El Gobierno rectifica su último intento de legislar al margen de las Cortes

Sin embargo, según ha podido saber ABC en fuentes del Senado, este nuevo real decreto no servirá para impedir que el conflicto de atribuciones siga su curso ya que el Gobierno no ha revocado la publicación de la corrección de errores publicada. «La ley sigue vigente con esa corrección incorporada y es una corrección que el BOE no puede realizar», subrayan fuentes de la Mesa. «Por tanto, tienen que revocar esa publicación y sacar nuevamente una norma con rango de ley para poder corregir el error cometido. Con una norma de rango reglamentario no nos sirve», añaden.

El nuevo real decreto ley se aprobó este martes en el Consejo de Ministros aunque no fue explicado por la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior y ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

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Ana Sánchez

El texto consta de un artículo único para la regularización de los complementos salariales recogidos en la ley retributiva de las carreras judicial y fiscal, que recoge únicamente las tablas correctas. Eso sí, en las disposiciones generales en las que el Gobierno justifica la aprobación del decreto, el Gobierno señala que en la corrección de errores publicada a la ley de eficiencia de la justicia «se ha detectado que las cuantías correspondientes al complemento de destino de magistrados del grupo de población 4 y jueces del grupo 5, no se corresponden con las actualizaciones operadas».

Y admite además que «puede llevar a confusión» el que en esa ley «no se regularizaron» las retribuciones correspondientes a los complementos de destino y específico de la carrera fiscal previstas en dos anexos, por lo que «permanecen con las cuantías» que estableció el Real Decreto de octubre de 2023. «Por ello resulta oportuno regularizar y armonizar ambos anexos a través del presente instrumento», justifica el Gobierno.

En el conflicto de atribuciones planteado, el Senado, a petición del Grupo Popular, solicitaba subsanar el olvido del Gobierno en las alzas salariales mediante otra ley para no dar carta de naturaleza a una práctica, la de modificar leyes en el BOE sin pasar por las Cortes, que podría abrir la puerta a una praxis muy peligrosa. De hecho, letrados de las Cortes consultados por este periódico mostraban su estupefacción por el atrevimiento del Ejecutivo. «Si extiende esta práctica, puede introducir lo que quiera en el BOE», señalaban, haciendo hincapié en que la herramienta de la corrección de errores requiere que «el cambio no produzca alteración fundamental en el sentido» del texto. Algo que sí sucede al incluir un alza salarial.

Y es que el Real Decreto que regula las publicaciones en el BOE recoge específicamente que los fallos «padecidos en el texto recibido» para su publicación pueden recticarse cuando sean «meros errores u omisiones materiales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones o se deduzcan claramente del contexto». Para todos los demás casos, el de las alzas salariales se incluiría en esta categoría, «y siempre que los errores u omisiones puedan suponer una real o aparente modificación del contenido o del sentido de la norma, se salvarán mediante disposición del mismo rango», recoge. Es decir, con esta literalidad, el Gobierno debería haber subsanado su olvido utilizando otro proyecto de ley en lugar de un real decreto como ha finalmente ha hecho.