El Gobierno negocia con Junts la reforma para que el reparto de menores sea automático

Desde el Gobierno no se oculta que, más allá de los criterios pactados el jueves con el Ejecutivo canario para el reparto «puntual» de 4.500 menores migrantes en Canarias y cuatrocientos en Ceuta, el objetivo es articular un mecanismo para que la acogida de los niños y adolescentes extranjeros se asuma entre todas las comunidades autónomas. En público, el PSOE y Sumar llaman al PP a sentarse a negociar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que convertiría en estructural esa distribución, pero en privado, según ha podido saber este periódico en fuentes solventes, ya se negocia con Junts, que no gobierna ninguna autonomía, para intentar atraerlo a esa modificación legal que en verano se le atragantó a Pedro Sánchez en el Congreso y que afectaría a todas las regiones.

Mientras, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, el indultado por el 'procés' Jordi Turull, negocian cómo se concreta el traspaso de la gestión de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Una promesa que le hizo el Gobierno a los separatistas en enero del año pasado a cambio de su abstención en tres reales decretos leyes, pero que no se ha llevado a término. El principal escollo es que los neoconvergentes reclaman que el Ejecutivo catalán tenga el control de las fronteras, pero esto se reserva al Estado en la Constitución.

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Ni desde el Gobierno ni desde el PSOE ni desde Junts aclaran a este diario si la negociación por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería se enmarca en la de las competencias de inmigración o si son conversaciones que discurren por cauces separados. La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, sí separó este viernes ambas cuestiones en Ferraz, pero dijo que no iba a «hablar de las negociaciones» con los separatistas. Ella, igual que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), instó al PP a alcanzar un acuerdo en este ámbito.

Por lo pronto, previamente a esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, clave de bóveda para el Gobierno en su respuesta a la crisis migratoria, el Ejecutivo deberá aterrizar el acuerdo anunciado a bombo y platillo con Canarias, pero sobre el que aún hay más dudas que certezas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente autonómico canario, Fernando Clavijo, fijaron los criterios para el reparto «puntual» de los menores que sobrepasan ahora mismo la capacidad de acogida del archipiélago y, también, de la ciudad autónoma de Ceuta.

Ambas partes destacaron que se recoge el grueso de los contemplados en la conferencia sectorial que los acordó por unanimidad en 2022, con el voto a favor de todas las comunidades autónomas, pero que se introducen retoques para tener en cuenta la situación de partida de cada territorio por su esfuerzo previo de acogida. Básicamente, el Gobierno asume el pacto previamente alcanzado en diciembre por Coalición Canaria y el PNV, que pedía que se tuviese en cuenta la solidaridad que hasta el momento, según este partido, había caracterizado al País Vasco ante la crisis canaria.

Se tendrán en cuenta la renta per cápita y el producto interior bruto de cada comunidad autónoma, los datos de empleo, la dispersión territorial y «el esfuerzo hecho en convocatorias previas en materia de acogida». Es ahí, en esto último, donde Cataluña y el País Vasco pueden resultar beneficiadas. ¿En qué medida? En la que se establezca según la ponderación que se haga de cada criterio, algo que, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, todavía no se ha decidido. Por eso, insisten, aún no se puede hacer una proyección para calcular cuántos menores recibirá cada comunidad autónoma de los 4.900 que esperan soluciones en Canarias y Ceuta.

Por si acaso, este viernes, tanto Rego, en RNE, como Clavijo, en declaraciones a los medios, subrayaron que ni Cataluña ni el País Vasco quedarán excluidas del reparto. «Quiero dejar claro que aquí están incluidas todas las comunidades autónomas. Ninguna queda fuera», zanjó la ministra en su entrevista radiofónica. La reacción del Gobierno vasco, que ve los parámetros establecidos «justos y equitativos» en palabras de la consejera de Bienestar, Salud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, da pistas de cómo puede afectarle el acuerdo. Mientras, la Abogacía del Estado ultima un informe, según fuentes gubernamentales, para determinar si el reparto se puede abordar vía decreto, como urge Canarias, o deberá hacerse con un proyecto de ley.