Un Gobierno en manos de Junts, más débil y con mayores contrapesos

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Pero más allá de los votos necesarios para que Pedro Sánchez repita como presidente del Ejecutivo, el PP podrá poner de manifiesto, en distintos ámbitos institucionales, la debilidad con la que aquel tendrá que gobernar. Endeblez más acentuada de la que ya viene arrastrando desde 2019. «La Moncloa tiene el BOE», se suele decir para remarcar la, evidente, determinación del presidente y el Consejo de Ministros para llevar a cabo determinadas políticas. Así seguirá siendo, pero la victoria de Alberto Núñez Feijóo el 23J –sin una previsible recompensa ejecutiva–, el empuje azul obtenido el 28M y la mayor dependencia de Sánchez de los partidos independentistas dificultarán la gobernación.

De entrada, las leyes orgánicas en el Congreso. Para su aprobación se necesita, como mínimo, el apoyo de 176 diputados (mayoría absoluta). Para esto, el Gobierno o el PSOE tienen que contar obligatoriamente con el «sí» de –además de Sumar, si la propuesta de modificación legislativa no sale del hipotético gobierno de coalición– ERC, Bildu y PNV (o, en lugar de los de Andoni Ortuzar, el visto bueno de BNG, UPN y CC), y, sobre todo, el «sí» de Junts. Imprescindible. En la legislatura que finalizó el 23J, Sánchez no contó con el apoyo de los de Puigdemont prácticamente para nada, entre otras razones porque Junts y ERC pugnan por la Generalitat y se acusan de 'colaboracionistas' con los que impiden la independencia de Cataluña.

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Las leyes orgánicas son «las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas» (artículo 81 de la Constitución) y, salvo que Sánchez cuente con el visto bueno de PP o Vox, su aprobación en la XV legislatura que arranca el 17 de agosto será más costosa para los socialistas. La Cámara Baja pasa de 19 a 11 grupos políticos. Se reducen las consultas para llevar adelante proyectos legislativos, pero el precio será más caro, pues el PSOE necesita a prácticamente todos (si exceptuamos a PP y Vox). Junts, ERC o Bildu pueden bloquear cualquier ley orgánica. Y, a su vez, los populares pueden hacer valer su sentido de Estado y partido de gobierno prestando apoyo.

Aunque el PP no controle el Congreso sí dominará el Senado con mayoría absoluta. Entre el resultado del 23J y los senadores por designación autonómica, los populares tendrán 144 de 265 escaños. No podrán bloquear ninguna norma, pero sí ralentizar todas (hasta un máximo de dos meses). Algo que ahora no podían hacer. Un ejemplo: los Presupuestos Generales del Estado, a los que el PP presentará enmiendas en el trámite parlamentario.

Un poder que sí podría ostentar el PP es la decisión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Más allá de la inviabilidad política de destinarlo a Cataluña, mientras los partidos que sostengan al Gobierno sean Junts y ERC, queda descartada totalmente también la posibilidad, como se planteó sucintamente a principios de año, de iniciar el trámite para 'corregir' a la Junta de Castilla y León. O a cualquier otra región gobernada por el PP. El 155 se aprueba solo en el Senado, por mayoría absoluta, a petición del Ejecutivo.

El control de la Cámara Alta por parte de los de Núñez Feijóo descarta, igualmente, la aprobación de cualquier nuevo estatuto de autonomía sin el beneplácito de los populares. No hay previsto ninguno a corto plazo, ciertamente, pero cae así la propuesta guadiana de los socialistas –sobre todo del tándem Sánchez-Miquel Iceta– con la que tratan de convencer a los nacionalistas catalanes para celebrar una consulta sobre un nuevo estatuto. Texto que iría en la línea de lo que el Tribunal Constitucional declaró ilegal en 2010 y que, llegados a este punto, no demandan los independentistas.

Una derivada de la mayoría azul del Senado también deja en el horizonte un posible equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional. Ahora, los magistrados calificados como progresistas son siete de los 11 que lo componen. A primeros de 2026 –mitad de legislatura– se renovarán los cuatro magistrados del turno elegidos por la Cámara Alta. Actualmente, son dos progresistas, un conservador y una plaza vacante (desde 2022). De ahí que sean 11 y no 12. La elección es por mayoría de tres quintos, al menos 159 senadores. El PP, solo, no llega. Pero no habrá renovación sin su visto bueno.

Si los populares consiguen situar a tres conservadores (de las cuatro plazas a renovar), el Constitucional quedaría equilibrado seis a seis, con el añadido que habrá que elegir a un nuevo presidente y, en principio, le correspondería a un conservador del turno designado por el Congreso.

No es poco lo que hay en juego, aunque las expectativas del 23J, lógicamente, estaban en llegar a La Moncloa. La nueva situación política, salida de las urnas, seguirá arrastrando la necesidad de acuerdo, más reforzado si cabe de PP y PSOE, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y llevar a cabo cualquier tipo de propuesta de reforma constitucional. El Defensor del Pueblo (tres quintos del Congreso y lo mismo del Senado), a finales de 2026, se renovará solo con el «sí» del PP. Los contrapesos democráticos e institucionales –de confirmarse que Sánchez renueva en el cargo– pondrán de manifiesto que el presidente gobierna políticamente con mayor debilidad que antes del 23J.

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Pendiente, también está la reforma de la financiación autonómica. El mecanismo no se revisa desde 2009 (administración de José Luis Rodríguez Zapatero), a pesar de los vacilantes intentos que se iniciaron durante los años de Mariano Rajoy y las más recientes promesas de Pedro Sánchez.

El sistema de financiación que renueve el actual tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, compuesto por el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo. El PP tiene 11 gobiernos de comunidades regionales, participa en otro más (Canarias) y controla, también, el de las dos ciudades autónomas. De los otros cinco ejecutivos regionales, el PSOE solo tiene tres. PNV y ERC, los otros dos. Llegado el caso, los populares pueden ejercer una oposición crítica a una propuesta del Gobierno –que, eso sí, el Consejo no puede tumbar, ya que el Ministerio tiene la mitad de los votos y solo necesita el apoyo de una autonomía para tirar adelante los acuerdos– que no satisfaga las demandas de los ejecutivos del PP. Y sí, por ejemplo, las de los partidos independentistas.

De la misma manera, otra iniciativa legislativa pendiente es la reforma del sistema de financiación local. Se arrastra desde 2004 (retocado de 2013), a pesar de la petición para adecuarla a la realidad y las necesidades locales de muchos municipios. Los populares tienen las alcaldías de diez de las 15 poblaciones más importantes por habitantes de España. Los socialistas, tres. Y Barcelona, que está en manos del PSC, podría ser moneda de cambio con Junts para que Sánchez mantuviera La Moncloa. Otro precio a pagar. El poder local del PP, y su contrapeso político en la acción de las políticas directas para los ciudadanos, aumentó notablemente el 28M.