Granados niega ser «el artista principal de la copla» en Púnica y pide al juez que le trate como a Aguirre y González
«Los dos máximos interesados da la casualidad de que son los beneficiados, sobreseídos como personas de rango superior»
El que fue secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le deja a un paso del banquillo por la línea separada de Púnica que analiza una presunta financiación irregular de la formación. Considera que a golpe de informes policiales se le ha querido presentar como «el artista principal de esta copla» y reclama el mismo trato recibido por los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, ambos exonerados.
«Informes de la UCO hay cuarenta mil al respecto que van tocando y bailando la música que estiman oportuna en relación al totum revolutum que han creado (...) con respecto a imputar, en relación al señor Granados, el sin fin de hechos que consideran atribuidos como artista principal de toda esta copla», dice el escrito al que tuvo acceso ABC y que firma el letrado Javier Vasallo.
Conforme argumenta, respecto del delito electoral que se le atribuye por la financiación de la campaña de 2011, debería ser exonerado ya «el auto adolece de un total desconocimiento de las funciones» que podía desarrollar como director electoral: «es el gerente el que efectivamente gestiona todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos y pagos», es decir, Beltrán Gutiérrez, que ha sido ya procesado, y no él.
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El magistrado entiende que no puede considerarse acreditada su participación ni que fuera «conocedora»
Incide en que «en base a unas mismas circunstancias» se ha acordado exonerar de la causa a imputados «inclusive los que por rango en el partido y en las propias elecciones están en un plano muy superior» al de Granados y «son los que realmente y por esas mismas circunstancias, podrían haber gestionado o conocido» que se estaba, como dice el auto, recogiendo dinero de donantes para una supuesta caja B desde la que se financiaron actos de campaña.
«No nos olvidemos que la acusación en este caso lo es por ser director de campaña y no por ser el secretario general del partido. Quien en este caso lo era, en noviembre de 2011, es el sobreseído Ignacio González, que además salió electo como número dos de la lista en esa campaña y presidente, además, del comité electoral, vicepresidente del gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma en unión a la presidenta del partido Esperanza Aguirre«, destaca.
Considera además que «atenta contra la más pura de las lógicas» imputarle rol alguno y menos delictivo en aquella convocatoria porque de facto, Granados estaba en la época «defenestrado» por los mismos Aguirre y González y «la función que como director de campaña que le conservaron lo fue testimonial, decorativa o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas». «Los dos máximos interesados en ganar esos comicios que son presidenta y vicepresidente, da la casualidad de que son los beneficiados sobreseídos como personas de rango superior«, añade.
En todo caso, considera que el delito electoral estaría prescrito para él porque nadie le interrogó en relación al mismo hasta después de que venciera el plazo y porque empresarios supuestos donantes en negro al PP de Madrid como Javier López Madrid han sido exonerados al no constar más prueba que los propios apuntes en la agenda de Granados, los mismos que a él sí le llevan al procesamiento.
El informe de imagen, de las fechas del de Aguirre
«Dado que no se puede acreditar si son entradas de dinero ni quienes son los donantes ni las fechas ni el concepto se sobresee a López Madrid, pero en contra del criterio lógico se sigue afirmando taxativamente que Granados recibió dinero en efectivo para la campaña de 2011. ¿De quién, cuándo?«, plantea el recurso, que no entiende por qué no hay prueba de que se entregase dinero y sí parece claro que él recibió los fondos.
Por otra parte, rebate los delitos de cohecho por los contratos de imagen con las empresas de Alejandro de Pedro de los que también se exoneró a Aguirre, González y otros altos cargos como la exconsejera Lucía Figar, «a los que se hicieron innumerables informes» de ese tipo.
Alega que «el argumento de que aunque es evidente que conocían la existencia de los mismos, no hay indicios de que supieran cómo se contrataron y pagaron dichos trabajos puesto que estas cuestiones eran responsabilidad de los responsables de comunicación«, es aplicable igualmente a Granados porque no hay »absolutamente ningún indicio que lleve a pensar que conocía la existencia del informe, ni cómo se contrató ni si se pagó o no«.
La defensa dice que «por un principio de igualdad» los razonamientos aplicados a ellos deben concurrir también para él. Sobre todo, partiendo de que las fechas de los primeros informes para la expresidenta regional «coinciden con el de Granados, por lo que es lógico pensar que con trabajos contratados a la vez por los responsables de comunicación».
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