Un preso muerde a una funcionaria a la que trataba de besar a la fuerza en la cárcel de A Lama (Pontevedra)

«A pesar de la resistencia de la funcionaria, el agresor logró introducir su lengua en su boca, mientras presionaba su cuerpo contra el de ella, llegando a morderle el labio superior y produciéndole heridas. En medio de este acto violento, la trabajadora logró liberarse, pero fue perseguida por el interno, quien continuó acosándola verbalmente», explica la organización.

Sin embargo, la mujer consiguió llegar a la cabina de seguridad donde se encontraban otros compañeros, siendo avisado el jefe de servicios, que ordenó el traslado provisional a aislamiento del interno. «A pesar de la rápida actuación, las secuelas psicológicas y emocionales del ataque son innegables», han lamentado desde ACAIP-UGT.

Además, el sindicato ha criticado que este hecho no se trata de un caso aislado, sino el «reflejo de una problemática más amplia que afecta a las trabajadoras penitenciarias». «Las agresiones sexuales no solo comprometen la integridad física y emocional de las víctimas, sino que evidencian la falta de mecanismos de protección eficaces en un entorno especialmente peligroso», han añadido.

«A pesar de la gravedad de estos incidentes, la administración penitenciaria carece de registros específicos de denuncias por acoso o agresiones sexuales hacia funcionarias. El protocolo de prevención de agresiones ni siquiera contempla las agresiones sexuales, a menos que impliquen lesiones físicas visibles. Esto deja a las trabajadoras en una situación de desamparo institucional», han subrayado.

Por ello, han reiterado la necesidad de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias implemente medidas urgentes para garantizar un entorno laboral seguro. «La agresión sufrida por esta funcionaria en A Lama subraya la urgencia de actuar. El trabajo penitenciario, ya de por sí complicado y estresante, no puede convertirse en una experiencia marcada por la tensión constante ante posibles agresiones. Es responsabilidad de las instituciones garantizar la protección de quienes, día tras día, desempeñan su labor en condiciones adversas. La sociedad no puede mirar hacia otro lado frente a estos hechos, y la administración penitenciaria debe asumir su obligación de proteger a las trabajadoras, promoviendo un entorno laboral seguro y libre de violencia», han sentenciado.