Incertidumbre entre los propietarios de pisos turísticos de Santiago con la llegada del nuevo gobierno

Los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) de Santiago de Compostela comienzan la temporada alta sumidos en la incertidumbre. La composición del nuevo Consistorio, una coalición formada por el BNG y Compostela Aberta, ha disparado la expectación ante la posibilidad de que puedan reanudar su actividad turística, después de unos años salpicados por el hostigamiento recibido desde el gobierno local del ya ex alcalde socialista Xosé Antonio Sánchez Bugallo. «El BNG mostró su predisposición, concretamente la nueva alcaldesa Goretti Sanmartín, para buscar una solución y dar seguridad a estos propietarios», recuerda para este medio la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín. La representante asegura que solicitarán una reunión con la regidora nacionalista de cara a retomar este acercamiento previo y alcanzar una resolución satisfactoria antes de que finalice el verano.

Actualmente, casi la totalidad de estas viviendas de uso turístico — alrededor del 95%— no reciben turistas ante el temor a la apertura de nuevos expedientes por parte del Concello y a multas de hasta 15.000 euros que ya han recibido algunos de los propietarios. Desde Aviturga han presentado numerosos recursos contra estas suspensiones, ya que se limitan a ejercer una actividad que consideran «legal» y «ya regulada». Para muchos de los dueños supone una vía de ingresos fundamental para su supervivencia, por lo que esperan que el nuevo gobierno dé marcha atrás a las políticas municipales recientes y revierta la situación de las viviendas turísticas a la existente en 2019, cuando se pusieron en marcha cambios normativos.

Aviturga insiste en que los problemas de vivienda en Santiago son estructurales y que limitar el funcionamiento de pisos de uso turístico no solo daña los intereses de sus dueños, sino también la imagen y la economía de la ciudad. Entre otras cosas, reduce la oferta de alojamiento, lo que impulsa a los visitantes y turistas a buscar cobijo en otras ciudades como Vigo y A Coruña. De hecho, la entrada en vigor de las restricciones municipales provocó que cientos de turistas se quedaran sin la reserva que hicieron el pasado verano. Y, con ello, los ingresos a percibir por numerosos comercios y establecimientos hosteleros que también se nutren de estos visitantes.

A las viviendas de uso turístico las culpan de expulsar a los vecinos del centro de las ciudades y generar problemas de convivencia. En el caso concreto de Compostela, vecinos, inmobiliarias, colectivos hosteleros y representantes de la universidad han expuesto la gran dificultad con la que se han topado familias y estudiantes a la hora de encontrar viviendas en alquiler, que, además, han sufrido una importante subida de precio. Estos colectivos, en su mayoría, no rechazan la existencia de las VUT, pero sí que solicitan su regulación y cumplimiento de la normativa vigente. Por su parte, Aviturga defiende que esta variedad de pisos están dirigidos a un nicho de cliente muy concreto, por lo que la coexistencia con otros servicios de alojamiento turístico y con el alquiler de larga duración es perfectamente posible. «La gente opta por este tipo de viviendas por todos los servicios y comodidades, propias de una casa, que ofrece, la independencia a la hora de entrar y salir, la posibilidad de viajar con tus mascotas, alojar bicicletas y tablas de surf,… Una serie de servicios, comodidades y libertades que otro tipo de alojamientos no tiene», remarca Aguín.

La presidenta de la asociación también incide en que en la capital de Galicia hay 9.000 viviendas vacías. «El 16,5% del parque inmobiliario de Santiago está vacío, mientras que las viviendas turísticas solo suponen el 1,2% del total». Y añade que el porcentaje de vivienda social en España es minúsculo en comparación con el resto de Europa. Así lo corroboran datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo, quienes fijan en un 2,5% el parque español de vivienda social, una cifra muy inferior al 9,3% de la media europea o a la de países como Dinamarca (20,9%), Austria (24%) y Países Bajos (30%). Además, la Universidad de Santiago de Compostela oferta cada año alrededor de 1.135 plazas de alojamiento repartidas entre sus tres residencias y tres colegios mayores, cuando la cantidad de alumnos supera por curso las 20.000 matrículas.

Por ello, Aguín denuncia que las viviendas de uso turístico han sido utilizadas como chivo expiatorio. «Lo que no queremos es que pretendan cargarnos un muerto cuando ese muerto viene desde hace muchos años porque no se hicieron las cosas bien. No se habla de lo que genera una vivienda turística en zonas completamente olvidadas o degradadas. No hablan del impacto socio-económico que dejan en un pueblo. No dicen que el 37% de los beneficios se dirigen a Hacienda. No dicen que el 30% se dedica a pagar impuestos locales. Facilita y mejora la economía de familias frágiles. Todo eso no se dice porque no interesa. Somos la excusa más fácil».

Además, descarta que se esté produciendo un retorno de las viviendas de uso turístico hacia pisos de alquiler a largo plazo, que fue una de las razones esgrimidas por el anterior Consistorio a la hora de aplicar las nuevas medidas. «Una vivienda turística supone un esfuerzo y una inversión muy grandes en comparación con los servicios de una vivienda de larga duración. Y lo que pasa con las viviendas de larga duración es que los propietarios prefieren tenerlas cerradas y no alquilarlas por las pocas garantías jurídicas que tienen», sentencia Aguín.

717 viviendas turísticas forman parte del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), mientras que el antiguo gobierno local socialista solo consideró las 36 licencias municipales en vigor cuando se realizó la modificación del plan general urbanístico en 2019. Así, los propietarios defienden que su registro en el REAT es suficiente para ejercer su actividad.

El pleno municipal aprobó el pasado mes de febrero —con el apoyo de PSdeG y CA, abstención de BNG y voto en contra del PPdeG— una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal con el objetivo de poner coto a esta práctica. Se prohibió el funcionamiento de estos pisos en el casco histórico y se limitó a bajos y primeras plantas de edificios de otras zonas de la ciudad. También abrió la posibilidad a que los pisos de uso normal se puedan destinar a práctica turística durante dos meses al año. 

Sin embargo, la ordenanza adelantada por el Concello que determina qué pisos pueden seguir funcionando nunca llegó, y los dueños esperan ahora la respuesta del nuevo gobierno entrante.