García Ortiz desprecia al juez, responde sólo a su defensa y culpa a Lastra

Que el imputado se haya negado a responder a las acusaciones es algo que hasta cierto punto se podía preveer, pero que no lo haya hecho al juez ya es otra cuestión, sobre todo desde su posición de fiscal general, de quien se presume la defensa de la legalidad y el escrupuloso respeto al Poder Judicial, del que la Fiscalía, por cierto, forma parte. Y él no lo ha hecho porque, sin nombrar la palabra persecución, dice sentirse víctima de una cacería, la misma de la hablan miembros del Gobierno en su afán de arropar a «su» fiscal general que, como este miércoles se ha encargado de recordar él mismo, se relaciona con altas instituciones y por eso tiene que borrar mensajes. Esa es la explicación que, según fuentes presentes en su declaración, dio a un oscuro episodio en el que otros ven destrucción de pruebas. Y la misma que dio al cambio de teléfono: dice que ha tenido seis en los últimos cuatro años. 

García Ortiz ha tildado de «invasiva» la entrada y registro en su despacho en la Fiscalía General, ha denunciado la quiebra de derechos fundamentales y justifica su negativa a contestar al magistrado en que Hurtado está predeterminado, que ya tiene todo «absolutamente claro».

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Por eso ha dicho que contestaría sólo a su defensa y a la Fiscalía, cuya teniente fiscal, en una posición más que comprometida por su subordinación al jefe, ha optado por no hacerle preguntas, pues considera que al no estar resuelta la nulidad de la entrada y registro, no puede interrogarle por nada de lo que ahí se deriva, es decir, por lo mollar de la investigación, que son las llamadas y mensajes a personas concretas -ya sea de medios de comunicación o de Presidencia de Gobierno-, comunicaciones que se están tratando de recuperar y que permitirán, en su caso, conectar al imputado de forma directa con el delito. De esta forma, María Ángeles Sánchez Conde se ha limitado a cuestionar la inconstitucionalidad de esta causa en un alegato más propio de un juicio oral que de un interrogatorio en instrucción, según manifiestan las acusaciones. Al terminar la declaración, una hora y media después, Sánchez Conde no ha dudado en acompañar a su jefe a la puerta principal, como si aquello hubiera sido un acto más en la agenda oficial del fiscal general.

Descartadas las preguntas sobre llamadas y mensajes, el interrogatorio de su defensa se ha centrado en los correos del abogado de González Amador y el fiscal, con cuya filtración se cometió el delito. Ha negado haberlos filtrado, ni a medios de comunicación ni a Presidencia de Gobierno -«Rotundamente no», dijo en varias ocasiones-. Ha justificado su interés en recabar esos mails en el marco de la dación de cuentas que el artículo 25 del Estatuto Fiscal, que faculta al fiscal general para impartir órdenes e instrucciones y a los miembros del Ministerio Público a poner en su conocimiento hechos que por su «importancia o trascendencia» deba conocer. Y también en la necesidad de acceder a su contenido para contrastar las informaciones y poder elaborar la nota informativa que se difundiría al día siguiente.

Tras fallarle la estrategia de responsabilizar de la filtración de ese correo al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez -esa vía la cerró Hurtado esta misma semana al decir que el testigo sí contó en esa difusión con la autorización del interesado, González Amador- el fiscal no ha dudado en cargar la responsabilidad de la filtración en la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuyo testimonio, el pasado 16 de enero, fue demoledor para los intereses del fiscal general.

García Ortiz vino a atribuir a la fiscal progresista inquina contra él y en este sentido ha subrayado su desafección con la cúpula fiscal. El fiscal general ha asegurado que la idea de la nota de prensa para desmentir el «bulo» de El Mundo -de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador cuando había sido al revés- fue de los dos y ha negado que Lastra le reprochara la filtración por teléfono con ese: «¿Lo has filtrado tu?» y también la respuesta de «Eso ahora no importa». Dice que un subordinado no se dirige así a un fiscal general.

De forma sibilina ha dejado caer que Lastra pudo ser también la autora de la filtración porque la noche del 13 de marzo Julián Salto envió los correos tanto a la coimputada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, como a la propia Lastra. Ha recordado además que el periodista de El País que recogió la información de esos correos hablaba de «fuentes de la Fiscalía de Madrid». También ha expresado su malestar por que se haya hecho uso de que Pilar Rodríguez -quien declara el jueves 30 como imputada en el Supremo- tuvo un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.