El gancho de Illa para atraer a ERC pasaría por el Estatuto derogado por el Constitucional

Este sería el eje central de la propuesta –en clave nacionalista– que los socialistas de Salvador Illa plantearían a los independentistas de ERC, que a partir del 9 de junio estarán en manos de Marta Rovira tras la dimisión de Oriol Junqueras, para que sus 20 diputados del Parlament voten «sí» a la investidura del candidato del PSC. Estos votos son imprescindibles para que la Generalitat cambie de color político. Su abstención no es suficiente. Todo apunta a que la oferta del PSC, en cuyo cuartel general se guarda una rigurosa discreción sobre la negociación de la investidura, incluirá una batería de iniciativas nacionalistas.

Aunque, paradójicamente, ERC (como el PP) votó «no» al Estatuto en el referéndum de 2006 debido a que el texto en cuestión no era el que había salido del Parlament, pues a su paso por el Congreso el PSOE y CiU acordaron una serie de modificaciones, los socialistas de Illa tratarán de conseguir su apoyo con el anzuelo de un desarrollo estatutario que, ahora mismo, no solo no contempla la ley orgánica del bloque constitucional sino que el Tribunal de Garantías advirtió de su ilicitud en su sentencia de 2010.

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Durante la pasada campaña electoral en Cataluña, el candidato del PSC, que acabó ganado las elecciones el 12 de mayo subiendo en escaños (de 33 a 42 de 135 en total que forman la cámara) y siendo el primer líder socialista en ganar en votos y diputados (antes solo lo habían conseguido los nacionalistas Jordi Pujol y Artur Mas, y la candidata de Ciudadanos en 2017, Inés Arrimadas), reiteró que su apuesta política, para, sin explicitarlo, atraer al votante independentista, era la de mejorar la financiación de la Generalitat con la puesta en marcha de un consorcio tributario que pudiera recaudar todos los impuestos de Cataluña.

Esta propuesta quedó reflejada en el programa electoral del PSC. Los socialistas creen que la comunidad necesita un sistema de financiación «justo», basado «en los principios de suficiencia, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia». Para llevar a cabo esta iniciativa proponen poner en marcha un consorcio tributario «para recaudar todos los impuestos conjuntamente», la aplicación de la ordinalidad fiscal y, básicamente, impedir la «competencia desleal» de otras regiones, que, sin concretarlo, es un mensaje en contra de la política de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso (PP).

El argumento del PSC, en esta materia, se complementa con la referencia al Estatuto de Autonomía (que, por cierto, se refrendó con una participación de solo el 48,8% de los catalanes), recordando la Disposición Adicional Tercera (DA3ª), que se centra en las inversiones en infraestructuras del Gobierno en Cataluña. Pero los socialistas no citan, pero seguro que sí recuerdan, primero, que la DA3ª es aplicable solo a los primeros siete años desde la aprobación del Estatuto y que, en cualquier caso, el Tribunal Constitucional señaló, en su sentencia de 2010, que este precepto no era vinculante para el Ejecutivo a la hora de determinar sus inversiones territorializadas.

Entre otros motivos, esto es así, en opinión del Constitucional, porque los estatutos no pueden limitar la acción del Gobierno en las inversiones en infraestructuras, que se determinan en las cuentas anuales, que es lo que pretende el Estatuto al apuntar que el Ejecutivo tiene que invertir en Cataluña la parte relativa a su peso regional en relación con el PIB nacional.

Algo similar ocurre con la propuesta de crear un consorcio tributario que recaude todos los impuestos de manera conjunta. El Estatuto, en su artículo 204, no permite esta posibilidad pues determina que este nuevo ente se encargaría, en caso de crearse, de gestionar los impuestos autonómicos y los cedidos, pero no los que son de naturaleza nacional, que están regulados por el Gobierno. Así lo apuntó también el Constitucional en su sentencia de junio de 2010, que consideró acorde a la legalidad el artículo 204 porque era una declaración de principios en el que queda claro la superioridad jerárquica del Estado en esta materia tributaria.

Una iniciativa que es la misma que la del sistema del cupo, también defendida por ERC, si bien con otro nombre, que de llevarse a cabo dejaría al Ejecutivo sin recursos suficientes, tal y como señala un informe reciente de la Fundación Civio, y le imposibilitaría al Gobierno aplicar mecanismos de igualdad y solidaridad en toda España a través de las prestaciones públicas. Desde Civio también se indica que de implementarse este modelo en Cataluña no habría motivo para su adecuación a otras comunidades, sobre todo las que «aportan» a la caja común, haciendo inviable la redistribución e inversiones donde se necesitan y no por parámetros políticos.

El otro cebo para que Illa sea presidente de la Generalitat, una vez resuelto que el PSOE reconoció a finales del año pasado el carácter nacional y político de Cataluña (no solo el cultural, que es aceptado por el Constitucional) en sus acuerdos de investidura con ERC y Junts (para el caso de los de Carles Puigdemont remontándose, incluso, al siglo XVIII), es el que hace referencia a la Justicia, al poder judicial y, por ejemplo, al nombramiento de jueces y magistrados.

Los socialistas proponen la «desconcentración del poder judicial». Y concretan su medida en el programa electoral: establecer «órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial», que en Cataluña sería el Consejo de Justicia, «previsto en el Estatuto» y que permitiría la elección de jueces y magistrados.

Sin embargo, esta materia, recogida en el Título II del Estatuto de Autonomía quedó prácticamente anulada al completo por el Constitucional en su sentencia de 2010. Un aspecto que no citan los socialistas en su programa electoral pero que sí parece que conocen pues plantean que esta «desconcentración» del poder judicial debe hacerse «mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial».