El Gobierno admite que una vez renovado el Constitucional ya no «urge» impulsar una reforma exprés de la Justicia
La ministra Alegría asegura no obstante que «continúa el debate» con otros grupos
Apenas un mes después de tratar de aprobar una reforma judicial exprés, modificando los sistemas de nombramiento del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y rebajando las mayorías cualificadas para renovar los mismos, el Gobierno de Pedro Sánchez admite ahora que ya no «urge» tanto. Justo coincidiendo con la toma de posesión, este lunes, de los cuatro nuevos magistrados del TC, entre ellos el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex asesora de Moncloa Laura Díez -nombrados ambos dentro del cupo que corresponde al Ejecutivo- la ministra de Educación, Pilar Alegría, en su condición de portavoz del PSOE, ha asegurado que «es verdad que la urgencia de esta proposición ya no es la misma, porque efectivamente ha podido hacerse efectiva la renovación del TC».
En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios a las puertas de la sede del TC, antes de asistir a la toma de posesión de los nuevos magistrados, ha aseverado que «la fórmula que se establecía para desbloquear el TC es una fórmula antibloqueo, y obviamente se ha producido la renovación finalmente, como se tiene que producir, con un acuerdo. Por tanto esa fórmula que se planteaba en esa proposición de ley es una fórmula que aplicaría dentro de bastantes años, y por tanto no hay urgencia» ha concluido Bolaños, artífice de la estrategia de intentar llevar a cabo el plan judicial con enmiendas al Código Penal.
Sánchez trató de llevar adelante ese plan sobre la Justicia mediante dos enmiendas a la reforma del Código Penal que eliminaba el delito de sedición y rebajaba sustancialmente las penas por el de malversación, atendiendo a las exigencias de ERC. Un procedimiento que tumbó el TC, atendiendo a un recurso del Partido Popular (PP), e impidiendo así que esas enmiendas se ratificasen en el Senado una vez que habían recibido el visto bueno en el Congreso de los Diputados.
A partir de esa decisión del Alto Tribunal, que el PSOE y los grupos a su izquierda no dudaron en tildar de «golpe de Estado» e incluso de compararlo con la asonada del 23-F, como hizo en la Cámara Baja el diputado socialista Felipe Sicilia, esas mismas formaciones abrieron la posibilidad de retomar la reforma por un procedimiento parlamentario más ortodoxo como sería el de la proposición de ley.
La propia Alegría, en una escueta respuesta sobre este asunto en su rueda de prensa habitual de los lunes tras la Ejecutiva Federal socialista, ha asegurado también que esa posibilidad sigue abierta. «El trabajo y el camino que inició el Grupo Socialista en esta dirección continúa, y por lo tanto continúa el debate con otros grupos políticos frente a esta proposición» ha sentenciado la titular de Educación y portavoz orgánica socialista.
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