El PPdeG pide a la oposición que «por favor, vayan al juzgado» con sus acusaciones

Concretamente, el dictamen salió adelante con nueve votos a favor, del grupo popular, y ocho en contra. El documento, entre otras cuestiones, concluye que no se incurrió en ningún sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo Álvaro Cunqueiro, y que la Administración "realizó un control efectivo de la base de ejecución del contrato", destacando, además, que "era la única opción viable" en plena crisis del ladrillo para cumplir con el objetivo de déficit. El modelo escogido, indica, se adoptó "con el aval de la Intervención General del Estado y el Banco Europeo de Inversiones".

En lo que a la contratación autonómica se refiere, concluye que se realiza "cumpliendo todo el procedimiento previsto en la normativa". De la menor, el dictamen señala que en 2022 supuso un 11% del gasto total, un volumen muy similar al del bipartito. En el gobierno de Touriño, esta modalidad suponía un 8,2% del presupuesto, y en los de Feijóo y Rueda, un 8,6%. Y hace referencia a casos concretos, como el de Eulen, reflejando que el gobierno del bipartito adjudicó 4,67 millones de euros al año a esta empresa y los gobiernos posteriores, 4,72. Asimismo, sobre la contratación de emergencia realizada durante la pandemia, expone que fue "marginal" –un 4,43 % del volumen de adjudicación en 2020 y un 1,32% en 2021–; y fue auditada doblemente, por el Consello de Contas y el Gobierno.

Pero la oposición no valida el documento, e insisten en que el PPdeG se dedica a "poner los recursos públicos" a servicio "de su ecosistema" de amigos, conocidos y familiares. El dictamen es, a ojos del BNG, un "panfleto partidista", lleno de "falsedades, opiniones infundadas e interpretaciones interesadas" a las que "ni siquiera se atrevería el NO-DO de Franco", aseveró la diputada Montse Prado en el debate –al que también acudió Ana Pontón, aunque no tomó la palabra–. Se refirió así a un grupo popular "acorralado" que hizo todo lo posible por impedir la investigación, motivo por el cual impulsar este organismo, dijo, "fue un acierto". La comisión, indicó, "puso de manifiesto un modus operandi de un PP al servicio del neoliberalismo" con el claro objetivo de "saquear los presupuestos públicos para engordar la cuenta de resultados" de sus empresas amigas. Por todo ello, el Bloque no realizó enmiendas al documento, y ya avanzó que presentará un voto particular, para el que tiene de plazo hasta fin de año.

Por su parte, los socialistas presentaron una enmienda de supresión –que fue rechazada– al considerar que tras la comisión se evidenciaron "aspectos turbios" que merece la pena investigar. Las conclusiones aprobadas este viernes, dijo la diputada Elena Espinosa, son "un ejemplo de como manipular los hechos para ocultar la verdad", que fue, aseguró, la prioridad del PPdeG durante estos 35 días de comisión. En este contexto, el Grupo Socialista propuso la creación de una nueva comisión "con una mayoría cualificada para garantizar el acceso a la información". "Además, no descartamos explorar vías judiciales si el Parlamento no asume su responsabilidad", aseveró.

Algo a lo que les ha invitado el diputado Roberto Rodríguez, que instó a la oposición a, en vez de pedir que se reabra la comisión, denunciar en ante la justicia sus "gravísimas" acusaciones. "Vayan al juzgado, por favor, se lo ruego", insistió, aunque eso no les garantiza que "les vayan a dar la razón", como, aseguró, pasó en la comisión. Ni nacionalistas ni socialistas, dijo, "van a escribir nunca las conclusiones", porque no les "interesa": "La guerra de la difamación es infinita".

Y como ha sido habitual en las jornadas pasadas, en la de este viernes tampoco faltaron figuras retóricas. Desde la "comisión de la ocultación", de la que los nacionalistas acusan a los populares; a la de la "difamación", que el PP asegura que quería llevar a cabo la oposición. Después, según Rodríguez, pasó a ser la comisión "del esperpento" y, finalmente, la "comisión espejo", asegurando que la "única pregunta" que queda sin respuesta es la que tanto él como otros miembros de su partido, incluido el presidente Alfonso Rueda, hicieron a la portavoz nacional del Bloque y, en general, a toda la formación. "¿Son ustedes capaces de garantizar, de afirmar que en el entorno familiar y personal del BNG no hay adjudicaciones en aquellas administraciones en las que gobiernan o apoyan al gobierno?", cuestionó, nuevamente, el diputado, zanjando la que fue la última intervención de la comisión. Ahora, queda que el dictamen, junto con el voto particular que presentará el Bloque, vaya al pleno, donde será debatido para su aprobación definitiva.