emplearse para trampear recorridos«.

La abogada Teresa Marcos Miralles, que representa al cabo Espinar, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga que cite a declarar al brigada jefe del Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil que firma ese informe donde se reconoce abiertamente el uso de balizas TKSTAR y, que lo hace, además, varios meses después de que Marlaska desmantelara OCON-Sur y recolocara a los agentes en los EDOA.

El cabo Espinar fue enviado a prisión preventiva el pasado 21 de abril acusado de revelación secretos, supuestamente por facilitar información a un grupo de narcos dedicados a la marihuana. El guardia lo achaca a un «montaje» en su contra. La defensa entregó en el Juzgado 8 de Málaga -este cabo tiene dos investigaciones similares abiertas- un escrito solicitando su puesta en libertad. La magistrada lo rechazó, pero la letrada recurrió y la Audiencia Provincial de Málaga sí lo admitió y puso a Espinar en libertad el pasado 19 de octubre.