El Gobierno se alinea con el fiscal general para apartar a Macías de los recursos contra la amnistía en el Constitucional

Al igual que Álvaro García Ortiz, la Abogacía del Estado considera que el exvocal del CGPJ no goza de imparcialidad para debatir sobre la cuestionada constitucionalidad de la ley pues en su etapa de vocal del órgano de gobierno de los jueces adelantó su postura contraria al respecto, lo que, en su opinión, le invalida para poder participar en el debate.

Se da la circunstancia de que Macías es precisamente el magistrado en el que ha recaído el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Popular, el denominado recurso de cabecera al que seguirán los promovidos por las comunidades autónomas en el caso de que su legitimación sea aceptada. Es, por lo tanto, el recurso más importante de los que se encuentran sobre la mesa del tribunal y el que toca, según fuentes del TC, todos los aspectos controvertidos de la ley, pues las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se centran en aspectos concretos. La Abogacía del Estado también recusa a Macías en esas cuatro cuestiones de inconstitucionalidad.

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Tanto el movimiento de la Fiscalía, el pasado jueves, como el de los servicios jurídicos del Estado se producen después de que trascendiera, como publicó ABC, que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se había arrogado la ponencia sobre las abstenciones del magistrado y exministro Juan Carlos Campos que se llevará al Pleno de este martes a pesar de estar recusado. En el marco del recurso de inconstitucionalidad, el PP recusó a Conde-Pumpido, a Campo y a la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez para apartarles del conocimiento de la amnistía al considerar que están contaminados. Campo se ha abstenido de forma voluntaria (en el informe de los indultos del 'procés' tildó la amnistía de inconstitucional), pero las otras dos recusaciones aún no se han abordado. Se sumará ahora a ellas de la de Macías.

Aun en el improbable caso de que quedaran los cuatro magistrados fuera de las deliberaciones, el Tribunal podría mantener el quórum necesario para resolver, que se sitúa en ocho magistrados. De ellos, cuatro serían de sensibilidad progresista y cuatro conservadora. De ahí que nadie en el TC confía en que Conde-Pumpido acepte esa situación. Por lo pronto, el PP ya pidió el viernes en el TC que no se permita que el presidente participe en ningún incidente relacionado con los recursos de la amnistía (entre ellos, las abstenciones de Campo de hoy) mientras no se resuelva su propia recusación.

En su escrito, registrado el viernes en el tribunal, el PP aludía a la falta de imparcialidad de los magistrados recusados por el partido y la necesidad de «mantener la necesaria apariencia de total imparcialidad del Alto Tribunal». Recordaban los populares que el auto del tribunal del 27 de abril de 2022 señalaba la regla de que «los magistrados recusados no puedan formar parte del órgano encargado de resolver la recusación» y que la única causa para exceptuar esta regla general sería ante una recusación que no permitiera alcanzar el quórum mínimo imprescindible de ocho miembros para poder actuar en el ejercicio de sus competencias.

A pocas horas de la celebración del Pleno, el partido Iustitia Europa se ha querellado este lunes contra Conde-Pumpido por un delito de prevaricación al entender que, pese a estar recusado, pretende participar en el incidente de abstención de Juan Carlos Campo.

En el escrito presentado ante el Supremo, el partido pide como medida cautelar dejar sin efecto el punto del orden del día en el que mañana martes se van a ver las abstenciones del ex ministro y en el que el presidente del TC figura como ponente. «Quien se encuentra recusado (...) participa en el proceso de abstención del magistrado Juan Carlos Campo Moreno, lo que, a nuestro juicio, son indicios racionales y suficientes de la supuesta comisión del delito de prevaricación, pues tomará parte en un proceso de abstención, estando recusado por el Partido Popular», apunta en la querella, a la que ha tenido acceso ABC.

El partido señala que la única excepción que permitía la participación de Conde-Pumpido sería que sin él, el tribunal no pudiera alcanzar el quórum mínimo imprescindible para que el TC pudiera seguir actuando en el ejercicio de sus funciones. «No hay razón alguna para exceptuar la relevante regla general (...), puesto que no existen recusaciones de todo el Tribunal Constitucional sino de tres magistrados».

Los querellantes también ha pedido la suspensión cautelar del Pleno de este martes en aras de garantizar que no participe Conde-Pumpido hasta que se resuelva sobre esta denuncia. Apenas unas horas después de la presentación de este escrito, la Sala Penal ha rechazado la adopción de esta medida al estimar que «no concurren los presupuestos que legitiman la adopción de una medida cautelar de esta naturaleza«.