Xunta afea la falta de concreción del ministerio para flexibilizar la PAC y le exige que cuente con las autonomías

La Xunta ha lamentado este lunes la ausencia de concreción del Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) para flexibilizar la Política Agraria Común (PAC), y considera que el departamento no está «teniendo en cuenta» a las comunidades autónomas a la hora de introducir esas modificaciones. Señala, en un comunicado, que esto ocurre pese a que son las regiones las que tienen que aplicar, sobre el terreno, esta legislación.

El Gobierno gallego ha participado este lunes en la reunión del Órgano de Coordinación do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PEPAC), que tuvo lugar en Madrid bajo la presidencia del secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria do MAPA, Fernando Miranda; en representación de Galicia, ha asistido el secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural, Joaquín Macho. La Administración autonómica ha afeado al Ministerio que esta reunión se convocase sin documentación previa, «tratando de lanzar el mensaje de una negociación que no es real», y ha recordado que las comunidades ya habían remitido el 15 de febrero un documento de trabajo «que no tuvo respuesta», por lo que continúan a la espera de que se les remita un documento de trabajo con el que arrancar las negociaciones en la semana del 11 de marzo.

Además, remarca la Xunta, Galicia había avisado -como otros territorios- de la problemática del campo español, y gallego en particular, desde las reuniones previas en los meses de septiembre y octubre en todos los foros «en los que tuvo oportunidad», «sin recibir otra contestación que no fuera una rotunda negativa a una posible modificación o flexibilización». Asimismo, la Xunta demanda «rapidez en la toma de decisiones», ya que la campaña de la PAC 2024 empezó ya el pasado 1 de febrero. «Desde entonces ha transcurrido más de un mes y todas las medidas que se puedan adoptar van a producir retrasos en la solicitud de las ayudas y, en consecuencia, en la gestión y realización de los pagos oportunos», insisten.

Por otra parte, el representante gallego ha vuelto a trasladar las principales reclamaciones de la comunidad en relación con la actual situación del agro en Europa y los posibles cambios en la normativa comunitaria reguladora de la PAC, apostando por una aplicación progresiva (en tiempo y forma) de la batería de medidas que resulte de este proceso comunitario, «que será fundamental para el futuro del sector agrario», y que se tengan en cuenta a las comunidades autónomas en su diseño, recoge Ep.

La Administración gallega considera que es necesario trabajar para conseguir una «verdadera adaptación de la PAC a las peculiaridades de cada uno de los territorios que conforman la Unión Europea», y en particular, a las condiciones del agro gallego, «contemplando factores como el minifundio, el tipo de suelos, el relevo del terreno, el clima o el carácter familiar de las explotaciones profesionales». Por eso, reclama una moratoria «urgente y temporal» de la nueva legislación comunitaria que está «imponiendo trabas» a agricultores y ganaderos, con el fin de abrir un periodo de reflexión que desemboque en el rediseño de las políticas cuestionadas «apostando por una reducción de la carga administrativa de agricultores y ganaderos en cuestiones fundamentales como el uso del cuaderno digital o la figura del veterinario de explotación».

Además, la Xunta incide en la necesidad de introducir obligatoriamente cláusulas espejo en los tratados internacionales, «primando la transparencia en el mercado y con precios justos, y garantizando, a nivel estatal, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria».