El Gobierno se enreda en los tiempos para efectuar el reparto de menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que hace las veces de presidente de la comisión interministerial de inmigración, se aventuró a afirmar la semana pasada en el programa 'Las Mañanas' de Televisión Española que el reparto se pondrá en marcha después de convalidar el decreto en el Congreso, –en un plazo máximo de treinta días–. Una afirmación ambigua que afinó desde otro plató de televisión dos días después, el de 'Espejo Público' de Antena 3, donde emplazó el traslado de los menores a la primera quincena de abril, basándose en la recomendación de la Abogacía del Estado, para comenzar el proceso con la mayor celeridad posible, pero consciente de que pueden pasar meses, «dos o tres», hasta que el Gobierno Canario tenga los papeles de los menores en regla y haya determinado cuáles, por edad, arraigo y situación, van a ser trasladados a otros territorios.

Es un arduo y largo proceso que, a pesar de haberse aprobado por una vía de urgencia, requiere de tiempo. Aún así, el presidente canario, Fernando Clavijo, celebra este acuerdo que pone fin a su agonía después de meses liderando una negociación estéril que por fin da sus frutos. Con tono optimista, el presidente insular aseguró esta semana en el encuentro del 'Pacto Canario por la Migración', junto a todos los portavoces de los grupos parlamentarios canarios, excepto Vox, que confía en que «de aquí el verano» la distribución de los menores entre todas las comunidades autónomas pueda estar «a pleno rendimiento». Aunque no quiso aventurarse a dar un plazo, Clavijo estimó que esta parte del proceso, escuchar a los menores y proporcionarles documentación, conllevará «dos o tres meses», informa Laura Bautista.

«Dos o tres meses» parece ser un veredicto para el titular de Política Territorial y el actual presidente de las islas, pero hacer las cosas mal y pronto podría ir en contra del espíritu de este decreto. Lo explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, una de las voces cantantes de la negociación. El fenómeno migratorio en general, y la situación de Canarias en particular, ha evidenciado que el sistema de acogida de infancia inmigrante en España no responde a la demanda actual y este decreto, según Rego, está enfocado en crear un sistema estructural y de calidad para los menores, con unos estándares que se introducirán en la aplicación del decreto para garantizar las condiciones que tienen que tener los centros: las ratios; la formación que tienen que tener los trabajadores; el acompañamiento, además de mecanismos sancionadores que va a tener el Ministerio de Juventud e Infancia, y la estandarización de la forma de las inspecciones.

Una ambición que también requiere de tiempo. «Es un decreto garantista», afirmaba Rego en los pasillos del Congreso de los Diputados el día después del anuncio. «Garantista con los derechos de la infancia, pero por otra parte también con la realidad de los territorios. Tenemos un año, nos hemos dotado de un año para el cumplimiento de los traslados». Por su parte, Torres deslizó esta misma idea, antes de hablar de «dos o tres meses», en una de las múltiples entrevistas que realizó la semana pasada. «Vamos a convalidar el decreto ley y a partir de ahí tenemos doce meses. La idea es hacerlo (el traslado) en el ejercicio de 2025».

Doce meses, que no «dos o tres», porque las comunidades autónomas, concretamente la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, según las proyecciones que adelantaron 'elDiario.es' y 'El Mundo' citando al Ministerio de Rego, a las que el Gobierno no da carta de naturaleza, deberán habilitar más de quinientas plazas respectivamente. En el caso de la capital, ochocientas. El decreto, explicaba la titular de Juventud, dispone de esa ventana de un año para «la adaptación, lógicamente, de los sistemas de acogida y por eso se da este periodo de transición».

Lo que recoge el texto, que se anunció una vez el Ejecutivo tuvo atado el apoyo de Junts para su futura convalidación en el Congreso, en su disposición adicional segunda es que «las reubicaciones de personas menores de edad extranjeras no acompañadas que resulten necesarias como consecuencia de la aplicación de lo previsto en este real decreto-ley a la fecha de su entrada en vigor, deberán llevarse a cabo dentro del plazo máximo de un año a contar desde dicha fecha», el 20 de marzo de 2026. Lógico, pues es incierto que estos territorios puedan prepararse en tiempo récord para la acogida que se proyecta. En el caso de la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, explicó que la única forma de asumir la tutela de ochocientos niños sería ampliando el centro de Fuenlabrada, en referencia al recurso de primera acogida de La Cantueña. A pesar de todas estas declaraciones que los ministros implicados han hecho en público, fuentes de esta consejería denuncian que no tienen ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno y tampoco de las cifras que han «cocinado y pactado» con Junts.

El Ejecutivo parece estar jugando a un equilibrio entre dimensionar considerablemente el sistema de acogida en las comunidades con un margen de un año, pero sin dilatar más de la cuenta la situación límite que vive Canarias. Lo que queda por ver es si ambas variables son compatibles o si la precipitación hará que miles de niños pasen de estar hacinados en unas comunidades a estarlo en otras.