La Xunta revisa sus protocolos para «atajar el problema» de las agresiones a sanitarios

Esta reunión de trabajo entre el conselleiro y el fiscal superior se produce el mismo día en que decenas de sanitarios del Hospital Universitario de La Coruña (Chuac) volvieron a manifestarse a las puertas del centro exigiendo poder trabajar «en condiciones de seguridad». Y es que fue, precisamente, en ese centro hospitalario donde el pasado 3 de febrero un paciente que había acudido al servicio de urgencias apuñaló a un enfermero e hirió a un vigilante de seguridad que intentaba contener la agresión. El enfermero fue operado de urgencia y se recupera favorablemente de las heridas.

En este contexto de preocupación entre la comunidad sanitaria gallega, el conselleiro anunció la revisión de los protocolos que están vigentes porque pueden tener algunas «fisuras» y su intención de buscar un plan para mejorar la respuesta y la prevención. «La Consellería de Sanidade está dispuesta a tomar todo tipo de medidas para intentar solucionar este problema lo antes posible», explico Gómez Caamaño a los medios después de reunirse con el fiscal superior.

Estas medidas, según ahondó el conselleiro, tendrían básicamente dos vertientes. Por un lado, «campañas de concienciación orientadas a la población», y, por otro, «agilizar los trámites burocráticos entre diferentes administraciones para que las denuncias de los profesionales sanitarios vayan lo más rápido posible». Todo eso con el fin de que los profesionales puedan trabajar «en un entorno seguro», que es la máxima reivindicación de los sanitarios que ayer volvieron a concentrarse ante el Chuac.

Caamaño anunció la creación de un grupo de trabajo en el que estén presentes todos los agentes implicados, entre otros, representantes de la Administración, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y, por supuesto, los profesionales de la sanidad gallega.

Hacia esa coordinación en la lucha contra las agresiones a los sanitarios apuntó también el fiscal superior en declaraciones a los medios después de la reunión con el conselleiro. Suanzes se comprometió a agilizar lo máximo posible las denuncias presentadas: «Es fundamental que las agresiones sean tratadas con la máxima contundencia dentro del marco legal, aplicando el artículo 550 del Código Penal, que tipifica estos ataques como delitos de atentado cuando se producen contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones».

Suanzes tendió la mano tanto a las administraciones sanitarias como a las policías para mejorar la prevención y respuesta ante estas agresiones. Pero hay algo que es indispensable y en ello insistió el fiscal superior ante la prensa: hizo un llamamiento a los sanitarios para que denuncien, porque muchas agresiones no llegan a ser notificadas, bien sea por miedo, desánimo o desconfianza hacia el resultado: «Denunciar es absolutamente necesario para que la tramitación sea coherente, rápida y razonable». El fiscal superior también quiso dejar claro que las agresiones a sanitarios no sólo afectan a los profesionales de la salud y a su seguridad, sino que también mengua «la calidad de la asistencia» a los ciudadanos«.

Al preguntársele por las críticas de la oposición y sus denuncias sobre los recortes en, por ejemplo, los tiempos de espera, el conselleiro, según recogió Europa Press, reconoció que «la Administración puede tener culpa en algunas cosas, pero nunca se puede justificar un acto violento por un retraso en la atención de una consulta».