García Ortiz prevé reunir a la cúpula fiscal el martes tras negarse los fiscales del 'procés' a seguir su criterio con la amnistía

Los fiscales del 'proces' pidieron ayer a García Ortiz que les diera la orden de aplicar la ley «por escrito» para poder activar las previsiones del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la herramienta que tienen los miembros de la carrera para oponerse a la orden de un superior. En su apartado dos este artículo contempla que "si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera". Fuentes fiscales aseguran que García Ortiz todavía no ha dado la orden escrita y razonada que exige el estatuto para poder activar ese precepto y la consiguiente convocatoria de la junta.

El plazo de cinco días (hábiles) que dieron el juez Llarena y la Sala Segunda a las partes ya ha empezado a contar y si no se amplía acaba el miércoles.

La finalidad de esa Junta de Fiscales de Sala es que sean los fiscales de los que se presume mayor cualificación en sus respectivas áreas los que debatan la controversia, aunque su criterio no es vinculante y la última palabra la tiene el fiscal general. Los cuatro fiscales no están dispuestos a suscribir otro informe que no sea el que ya le avanzaron en un borrador del pasado 30 de mayo, lo que implicará que una vez que García Ortiz aporte el preceptivo dictado y razonamiento de su orden, sea otro fiscal o fiscales de igual o mayor rango que estos cuatro el que asuma el nuevo informe.

En el oficio que los fiscales del `procés' remitieron el miércoles a García Ortiz después de que éste les diera veinticuatro horas, los fiscales insistieron en que el delito de malversación queda excluido de la ley cuando ha existido "propósito de enriquecimiento personal o beneficio patrimonial», algo en lo que incurrieron, dicen, los líderes independentistas. «Estimamos que la aplicación de la ley en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal", señalan en su informe.

A su juicio, resulta indudable que los procesados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, por un lado, y los condenados por sentencia firme Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, por otro, »no recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del TC y del TSJ de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos«, apuntan.

En este sentido la malversación de caudales públicos «supuso un beneficio patrimonial para los autores», pues destinaron los mismos a la «elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial, pues decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles».

Hace escasas semanas la controversia con la querella del novio de Ayuso contra la Fiscalía por revelación de secretos acabó también la Junta de Fiscales. María de la O Silva, la fiscal que tenía que informar en el TSJ de Madrid sobre la admisión de la querella, se enfrentó a la número dos de García Ortiz cuando ésta le impuso pedir la inadmisión (ella era partidaria de practicar unas diligencias mínimas antes de dar ese paso). La Junta de Fiscales de Sala se partió en dos imponiéndose al final por la mínima el criterio de la teniente fiscal, que fue rechazado por el juez.

De los 37 miembros de esa junta, 16 son de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la que fue portavoz García Ortiz y en la que también «militó» Dolores Delgado; 9 de la Asociación de Fiscales (AF) -pese a ser la mayoritaria- y 12 no asociados. Es de esperar una nueva fractura de la junta sin que nadie se atreva a aventurar si, pese a estar en mayoría los fiscales de su asociación, García Ortiz ganará esta batalla. Como señalan fuentes fiscales, a diferencia de aquella junta en la que lo que estaba sobre la mesa era la interpretación de unos hechos como posible revelación de secretos, el asunto tiene mayor enjundia ahora al haber doctrina del Supremo, la exclusión que la propia ley de Amnistía señala y el derecho europeo.

De lo que no hay duda es que la mera convocatoria de esta junta supone un problema más de credibilidad para el fiscal general, desacreditado por la Sala Tercera del Supremo y cada vez más cerca de un posible procesamiento por ordenar difundir la nota del caso Ayuso.