Los productores de alimentos recelan del tope de precios de Yolanda Díaz
medidas contra la inflación
Sindicatos del campo y la industria agroalimentaria temen que los grandes supermercados les aprieten para poder realizar los descuentos
Aseguran que los costes que soportan ya son desmedidos y firmas como Coren alertan de que pueden cerrar granjas y peligrar el abastecimiento
Son el eslabón más débil de la cadena alimentaria y les inquieta salir perjudicados. La propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para que grandes superficies como Carrefour, Alcampo, Mercadona o Lidl limiten los precios de la cesta de la compra más básica ha sembrado la preocupación entre los productores de alimentos gallegos. Temen que la distribución acabe repercutiéndoles a ellos la rebaja y se declaran asfixiados por los incrementos de costes que sufren debido a la meteórica subida de la energía y también de muchas materias primas.
La alimentación es uno de los sectores más importantes de la economía gallega. La Comunidad cuenta con la mayor flota pesquera de España, es la mayor productora láctea y la transformación de alimentos es ya su primera industria. Aunque el sector manifiesta que tiene aún muchas dudas sobre la propuesta de la vicepresidenta —que hoy se reúne con las grandes distribuidoras y los consumidores— en general muestra su recelo. Díaz ha manifestado que pretende que las grandes superficies ajusten sus márgenes de beneficios y ayuden a las familias asfixiadas por la inflación. Pero no se fían. El tope a los alimentos, explica Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias (UUAA), «significa que esos productos se van a vender por debajo de lo que cuestan y ese diferencial alguien lo tiene que poner». García teme que «la parte más poderosa estrangule a la más pequeña», como sucede habitualmente.
Los ganaderos gallegos llevan ya mucho tiempo reclamando que se cumpla la ley de cadena alimentaria y que nadie pueda vender sus productos por debajo de coste. Pero pese al alza de los precios en los supermercados, muchos siguen acumulando pérdidas. El secretario xeral de UUAA explica que si la intención de la vicepresidenta es denunciar los «abusivos» márgenes comerciales de la distribución, «que en algunos productos llegan al 500-600 %», entonces comparten la propuesta. Más crítica se muestra la Asociación Agraria de Galicia. A través de un comunicado publicado hace unos días advirtió que a «la solución al aumento de los precios nunca puede pasar por ponerles un tope máximo». A su juicio, «poner un tope a los precios, además de ser a todas luces ilegal en la UE, nos llevaría irremediablemente al cierre de miles de explotaciones, al desabastecimiento, al mercado negro, al racionamiento y, en definitiva, al sálvese quien pueda para no pasar hambre«. »No hay más que ver lo que pasa en los países comunistas tan admirados por estos nefastos gobernantes«, subrayan sobre una propuesta inspirada en la que hace años implantó el presidente conservador francés, Nicolas Sarkozy.
Para Coren, el principal productor avícola de Galicia, el posible tope al precio de los alimentos en una cesta de la compra básica está también «fuera de lugar». «No tiene sentido proponer esta medida en un momento en que los costes de producción se han disparado: el precio de las materias primas de alimentación animal se ha duplicado y el recibo de la luz se ha multiplicado por tres, cuatro e incluso más«, señala la compañía a ABC. Coren recuerda que los productores están vendiendo por debajo del precio de producción y subraya que ya existe «un elevadísimo riesgo de cierre de granjas con la situación actual, que se agravaría de llevarse a cabo medidas como la indicada«. La firma orensana explica que de no mejorar la situación en los próximos meses, España se enfrenta incluso al «riesgo de desabastecimiento».
El aceite es otro de los productos básicos que podrían entrar en la cesta de la compra que promueve la vicepresidenta. En Galicia el principal envasador es Aceites Abril, que de momento se muestra cauto a la hora de valorar la propuesta. «Nos mantenemos a la espera de que exista más información», subraya la compañía. La empresa recuerda también que «la normativa europea prohíbe fijar los precios de los alimentos, aunque sí que es cierto que habla de excepciones, siempre y cuando cuenten con una articulación jurídica suficiente». Sobre la posibilidad de que las grandes superficies aprieten a sus suministradores para poder aplicar las ofertas, Aceites Abril indica que «ha de existir una articulación jurídica suficiente que no deje desasistidos o penalice a ningún eslabón de la cadena de valor».
Además de al campo, la propuesta preocupa también en el sector pesquero. Durante su intervención en comisión en el Congreso de los Diputados el miércoles pasado, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, también se ha opuesto a una medida, que, en su opinión, podría afectar a la «libertad de mercado y de competencia».
Alternativas
Los productores piden otro tipo de medidas que abaraten la cesta de la compra a los consumidores. En el Congreso, Garat volvió a sacar a la luz una vieja demanda del sector pesquero. «El Gobierno, lo que tendría que hacer si quiere ayudar realmente a los ciudadanos y al sector pesquero, es reducir el IVA del pescado y bajarlo al IVA súper reducido, como existe en otros productos básicos«, indicó. Aceites Abril también apoya una hipotética rebaja de la fiscalidad. »Una de las propuestas del sector«, indica, »es aplicar algún tipo de rebaja en el IVA de los alimentos, así como evitar nuevas medidas impositivas que aumenten los costes a las empresas«. Desde Unións Agrarias ven justificada la rebaja para los consumidores y extienden la petición a los alimentos para el ganado. «Si tenemos que pagar menos IVA en la compra de piensos y de forraje y en la energía es una forma de abaratar costes», recalca García. Coren demanda, asimismo, «adoptar medidas reales y eficaces para atajar el precio las materias primas de alimentación animal y frenar las subidas desorbitadas de electricidad y combustible».
Durante los últimos días, Yolanda Díaz ha explicado que su propuesta pasa por un pacto entre consumidores y grandes superficies y que el papel del Gobierno, divido en este asunto, sería el de ejercer de intermediario. La idea es que los supermercados diseñen una cesta de productos básicos con precios limitados y cuya composición (pescado, carne, fruta, huevos y verduras) varíe cada semana, hasta pasadas las Navidades. Los descuentos tendrían que salir de los márgenes de beneficios de las grandes cadenas.
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